El Gobierno catalán y los partidos acuerdan aplazar al 30 de mayo las elecciones
El PSC se opone al cambio, pero asegura que “la victoria” de Salvador Illa se producirá igualmente
El Govern y gran parte de los partidos políticos catalanes, a excepción del PSC, han acordado este viernes mover la fecha de las elecciones autonómicas del 14 de febrero al 30 mayo, para así intentar esquivar el pico de la tercera ola de la covid-19. Esta última fecha ha sido propuesta por el Ejecutivo en una reunión celebrada este viernes en el Parlament y se espera que sea corroborada en un nuevo decreto de convocatoria electoral que se ha de aprobar e...
El Govern y gran parte de los partidos políticos catalanes, a excepción del PSC, han acordado este viernes mover la fecha de las elecciones autonómicas del 14 de febrero al 30 mayo, para así intentar esquivar el pico de la tercera ola de la covid-19. Esta última fecha ha sido propuesta por el Ejecutivo en una reunión celebrada este viernes en el Parlament y se espera que sea corroborada en un nuevo decreto de convocatoria electoral que se ha de aprobar en una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán. Los socialistas, pese a oponerse al cambio y asegurar que el nuevo calendario no tiene garantías sanitarias, creen que “la victoria” de su candidato y actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, se producirá igualmente.
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado en una rueda de prensa que esperarán a que se publique el decreto de la convocatoria para decidir si presenta algún recurso ante la justicia. Vox tampoco descarta esa posibilidad y defiende que se mantenga la fecha del 14-F. Iceta cree que hay un “cambio de reglas de juego” en los comicios, pues no solo se cambia la fecha, sino que se comienza todo el proceso electoral desde cero. Es decir, se tiene que volver a revisar el censo para asegurar los derechos de las personas que hayan cumplido 18 años entre las convocatorias y las candidaturas también se tendrán que volver a presentar.
“La victoria de Salvador Illa se producirá el 30 de mayo como se habría producido el 14 de febrero”, ha asegurado el primer secretario de los socialistas catalanes. En Galicia y el País Vasco, donde ya se tuvo que fijar un aplazamiento electoral por la pandemia, también se comenzó de cero el proceso para así asegurar todas las garantías democráticas.
El Departamento de Salud ha justificado que con el nuevo calendario se garantizará una horquilla de entre el 9% y 30% de catalanes vacunados y unas condiciones climáticas que dificultan la propagación del virus. ERC, Junts per Catalunya, Ciudadanos, PP y los comunes han mostrado su acuerdo con la nueva fecha elegida. Iceta ha dicho que se trata de un panorama muy optimista pues “ningún científico serio puede hacer una previsión certera” con tanta antelación, y ha insistido que tras el cambio hay un motivo electoralista. El PSC defendía que el cambio fuera a marzo, antes de Semana Santa, que consideran que es un momento más oportuno desde un punto de vista epidemiológico.
Los comunes, por ejemplo, querían que las elecciones se celebraran el día 16 de mayo, pero su líder, Jéssica Albiach, ha asegurado que comparte el nuevo calendario. El PP, por su parte, no ha objetado la fecha, pero ha pedido que se tomen las medidas necesarias para que se pueda votar ese día. “Era una aberración celebrar las elecciones y la campaña con las UCI abarrotadas”, ha insistido por su parte el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa. “Hay que buscar maneras de asegurar que el 30-M sea una fecha en firme”, ha dicho la diputada de Junts, Elsa Artadi.
El nuevo decreto de convocatoria se firma este viernes por la tarde tras una reunión extraordinaria del Gobierno catalán. El texto, han explicado fuentes de la vicepresidencia, justificará extensamente la decisión del aplazamiento por razones sanitarias y para garantizar la calidad democrática de las elecciones. De esta manera, el Ejecutivo catalán, siguiendo el precedente de lo que sucedió en Galicia y el País Vasco, busca blindar la convocatoria de algún tipo de impugnación ante un tribunal o la Junta Electoral Central.
El aplazamiento de las elecciones catalanas por la pandemia desató el jueves una tormenta política que descansa sobre un embrollo jurídico. La ley no prevé la suspensión de unos comicios. El Gobierno y la Generalitat chocaron el jueves por el cambio de fecha. El Gobierno central se ha posicionado y no es partidario del aplazamiento, que está complicando los planes del PSC para intentar disputar el podio al independentismo.
Todos los partidos sí han coincidido en la necesidad de mejorar los mecanismos de control político sobre el Govern en funciones, ya que la legislatura se alargará. También continuará la mesa de partidos, de cara a intentar perfeccionar el dispositivo electoral y asegurar la celebración de los comicios.
Cataluña está bajo un cierre perimetral municipal diario y el comercio no esencial solo puede abrir de lunes a viernes. Las previsiones oficiales señalan que el 14-F — en el escenario más benigno— habrá 3.000 casos nuevos de covid-19 diarios y 620 pacientes en las UCI, superando la línea del colapso.