ERC y Junts chocan por el expediente a Bosch por los casos de acoso en Acción Exterior
Aragonès retira el punto del orden del día del Govern por un informe contrario al de Función Pública
Enésimo choque entre los socios del Govern. Esta vez por el expediente al exconsejero de Acció Exterior, Alfred Bosch, que no activó el protocolo de acoso de la Generalitat tras conocer quejas contra su exjefe de Gabinete, Carles Garcías. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, explicó ayer que el president en funciones, Pere Aragonès , usó su prerrogativa para retirar “unilateralmente” el pun...
Enésimo choque entre los socios del Govern. Esta vez por el expediente al exconsejero de Acció Exterior, Alfred Bosch, que no activó el protocolo de acoso de la Generalitat tras conocer quejas contra su exjefe de Gabinete, Carles Garcías. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, explicó ayer que el president en funciones, Pere Aragonès , usó su prerrogativa para retirar “unilateralmente” el punto del día del Consell Executiu. Desde ERC explican que la decisión radica en la existencia de un nuevo informe que no ve necesidad de sancionar.
Bosch dejó el cargo el pasado marzo, después de que trascendiera el cese de Garcías y sus maniobras para recolocarle. ERC, al conocer el caso, tampoco activó los protocolos de la Generalitat para estos casos —algo que le correspondía a quien ocupa la secretaría general del departamento— sino que hizo su investigación propia. Expulsó a Garcías y exoneró a Bosch.
El departamento de Políticas Digitales, en manos de Junts, comenzó su propia investigación, al tener las competecias en función pública. Ese informe certificó que Bosch y la exsecretaria general, Mercè Salvat, tenían “conocimiento de los hechos”. El texto se elevó, en agosto pasado, al Govern para que decidiera si abría un expediente. En octubre, cuando Aragonès ya era president en funciones, Budó anunció que además se pediría a la Comisión de Ética (compuesto mayoritariamente por trabajadores de departamentos en manos de ERC) otro informe pública antes de tomar la decisión.
El dictamen va en una línea completamente opuesta al de Políticas Digitales y asegura que ni Bosch ni Salvat tenían motivos para activar el protocolo. El texto contó con un voto particular, de la representante de Función Pública que sí pedía incoarlo. ”Aragonès ha pedido tiempo”, aclaró Budó.