Barcelona rebaja el importe de las multas a los pequeños propietarios de pisos turísticos sin licencia

Si el infractor ha ofrecido su domicilio habitual y no tiene más inmuebles en la ciudad la sanción será de 6.000 euros en lugar de 60.000

Carteles contra los pisos turísticos en Barcelona.EFE

El Ayuntamiento de Barcelona va a aprobar una instrucción que suavizará las denuncias a los pequeños propietarios que habían alquilado, sin licencia, los pisos donde viven como apartamentos turísticos. El importe se reducirá de 60.000 euros a 6.000 euros, ha anunciado este lunes ...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

El Ayuntamiento de Barcelona va a aprobar una instrucción que suavizará las denuncias a los pequeños propietarios que habían alquilado, sin licencia, los pisos donde viven como apartamentos turísticos. El importe se reducirá de 60.000 euros a 6.000 euros, ha anunciado este lunes la teniente de alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. La concejal ha advertido en rueda de prensa que el objetivo de esta instrucción es tener en cuenta factores como “la reincidencia, el número de alojamientos comercializados o la situación económica del infractor a la vez que aplica criterios comunes en los procedimientos sancionadores”.

Más información

En julio de 2016, un año después de la entrada de Bcomú en la alcaldía de Barcelona, se puso en marcha un plan de choque para poner “freno y orden al descontrol” de los pisos turísticos irregulares. Entonces, las plataformas de alquiler turístico tenían publicados más de 6.000 anuncios de pisos sin licencia. Desde 2016, se han impuesto 9.077 sanciones. El importe de las sanciones se determinó de acuerdo con la ley de Turismo de Cataluña, que tipifica como infracción muy grave el hecho de comercializar o hacer publicidad de actividades o servicios turísticos sin la licencia correspondiente.

Hasta enero de 2017, el Ayuntamiento de Barcelona cada vez que detectaba una publicidad de actividades sin licencia en pisos, castigaba a sus dueños con multas que oscilaban entre los 30.000 y los 300.000 euros. A partir de 2017, después de un cambio normativo, la cifra aumentó de 60.001 a 600.000 euros. Cada expediente se atendía de forma individual y si se justificaba que el alquiler era ocasional o la situación era de vulnerabilidad se atenuaban las sanciones, dependiendo del caso.

Con estas medidas se redujo la oferta ilegal de forma considerable, aunque tal y como advirtió Janet Sanz, puso de manifiesto que hay varios tipos de infractores. Por un lado hay “multiinfractores” que operan con “redes organizadas de profesionales individuales dedicadas a alquilar pisos a través de plataformas” y por otro, personas que alquilaban su piso de forma ocasional y esporádica para complementar sus ingresos y que han afrontado sanciones “desproporcionadas” y que ponen en riesgo la “economía familiar”. Personas que en el mismo momento que han sido sancionadas han dejado de alquilar su piso.

Ante estas situaciones, el Ayuntamiento ha decidido, utilizando la potestad que tiene siguiendo la ley de turismo de Cataluña, actualizar los criterios y ha elaborado una nueva instrucción que permite aplicar nuevas sanciones a partir de ahora y revisar las impuestas en los últimos años.

Las condiciones de la rebaja

De entrada, las infracciones vinculadas a la actividad ilegal de un piso turístico sin licencia se consideraran “muy graves”. El cambio principal de la nueva instrucción es que estas conductas se calificarán de solo “graves”, con una multa de 6.001 euros, y si se paga a los pocos días de recibir la sanción se aplica un descuento del 50%. Aún así, para que se considere solo “grave” el titular del inmueble no puede ser reincidente en el ofrecimiento del piso turístico; debe cesar la actividad de forma voluntaria y desactivar los anuncios que tenga en las plataformas; solo debe haber ofrecido un alojamiento turístico y, además, el piso donde se ha cometido la infracción debe ser su domicilio habitual y no puede disponer – ni de propiedad ni en régimen de alquiler- de ningún otro inmueble en Barcelona. Además, en caso de situación de vulnerabilidad se aplicará una reducción de 3.000 euros a la sanción propuesta siempre que los ingresos de la unidad familiar no supere el salario mínimo interprofesional multiplicado por dos

Archivado En