El Parlament da luz verde a la ILP para evitar un nuevo ‘tasazo’ en las universidades
La iniciativa, que recogió 70.000 firmas, ha obtenido el aval de todos los partidos
La proposición para modificar la Ley de Universidades catalana para evitar que se vuelva a producir un nuevo tasazo como en 2012 —cuando las matrículas se encarecieron un 67%— da un nuevo paso en el Parlament, después que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lograra 70.000 firmas y el aval de todos los partidos políticos.
Diferentes sindicatos y entidades estudiantiles, sindicatos de profesorado, así como la asociación que agrupa a las universidades públicas (ACUP), impulsaron la ILP a principios de 2019...
La proposición para modificar la Ley de Universidades catalana para evitar que se vuelva a producir un nuevo tasazo como en 2012 —cuando las matrículas se encarecieron un 67%— da un nuevo paso en el Parlament, después que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) lograra 70.000 firmas y el aval de todos los partidos políticos.
Diferentes sindicatos y entidades estudiantiles, sindicatos de profesorado, así como la asociación que agrupa a las universidades públicas (ACUP), impulsaron la ILP a principios de 2019. Consideran que la rebaja de las tasas “facilitaría el acceso a los estudios superiores, disminuyendo la discriminación por motivos económicos y generando una mayor cohesión social”. De hecho, el Govern aprobó en junio la rebaja del 30% de las matrículas en el marco del acuerdo presupuestario con los comunes, pero después de ignorar varias mociones que obligaban a su reducción.
La ILP reforma el artículo 117 de la actual Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña, añadiendo un párrafo, estableciendo que los precios se aprobarán por decreto de Presidencia y “se situarán dentro de la mitad inferior de la horquilla de precios prevista” por la ley orgánica de universidades. En los últimos años, el Gobierno central establecía una franja de importes de tasas y cada comunidad decidía en qué nivel se situaba. En 2012 Cataluña optó por la parte alta de la franja, lo que supuso el incremento del 67% del precio de las matrículas. Con esta modificación, los impulsores buscaban “blindar por ley la rebaja de las tasas”, tal y como reconoció este martes en el Parlament Anna Rosselló, representante de la ILP que abrió el debate parlamentario. Rosselló también recordó las constantes protestas estudiantiles durante los últimos ocho años y la respuesta policial que tuvieron. “El camino no ha sido fácil. Defender la pública no es ningún delito”, remachó.
Los partidos de la oposición coincidieron en la necesidad de defender unos precios que no supongan una barrera para ningún alumno y reprocharon a ERC que no se decidiera a reducirlos antes. Los grupos que forman el Govern —JxCat y republicanos— apuntaron que reducir las tasas supone un coste de 48 millones y apostaron por reforzar las becas, después de admitir que actualmente “el acceso no es equitativo”.