Una jueza investiga los contratos ‘a dedo’ del Gobierno catalán para internacionalizar el ‘procés’

Un nuevo proceso penal por el procés acaba de comenzar en Barcelona. Una jueza ha abierto diligencias de investigación sobre contrataciones a dedo del Gobierno catalán entre 2011 y 2017 que sirvieron para internacionalizar el conflicto político en Cataluña. La magistrada investiga a una decena de cargos y ex altos cargos del ejecutivo vinculados a la acción exterior; entre ellos, el exconsejero Raül Romeva, condenado por un delito de sedición por el referéndum del 1-O. ...

Un nuevo proceso penal por el procés acaba de comenzar en Barcelona. Una jueza ha abierto diligencias de investigación sobre contrataciones a dedo del Gobierno catalán entre 2011 y 2017 que sirvieron para internacionalizar el conflicto político en Cataluña. La magistrada investiga a una decena de cargos y ex altos cargos del ejecutivo vinculados a la acción exterior; entre ellos, el exconsejero Raül Romeva, condenado por un delito de sedición por el referéndum del 1-O. El Tribunal de Cuentas, que indaga la responsabilidad patrimonial del Govern por destinar fondos públicos a “impulsar el procés”, dio traslado a la Fiscalía, que presentó una denuncia en la vía penal.

La titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, ha descartado algunos de los hechos que la Fiscalía expone en su denuncia, pero investigará 11 actuaciones presuntamente irregulares. El Departamento de Presidencia —con competencias en materia exterior hasta 2016— y más tarde el Departamento de Acción Exterior hicieron contrataciones y otorgaron subvenciones “al margen de las competencias” de la Generalitat y “eludiendo la concurrencia pública”. Las ayudas y encargos se otorgaron “arbitrariamente”. El Govern pagó facturas sin que el servicio quedara justificado; en ocasiones, incluso, “certificó mendazmente una prestación de servicios no realizada”. El importe total suma 927.138 euros.

Cinco de las actuaciones bajo sospecha tienen que ver con subvenciones directas a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR). El Govern estableció “criterios absolutamente excluyentes” respecto a otras organizaciones. Las finalidades de esas ayudas, además, “no resultan claras” y, según asume la magistrada, parecen más pensadas en “internacionalizar el derecho a decidir”. Los pagos de mayor cuantía proceden de un convenio entre la Generalitat y FOCIR por el cual esta última entidad actuaba como “colaboradora” para distribuir subvenciones. La decisión fue “arbitraria” y al margen de la normativa, y contravino además la Ley de Finanzas de la Generalitat.

Trabajos académicos

El segundo gran bloque que está bajo la lupa de la juez (cuatro actuaciones) es la contratación de “trabajos académicos sobre materias en principio ajenas al ámbito competencial” del Govern. Todos ellos fueron contratados a dedo. En algún caso, incluso, los pagos se “fragmentaron” para “evitar la pública concurrencia”, según la denuncia de la Fiscalía. Fue el caso de un estudio sobre “los procedimientos que debe seguir un nuevo Estado para entrar en organizaciones internacionales”, que estudiaba los casos de Estonia, Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Kosovo y Montenegro.

Un contrato encargado a Salvador Cardús sobre “instrumentos de cooperación” entre España y Cataluña en el caso de independencia estaba encaminado a crear las llamadas “estructuras de Estado”, según el auto de la magistrada, al que ha accedido EL PAÍS. En otro de los casos, el estudio fue encargado a una empresa belga “de la que se ignoran los datos”; no existe, de hecho, documentación que acredite que se hicieron los trabajos.

Como los gastos analizados se remontan a 2011, la investigación alcanza también a gastos vinculados a la consulta independentista no vinculante organizada por Artur Mas el 9 de noviembre de 2014. La juez indaga los pagos “fraccionados” a una empresa que elaboró una veintena de vídeos para promocionar el derecho a decidir; o el viaje a Cataluña de ocho parlamentarios europeos que costó 10.000 euros al erario público de la Generalitat. El último de los actos analizados tiene que ver con la contratación, durante varios meses de 2017, de un “espacio de coworking [cotrabajo]” en Bruselas; para la juez, esa contratación carece de justificación alguna.

El procés ha dado lugar a numerosos procedimientos penales. El más importante, el que afecta a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1-O, ya fue juzgado por el Tribunal Supremo. Existe otro procedimiento contra altos cargos del Govern por malversación, también estrechamente vinculado a los gastos de la consulta de 2017 declarada nula por el Tribunal Constitucional. El lapso temporal de la investigación sobre la llamada “acción exterior” del Govern es más amplio (se remonta a 2011). La juez es consciente de que algunos hechos pueden haber sido ya abordados en algunas de las causas citadas, por lo que ha acordado dirigir exhortos a diversos juzgados “por si algunos de estos hechos ya están siendo investigados o han sido archivados por alguna razón.

Además del exconsejero Romeva, la causa de instrucción 18 se dirige contra otros nueve altos cargos: Roger Albinyana, responsable de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea (SAEUE); Teresa Prohias, directora de servicios de Presidència; Víctor Cullell, director de análisis y prospectiva de Presidència; Aleix Villatoro, secretario general del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; Roser Clavell, secretaria general de Diplocat; Albert Royo, también secretario general del Diplocat; Manuel José Vila, director general de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; Gerard Figueres, presidente del Consejo Catalán de Deportes; y Antoni Reig, director del Consejo Catalán de Deportes.