Los presos del ‘procés’ estrenan el tercer grado reclamando su plena libertad
"Queremos demostrar que España no es un país democrático", asegura el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart
Los líderes independentistas catalanes han estrenado este viernes el régimen de semilibertad. Los nueve condenados por el juicio del procés podrán dormir cada viernes, sábado y domingo en su casa. Para algunos, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, supondrán las primeras noches que pueden disfrutar lejos de la prisión desde hace dos años y ocho meses.
La primera en salir de prisión ha sido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha abandonado la prisión barcelonesa de Wad Ras y se ha subido a un coche sin hacer declarac...
Los líderes independentistas catalanes han estrenado este viernes el régimen de semilibertad. Los nueve condenados por el juicio del procés podrán dormir cada viernes, sábado y domingo en su casa. Para algunos, como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, supondrán las primeras noches que pueden disfrutar lejos de la prisión desde hace dos años y ocho meses.
La primera en salir de prisión ha sido la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha abandonado la prisión barcelonesa de Wad Ras y se ha subido a un coche sin hacer declaraciones. A diferencia de otros compañeros de condena, Forcadell ha evitado comparecer ante los medios de comunicación. Sí ha optado por colgar una foto de la playa de Barcelona en su cuenta de Instagram, la primera imagen que publicaba en esta red social desde el pasado febrero, cuando contó con su primer permiso para realizar tareas de voluntariado y poder atender a su madre.
Los condenados compatibilizarán el tercer grado con sus obligaciones laborales. Es el caso de Jordi Turull, empleado en un despacho de abogados de Terrassa, o de Jordi Cuixart, que acude a trabajar a su empresa, una planta de producción de maquinaria de embalaje. El presidente de Òmnium Cultural fue el único que fue recibido en un acto multitudinario, ante la sede de la entidad en Barcelona, incluso prodigándose en abrazos con el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri. Esquerra Republicana, que había organizado recepciones populares para Forcadell, su presidente, Oriol Junqueras, del exconsejero de Exteriores Raül Romeva, de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, los sustituyó por actos más reducidos debido a las nuevas medidas sanitarias para frenar la propagación del coronavirus.
Cuixart declaró en Catalunya Ràdio que España es un régimen autoritario al que hay que denunciar ante las Naciones Unidas: “Queremos demostrar que no podemos votar [la autodeterminación] porque España no es un país democrático, no es homologable al resto de democracias del mundo, como el Reino Unido o Canadá”.
Tanto Bassa como Turull o Cuixart subrayaron su descontento por el hecho de no tener plena libertad. Bassa, por la que el sindicato UGT ha pedido el indulto, escribió en Twitter que la solución era la amnistía. Los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull afirmaron que esperan que el tercer grado sea revocado pronto porque la fiscalía y el Tribunal Supremo “solo se mueven en parámetros de venganza”. Las juntas de tratamiento de las cárceles donde se encuentran los presos del procés, cumpliendo condena por delitos de sedición y malversación, han acordado aplicarles la modalidad de régimen abierto. La Fiscalía ha recurrido hasta ahora todos los permisos y medidas de flexibilización del régimen penitenciario de los presos del procés, por lo que es previsible que también lo haga en el caso del tercer grado, en el que, a diferencia de las salidas laborales y de voluntariado del 100.2, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra.
El Supremo impuso en octubre del año pasado penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición. El alto tribunal descartó el delito de rebelión, el más grave de cuantos pedía la Fiscalía. El Supremo consideró probado que durante el otoño de 2017 se registraron en Cataluña “indiscutibles episodios de violencia” pero creyó que estos no bastaban para condenar a los líderes independentistas por rebelión.