Promesas, hechos y desobediencias
El ‘procés’ ha lanzado al independentismo a apoyar en Cataluña una legislación social progresista, que utiliza como reclamo político pero no desarrolla
En los últimos años, la deriva del procés ha llevado a los sucesivos gobiernos independentistas a aceptar propuestas de movimientos sociales. Ante la crisis generalizada y sus manifestaciones más lacerantes —pobreza energética, precariedad laboral, paro y desahucios—, las formaciones soberanistas de derecha e izquierda han situado la independencia como el estadio definitivo de resolución de contradicciones, pues con ella la ciudadanía catalana se desprendía de la mala administración española y de la losa del déficit fiscal.
El proyecto era tentador, ya que las inclemencias de la ...
En los últimos años, la deriva del procés ha llevado a los sucesivos gobiernos independentistas a aceptar propuestas de movimientos sociales. Ante la crisis generalizada y sus manifestaciones más lacerantes —pobreza energética, precariedad laboral, paro y desahucios—, las formaciones soberanistas de derecha e izquierda han situado la independencia como el estadio definitivo de resolución de contradicciones, pues con ella la ciudadanía catalana se desprendía de la mala administración española y de la losa del déficit fiscal.
El proyecto era tentador, ya que las inclemencias de la crisis calaban hondo en una sociedad muy castigada. A los recortes austericidas de los gobiernos de Artur Mas —que hacía con desafiante entusiasmo, aunque ahora diga lo contrario— le siguió por parte del independentismo hegemónico una gran preocupación por la situación social. El procés ha sido para la derecha independentista lo que la Rerum Novarum para la Iglesia. La digestión está resultando demasiado lenta y los resultados, decepcionantes.
La aplicación de la ley de pobreza energética y de la renta mínima garantizada ha sido cicatera
En 2015 se aprobó la ley procedente de una iniciativa legislativa popular para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la célebre ley 24/2015. El Gobierno de Rajoy la recurrió al Constitucional, pero los preceptos relativos a la pobreza energética no fueron impugnados. Un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales ha bastado siempre para evitar el corte de los suministros básicos. Otra cosa es quién paga la deuda acumulada.
El espíritu de la ley ha chocado recientemente con la sentencia de Dolors, de Lleida, quien a pesar de contar con el preceptivo informe de vulnerabilidad ha visto cómo la justicia la obligaba a pagar en 20 días los 5.357,88 euros adeudados a Endesa y acumulados en varios años. La resolución de un juzgado de Lleida asegura que si las administraciones hubieran suscrito el convenio para acordar cómo hacer frente a este tipo de deudas con las eléctricas (como marca la ley) esta situación no se plantearía. La Alianza contra la Pobreza Energética asegura que para Endesa, que el primer trimestre de 2020 obtuvo unos beneficios netos de 844 millones, se trata de mantener el pulso con las administraciones y singularmente con una Generalitat que no ha podido o no ha sabido cerrar los convenios con las eléctricas a pesar que desde julio pasado cuenta con el respaldo de entidades sociales, administraciones municipales y diputaciones para hacerlo.
La proclamación de intenciones contrasta, pues, con una práctica que emplea instrumentalmente las reivindicaciones sociales. El flamante consejero de Interior Miquel Sàmper defendía el pasado miércoles en sede parlamentaria la actuación contundente de mossos antidisturbios en los desahucios arguyendo que se cumplen órdenes judiciales. Sàmper atacó a los ayuntamientos que se oponen a los lanzamientos sin ofrecer vivienda a los afectados, según dijo. La mesa de emergencia habitacional de Barcelona, sin embargo, está compuesta por la Generalitat (60%) y el Ayuntamiento (40%). El municipio, no obstante, asume el realojo del 80% de los casos. Puestos a desobedecer, como propugna el partido del consejero de Interior (Junts per Catalunya), no estaría de más que esa “complicidad” que postula Puigdemont para los Mossos respecto a las protestas independentistas se extendiera, en equitativo ecumenismo, a otros ámbitos mucho más prosaicos.
La proclamación de intenciones contrasta con una práctica que instrumentaliza las reivindicaciones sociales
Otro tanto de lo sucedido con la pobreza energética ha acabado ocurriendo con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Los promotores de esta iniciativa legislativa popular —convertida en ley en 2017— han presentado dos recursos al Tribunal Superior de Cataluña: contra el decreto de reglamento hecho por del Departamento de Trabajo y por no facilitar los criterios de denegación de la prestación. Si la concesión de la RGC ya ha resultado cicatera, su desarrollo amenaza con consagrar la racanería. Las 134.500 personas que actualmente reciben la prestación o un complemento de ella suponen un 30% de la población en pobreza severa, en total 438.000 ciudadanos.
La pandemia ha venido a poner la guinda y el futuro no resulta nada alentador. Los datos recientes del informe Vulneración de derechos: trabajo decente (2020) presentado hace unos días por FOESSA y Cáritas señalan que 906.500 personas en Cataluña viven en hogares en los que el sustentador principal está sujeto a inestabilidad laboral grave, es decir, o es un parado (al menos por un periodo de tres meses) o trabaja sin contrato ni prestaciones a la Seguridad Social. La mitad de las familias en esta situación no disponen de dinero para hacer frente a gastos imprevistos y casi el 24% afirman haber sufrido amenazas de cortes de suministros básicos en su vivienda.
La situación reclama urgentemente ponerse manos a la obra. Cataluña cuenta con una legislación socialmente más proteccionista que la de otras comunidades. Se trata de pasar del papel a los hechos.