Absueltos tres miembros del Sindicato de Inquilinos de Barcelona juzgados por una protesta
La Fiscalía pedía para el portavoz y dos activistas afiliados tres años de cárcel por coacciones durante la okupación de un local
La juez ha absuelto a Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, y a dos arrendatarios afiliados, para quienes la Fiscalía pedía tres años de cárcel por coacciones en la okupación de un local, en el marco de una protesta contra un propietario que se negaba a prorrogarles el alquiler. En su sentencia, la titular del...
La juez ha absuelto a Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, y a dos arrendatarios afiliados, para quienes la Fiscalía pedía tres años de cárcel por coacciones en la okupación de un local, en el marco de una protesta contra un propietario que se negaba a prorrogarles el alquiler. En su sentencia, la titular del juzgado de lo penal número 11 de Barcelona concluye que no está acreditado que en la ocupación del local, un centro del Instituto de Belleza Francis que pertenece a la familia propietaria del piso, se empleara violencia e intimidación, por lo que absuelve a los activistas al entender que, ante las dudas, es lo más “lógico, humano y prudente”.
La campaña reivindicativa que llevó a juicio a Palomera y a los dos inquilinos afiliados a su sindicato se centra en la okupación del centro de estética, donde en octubre de 2018 entre 30 y 40 activistas permanecieron durante cuatro horas hasta que arrancaron un compromiso de la propiedad para renegociar el alquiler de la pareja.
La familia propietaria fue la primera sancionada por el Ayuntamiento de Barcelona por acoso inmobiliario (con dos multas que sumaban 180.000 euros) por el estado de abandono de la vivienda donde residían los dos inquilinos encausados, quienes en el juicio describieron que había tuberías que escupían aguas fecales contra las ventanas, una plaga de termitas, ratas en el patio de luces y falta de agua potable.
Además, según la versión de la pareja, la propiedad que gestionaba el inmueble (situado en el barrio de Sant Antoni, donde el precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años) se negaba a renovarles el alquiler alegando que en el piso iban a residir familiares, hasta que con la nueva ley se vieron obligados a ofrecerles un arrendamiento social.
En su sentencia, la juez se remite a la declaración “seria, clara, contundente y sin contradicción” de los testigos, que explicaron que en el centro irrumpió un gran número de personas que no llegaron a impedir la actividad, por lo que, “aparte de las molestias”, no hubo ningún episodio de violencia o intimidación.
Para la magistrada, no se ha acreditado “la comisión de un temor racional y fundado” a la gerente del local Ana Maria Mas-Beya Fradera, miembro de la familia propietaria que estaba en el centro ocupado, ni que esta se viera obligada a “efectuar lo que no quería”.