El alcalde de Almacelles (Lleida), un colocador laboral sin freno

El Juzgado Penal 1 de Lleida ha condenado a nueve años de inhabilitación al alcalde de Almacelles (Lleida), Josep Ibarz Gilart (PDECat), por haber contratado a dedo a amigos, parientes, conocidos y vecinos para trabajar en el Ayuntamiento. La sentencia considera probado que el edil colocó a, al menos, una docena de personas sin respetar las formalidades legales de los procesos de contratación en l...

El Juzgado Penal 1 de Lleida ha condenado a nueve años de inhabilitación al alcalde de Almacelles (Lleida), Josep Ibarz Gilart (PDECat), por haber contratado a dedo a amigos, parientes, conocidos y vecinos para trabajar en el Ayuntamiento. La sentencia considera probado que el edil colocó a, al menos, una docena de personas sin respetar las formalidades legales de los procesos de contratación en la Administración pública. El tribunal señala que Ibarz actuaba “de forma totalmente arbitraria”.

Entre otros, el alcalde nombró interventora municipal a la esposa del mecánico que reparaba los vehículos del Ayuntamiento; ofreció trabajo como policía local a un vecino suyo que ni siquiera tenía el graduado escolar; habilitó como conserje a la hija de su primo e hizo funcionaria fija e indefinida a la hermana de un concejal. También puso a trabajar en la guardería a una conocida que no tenía la especialidad de Educación infantil. El Ayuntamiento de Almacelles dobló su plantilla entre los años 2005 y 2015. Pasó de tener 54 trabajadores a 107. Sin embargo, solo publicó una convocatoria pública de empleo, para cubrir siete vacantes.

La sentencia pone de relieve que el alcalde repetía un idéntico proceder para engrosar la plantilla municipal. El punto de partida era un decreto de alcaldía donde argumentaba que era necesario con carácter de “urgencia” la creación de un nuevo puesto de trabajo. Eran plazas que no aparecían publicadas en ningún concurso de oferta pública de empleo y que, sobre el papel, debían solventar una necesidad temporal. Pero, en la práctica, eran empleos que se acaban consolidando y los fichajes del alcalde adquirían la condición de funcionario indefinido.

Bajo esa premisa Ibarz contrató a una técnica de medio ambiente, alegando que había crecido el número de granjas en el pueblo, y, entre otros, a un diseñador gráfico para que se encargara de dar forma a la web municipal y de gestionar las redes sociales del Consistorio.

Toda esa sistemática de contratación derivó en la “vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad establecidos para el acceso a un trabajo en una administración local”, critica la sentencia. Ibarz alegó que el número de habitantes del pueblo había crecido exponencialmente y que era menester actuar con rapidez para dotar de más manos al consistorio y a los equipamientos municipales. Durante el juicio, afirmó que “nunca” intervino personalmente en los procesos de contratación. “No hay ningún familiar mío que trabaje en el Ayuntamiento y yo no intervine en la contratación de nadie”, aseguró desde el banquillo de los acusados. El juez no se ha creído el relato exculpatorio y entiende que las prácticas del alcalde fueron constitutivas de un delito de prevaricación administrativa. Le inhabilita para ocupar la alcaldía, y para ser concejal, durante un periodo de nueve años.

Josep Ibarz ha anunciado que presentará recurso. De momento, podrá conservar la alcaldía que regenta desde hace 18 años. En las últimas elecciones municipales, en 2019, comandó una lista de Junts y los vecinos le ratificaron la confianza dándole una victoria por mayoría absoluta. En la propia web del ayuntamiento se presenta a Ibarz como un hombre preocupado por dinamizar el mercado de trabajo: “Uno de los intereses más importantes del alcalde siempre ha sido la creación de nuevos puestos de trabajo, la implementación de empresas y la motivación para la economía local”.

Una empresaria de Almacelles, que prefiere hablar desde el anonimato (“esto es un pueblo y aquí nos conocemos todos”) opina que la manga ancha del alcalde no puede ser una sorpresa para ningún vecino. “Es muy probable que haya hecho cosas no reglamentarias, pero es que si te pones a seguir al pie de la letra todo lo que está mandado, no se avanza en nada”, opina. “La gente le vota, pero también tiene a gente en contra, muy en contra”, abunda.

Mientras fue concejal en la oposición, Laia Martí mantuvo un agrio enfrentamiento con Ibarz. Ella descubrió los tejemanejes del alcalde y puso a la Fiscalía sobre la pista. Los Mossos d’Esquadra entraron en el Ayuntamiento el 15 de noviembre de 2016. Recabaron documentos y copiaron los discos duros. La investigación echó a rodar. Laia Martí denunció, después, haber sufrido vejaciones e insultos por parte del alcalde y acudió a la policía para reportar que unos desconocidos lanzaron huevos contra su casa.