Las eléctricas y la aporofobia

Cuando en 1962 Juan Goytisolo escribió La Chanca, la prensa franquista atacó el descarnado testimonio del autor barcelonés sobre las condiciones de vida en este barrio almeriense. El libro estaba prohibido. Sin embargo, corría bajo mano al haber sido publicado por la Librairie Espagnole de París. Pasaron los años y en 2007 Goytisolo volvió al barrio. Escribió en este diario que las fronteras invisibles con el resto de la ciudad de Almería no habían desaparecido. Los vecinos no disponían de contenedores de basura, además de que en determinadas zonas del barrio las ratas campaban a sus an...

Cuando en 1962 Juan Goytisolo escribió La Chanca, la prensa franquista atacó el descarnado testimonio del autor barcelonés sobre las condiciones de vida en este barrio almeriense. El libro estaba prohibido. Sin embargo, corría bajo mano al haber sido publicado por la Librairie Espagnole de París. Pasaron los años y en 2007 Goytisolo volvió al barrio. Escribió en este diario que las fronteras invisibles con el resto de la ciudad de Almería no habían desaparecido. Los vecinos no disponían de contenedores de basura, además de que en determinadas zonas del barrio las ratas campaban a sus anchas. Los muros levantados por la precariedad y la pobreza habían sido blanqueados pero ahí seguían erguidos. Ahora La Chanca aparece junto a una docena de zonas de toda España a las que las grandes compañías eléctricas dejan sin suministro de manera permanente o repetitiva. El mapa es una auténtica geografía de la pobreza. La Cañada Real (Madrid); Distrito Norte (Granada); Font de la Pólvora (Girona); El Puche, La Chanca o El Quemadero (Almería); Sant Roc (Badalona); Polígono Sur o Torreblanca (Sevilla) o El Culubret (Figueres) son algunas de las zonas afectadas.

El rancio desprecio al pobre se transforma pero no desaparece. Contaba Goytisolo que cuando en 2007 volvió al barrio almeriense y denunció la falta de servicios una ciudadana le increpó: “Si no les ponen contenedores es porque se los llevan, los venden o los destruyen”. Doce años después, los mantenedores del ideario biempensante alimentan el mantra de que estos barrios se quedan sin luz porque los vecinos pinchan directamente la electricidad para sus plantaciones de marihuana. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, aseguró a principios de diciembre que en La Cañada (1.800 menores sin luz) no pagaban la factura eléctrica pero tenían “los porsches ahí aparcados”. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, llamó la atención a las autoridades madrileñas por utilizar “argumentos falaces, peligrosos que victimizan a la mayoría de personas afectadas e incurren en aporofobia”, un término acuñado hace unos años por Adela Cortina para poner nombre al odio y rechazo al pobre. Todos tenemos tendencias aporófobas. Hay que estar atentos para que no afloren y se pongan en práctica, sostiene la catedrática de la Universidad de Valencia. Y un buen remedio, apunta la propia Cortina en Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia es estar abiertos al espíritu y a la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez los gobernantes democráticos deberían tomar nota y evitar los exabruptos populistas.

En los barrios citados puede haber y hay plantaciones de marihuana. Hace unos días el alcalde de Badalona daba cuenta de que cuatro policías locales habían sido “brutalmente agredidos con palos y navajas” al descubrir uno de esos cultivos debido a un incendio por sobrecarga de la red. La “brutal agresión” —que afortunadamente no pasó de contusiones y heridas leves— ha servido para alimentar el mantra. García Albiol escribió hace unos días en las redes sociales: “Podemos afirmar que los cortes diarios de electricidad que se producen en una calle de Sant Roc desde hace años están provocados al 100% por pisos ocupados que se utilizan para plantaciones de marihuana. Que los traficantes lo tengan claro: vamos a por ellos”.

Lo cierto es que ninguno de los incendios con víctimas sucedidos en los últimos años en el barrio de Sant Roc tiene que ver con la droga ni su cultivo extensivo o intensivo. Es mucho más sencillo: marginación y precariedad van de la mano y muchos vecinos que no pueden pagar un alquiler a precio de mercado ocupan viviendas. Al carecer de contrato se ven obligados a pinchar directamente la luz. Sin negar el problema, no hay pues que elevar la anécdota a categoría. Las administraciones deberían pactar con las eléctricas la instalación de contadores sociales para evitar incendios en las viviendas por sobrecargas en la red y garantizar así el acceso en condiciones a un derecho básico. Ya sucede en algunas zonas de Cataluña con el agua. Pero la denominada y publicitada responsabilidad social corporativa no es el fuerte de las eléctricas, más preocupadas por repartir bonos y dividendos que por el mantenimiento de la red en condiciones.

Un total de 390.000 vecinos de 29 municipios catalanes están afectados desde hace semanas por cortes de luz por parte de Endesa. Los datos recopilados por el PSC ponen de relieve que el suministro falla incluso entre quienes pagan religiosamente sus recibos al oligopolio eléctrico español, sin entrar en el debate sobre el aumento de tarifas. Con estos precedentes y el invierno encima, no es difícil imaginar cuál es el panorama para quienes no pueden acceder legalmente al servicio.