La soledad del conseller de Interior

Cinco minutos antes del inicio del pleno, en el hemiciclo del Parlament hay una sola persona sentada: el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. La imagen de soledad es tan grande que incluso podría oírse el eco de sus pensamientos en las paredes. Es el único que ha acudido puntual, consciente de que le corresponde devolver los primeros golpes de la mañana, respondiendo sobre el ...

Cinco minutos antes del inicio del pleno, en el hemiciclo del Parlament hay una sola persona sentada: el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. La imagen de soledad es tan grande que incluso podría oírse el eco de sus pensamientos en las paredes. Es el único que ha acudido puntual, consciente de que le corresponde devolver los primeros golpes de la mañana, respondiendo sobre el incendio del Cap de Creus y sobre la personación de la Generalitat en juicios a manifestantes independentistas.

No hay asuntos fáciles en la conselleria marrón. Y el conseller del ramo ya sabe que lo sufrirá en soledad, aunque por breve tiempo: nadie dura más de una legislatura desde hace muchos años. El caso de Elena es especialmente duro en este sentido, porque ni siquiera está afiliado al partido al que representa, ERC. Tiene, eso sí, la confianza de Oriol Junqueras, ergo del president, Pere Aragonès, que le han adjuntado una guardia de corps del núcleo duro del partido para ayudarlo y/o marcarlo. Pero incluso así, está claro que un independiente quemado duele menos que alguien con carnet.

Elena parece tratar de rehuir la batalla en el barro, donde se le ve incómodo (excepto contra Vox, pero eso es P-3 de barro, y uno suele salir limpio y con un aplauso de la claque). Por eso trató de tranquilizar a la CUP anunciando cambios en la estrategia jurídica de la Generalitat y, sobre todo, rebajó la polémica por los hidroaviones del fuego del Cap de Creus. No sé si están al caso: un cargo de la Generalitat se quejó de que el Gobierno español había vetado la presencia de hidroaviones franceses, y la presidenta del Parlament, Laura Borrás, tuiteó con diligencia y aplicación (incendiarias, claro: perdón por el juego de palabras facilón): “Nosaltres ho demanem, l’Estat espanyol ho descarta. (…) Quan parlem de la necessitat de ser un país independent també parlem de qüestions com aquesta. Espanya ens crema”. El conseller, en cambio, sólo habló de un problema burocrático. Tampoco el president quiso darle bola al enfrentamiento nacional, se limitó a asegurar que había que revisar los protocolos. Y así, como sin proponérselo, surgió una nueva discrepancia entre los socios de gobierno.

Y no fue la única escena de matrimonio en crisis del día: el asunto del aval del Institut Català de Finances (ICF) a los dirigentes y funcionarios multados por el Tribunal de Cuentas también ha causado revuelo interno. El martes, el conseller de Economía, Jaume Giró, y Pere Aragonès se contradijeron al opinar sobre la conveniencia o no de que el ICF, el organismo financiero de la Generalitat, avalase a los sancionados. El ICF está en manos de personas próximas a ERC aunque Giró, su teórico superior, es cuota de Junts. Y a ese detalle se atribuye, entre pasillos, la falta de entendimiento en algo tan trascendente como si la Generalitat se moja a favor de sus damnificados económicos del procés, arriesgándose a un nuevo varapalo judicial. Aragonès y Giró mantienen, se dice, buena relación, pero ni uno ha tenido el suficiente poder en su partido ni el otro la capacidad de influencia interna para evitar el embrollo. Y así persiste esa dialéctica hegeliana diabólica de tesis y antítesis que es el motor de la política catalana desde 2012. Al menos.