Los exmiembros de la Mesa del Parlament invocan la inviolabilidad parlamentaria como defensa

La línea de defensa de los exmiembros de la Mesa del Parlament que se sentaron este martes en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), acusados por un supuesto delito de desobediencia por su implicación en el proceso soberanista, es que les protege la “inviolabilidad parlamentaria”. Por ello, adujeron que todo el procedimiento judicial, calcado en parte del que se vio en la causa del procés en el Tribunal Supremo, era “nulo”. Otro argumen...

La línea de defensa de los exmiembros de la Mesa del Parlament que se sentaron este martes en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), acusados por un supuesto delito de desobediencia por su implicación en el proceso soberanista, es que les protege la “inviolabilidad parlamentaria”. Por ello, adujeron que todo el procedimiento judicial, calcado en parte del que se vio en la causa del procés en el Tribunal Supremo, era “nulo”. Otro argumento de los encausados es que la Mesa del Parlament no tiene la iniciativa parlamentaria, sino que se limita a tramitarla. La vista, que continuará este miércoles y el viernes, ha recordado las caóticas sesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre de 2017 cuando se aprobaron la Ley del Referendum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

Una comitiva de solidaridad, encabezada por el presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, acompañaba a los acusados hasta la entrada en el Palacio de Justicia. Ha sido la cuarta vez que se ha fijado la fecha del juicio contra los cuatro diputados que formaban parte de la Mesa del Parlament en 2017, LLuis Maria Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Anna Simó, y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Todos ellos están acusados de un delito de desobediencia supuestamente cometido en la tramitación de las leyes de desconexión que acabaron con la declaración de independencia de octubre de 2017.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave. Una acusación por la que fue juzgada y condenada la presidenta de la Mesa en aquella fecha, Carme Forcadell, además de por sedición. Cuando el Parlament votó aquellas resoluciones y otras anteriores que también fueron impugnadas por el Tribunal Constitucional, Corominas y Guinó eran exvicepresidentes de la Cámara catalana, Barrufet era secretaria cuarta -los tres miembros del PDeCAT- y Simó (ERC) era secretaria primera. De los cinco que han compartido el banquillo en un juicio que está previsto que se prolongue tres días, solo Guinó sigue en primera línea política como alcalde de Besalú.

Uno de los caballos de batalla de la vista entre fiscal y defensas fue el alcance de los actos de la Mesa del Parlament. El ex diputado Corominas insistió en que los miembros de la Mesa del Parlament no tenían capacidad de impulsar iniciativas legislativas: “La Mesa no tiene iniciativa parlamentaria, estas corresponden a los grupos parlamentarios, a un número determinado de diputados, las que impulsa el propio Govern o las que proceden de la iniciativa popular”. En su declaración, solo a preguntas de su letrada, Judit Gené, volvió una y otra vez a la tesis de que la función de la Mesa es comprobar que se cumplan los requisitos formales que establece el reglamento del Parlamento “sin entrar en el contenido de ellas”.

A preguntas de la defensa se expresó en parecidos términos la ex diputada Simó que añadió que las advertencias del letrado mayor sobre la inconstitucionalidad de las resoluciones no influyeron en el criterio de la Mesa: “Sus opiniones no son vinculantes, la Mesa tiene criterio propio”. Para los acusados, su actuación era la de permitir el debate parlamentario y admitir las resoluciones, proposiciones y declaraciones que tenían como objetivo construir un supuesto marco legal de construcción de la República catalana. “No se puede pedir que la mesa actúe como censora y que emitamos juicio sobre las iniciativas”, aseveró Barrufet.

La única acusada que se descolgó de esa línea argumental fue la ex diputada de la CUP, Mireia Boya, una de las firmantes de los textos que hicieron de paraguas del referendum del 1 de Octubre. Aseguró que no sé incurrió en ninguna ilegalidad con la Ley del Referendum ni la de Transitoriedad porque ambas estaban avaladas por la mayoría del Parlament “y del 80% de la población catalana” y aseguró que los únicos derechos que se vulneraron en octubre de 2017 fueron los de “los dos millones de personas que votaron en el referéndum”.

El juicio recordó parte de las tesis y argumentaciones de fiscal y defensas en la vista que se siguió en el Tribunal Supremo contra los exconsejeros del Govern condenados a penas de entre 8 y 13 años por sedición. Por ejemplo, la tesis de la inviolabilidad parlamentaria. Según las defensas de los acusados todo el proceso judicial era “nulo de pleno derecho” porque la jurisdicción penal no ha respetado la inviolabilidad parlamentaria que, en su opinión, ampara a los acusados.

“La inviolabilidad parlamentaria es un instrumento de garantía legislativa que se vincula a derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Por eso se invoca en este proceso, entendemos que es una garantía de libertad que tiene que ser protegida por el poder jurisdiccional y no perseguida”, ha sostenido el letrado Ramón Tomás, que representa a la ex diputada Simó y el que ha asumido la defensa de esa tesis conjunta de todos los acusados. La cuestión de la inviolabilidad parlamentaria también fue argumentada en el juicio del procés de los ex consejeros del Govern en el Tribunal Supremo, que la desestimó: “ya veremos la evolución de la firmeza de esa sentencia con el tiempo”, ha añadido Tomás.

El fiscal negó ese extremo: “Es un derecho, pero no es ilimitado, y no puede ser excedido o transgredido y por eso es susceptible del control judicial. Lo contrario seria que un poder del estado esté por encima del otro”, afirmó el fiscal Pedro Ariche. La misma postura compartieron la abogacía del Estado y Vox que ejerce la acusación particular y que al inicio de la vista retiró la acusación de organización criminal que había formulado contra encausados y que ya fue desestimada en el juicio del procés en el Tribunal Supremo.

Problemas de calendario de las defensas, la separación de la causa del que también era miembro entonces de la Mesa, el diputado Joan Josep Nuet cuando fue elegido en el Congreso en las últimas generales -procedimiento que está en el Tribunal Supremo- y la imposibilidad de hacer la vista en abril pasado por la pandemia, provocaron hasta tres suspensiones de una vista que se ha iniciado esta mañana.