Cataluña declara la cultura como bien esencial

El pasado 13 de marzo museos, teatros, salas de conciertos, librerías y cines cerraron sus puertas de forma brusca para evitar el avance de la pandemia sin saber cuándo ni cómo volverían a abrir. Los equipamientos culturales fueron los primeros en reaccionar ante la declaración del estado de alarma, afectando a cientos de empresas culturales y a miles de trabajadores que tuvieron que acogerse, en el mejor de los casos, a un ERTE, tras el cese de toda actividad. Las cifras económicas son más que elocuentes del ...

El pasado 13 de marzo museos, teatros, salas de conciertos, librerías y cines cerraron sus puertas de forma brusca para evitar el avance de la pandemia sin saber cuándo ni cómo volverían a abrir. Los equipamientos culturales fueron los primeros en reaccionar ante la declaración del estado de alarma, afectando a cientos de empresas culturales y a miles de trabajadores que tuvieron que acogerse, en el mejor de los casos, a un ERTE, tras el cese de toda actividad. Las cifras económicas son más que elocuentes del varapalo que ha representado la covid-19 para el mundo de la cultura. Para que esto no vuelva a ocurrir el Govern ha declarado esta mañana la Cultura como bien esencial, equiparándola a las otras patas del estado del bienestar clásicas como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. La declaración posibilitará que en caso de nuevos estados de alarma, por el recrudecimiento de la pandemia, librerías, museos, salas de conciertos y teatros puedan permanecer abiertos como lo está un supermercado o una farmacia, aunque no evitará seguir afectada por las restricciones que establezcan las autoridades sanitarias.

La declaración arranca de la petición que le hizo Torra a la anterior consejera de Cultura Mariángela Vilallonga el pasado 25 de agosto, para dar respuesta también a una de las reclamaciones que ha hecho el sector en estos últimos meses. Casi un mes después, y con una nueva consejera en el Departamento, Àngels Ponsa, tras el cese fulminante de Vilallonga, el Govern, ha anunciado este acuerdo. Según la portavoz, Meritxell Budó, la declaración forma parte de “un plan para preservar la cultura ante nuevas restricciones y establecer una serie de acciones que den cobertura a los derechos culturales de los ciudadanos y de los sectores creativos”.

Como hizo el presidente Torra en el pleno del pasado día 16, Budó, ha asegurado que la pandemia “ha hecho evidente que la cultura y sus expresiones han sido fundamentales para poder afrontar la situación de aislamiento”. Por eso, “se trata de ver de qué manera podemos trabajar para protegerla y, en función de cómo evolucione la pandemia, iremos por una vía u otra”. El gobierno catalán entiende que es necesario “velar más firmemente para que se garantice el acceso a la cultura, así como el derecho de todos los agentes culturales, especialmente del sector creativo, a poder recuperar su actividad”.

Con todo, el acuerdo no deja de ser una declaración de intenciones. Según Budó, a preguntas de los periodistas, “a partir de ahora habrá que ir desgranando y desarrollando de qué manera se concreta esta declaración, tanto en este momento de la pandemia como en el futuro”. “No será un camino fácil”, les digo Torra a los diputados la semana pasada; “tendremos que desarrollar y aprobar los cambios normativos imprescindibles para que se pueda hacer este reconocimiento y también los de los derechos culturales fundamentales, que han de garantizar la continuidad de las actividades de la cultura a pesar de las restricciones que puedan llegar a imponer la pandemia”.

Con el acuerdo de este martes Cataluña se suma a lo que han hecho países como Alemania que en marzo incluyó a la cultura en el rescate financiero programado por Angela Merkel permitiendo, entre otras cosas que todos los agentes culturales pudieran acceder al fondo de 120.000 millones de euros para sostenimiento del empleo. Este mismo martes los portavoces de los grupos del Senado han pedido que el Congreso de los Diputados acabe haciendo esta misma declaración y en comunidades como Andalucía y Canarias han surgido iniciativas parecidas.