El País de Demà fija un plan de 30 medidas para la nueva etapa tras la alerta sanitaria
El documento pone el acento en que la conexión a la red sea un derecho universal
El colectivo El País de Demà, nacido en Poblet, ha elaborado un documento de 30 medidas para la Cataluña que visualiza tras la alerta sanitaria. El informe es una especie de ponencia fundacional y el punto de arranque electoral del nuevo Partit Nacionalista de Catalunya. La exsenadora Marta Pascal se postula como la cara visible del proyecto no independentista. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha sido remitido a sus 300 asociados.
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El colectivo El País de Demà, nacido en Poblet, ha elaborado un documento de 30 medidas para la Cataluña que visualiza tras la alerta sanitaria. El informe es una especie de ponencia fundacional y el punto de arranque electoral del nuevo Partit Nacionalista de Catalunya. La exsenadora Marta Pascal se postula como la cara visible del proyecto no independentista. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha sido remitido a sus 300 asociados.
El estudio, que es una reflexión sobre la situación en la post alerta sanitaria, subraya la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías en áreas como la sanidad a través de teleasistencia, la justicia, la seguridad, la administración digital, la educación y el teletrabajo. El estudio se extiende también en la competitividad en las empresas a través de la innovación y, por último, alude a una gobernanza abierta inspirada en el modelo danés de concertación público-privada.
Unas 300 personas, desde empresarios como Antoni Garrell, el letrado del Parlament Antoni Bayona y exdiputados de Convergència impulsaron en septiembre en el Monasterio de Poblet la plataforma Exdirigentes del PDeCAT avalan la nueva plataforma catalanista opuesta al ‘procés’ y fijar un rumbo de estabilidad económica y política. El colectivo, de carácter catalanista, quiere asentar las bases de la economía de la Cataluña de los próximos 30 años en un modelo industrial con “valores sociales”.
En marzo, justo antes de estallar la pandemia, el grupo aprobó apoyar una marca electoral que ha desembocado en el Partido Nacionalista de Catalunya. Marta Pascal, exsenadora y ex secretaria general del Partit Demòcrata Català, se dio de baja de su antigua formación y se perfila como la cara visible del proyecto. Los promotores confían en que la nueva marca sea una suerte de nuevo PNV catalán.
El documento, elaborado por una treintena de asociados, parte de la premisa del derecho universal a la conectividad a la red al tiempo que aboga por regular el uso y la privacidad de los datos rechazando medidas como el descartado ya carnet de la covid-19. “El derecho universal se tiene que plantear con independencia de la situación social, laboral o económica y que permita acceder a dispositivos y conexiones adecuadas”, expone. El teletrabajo, dice el estudio, ha evitado destrucción de puestos de trabajo y desplazamientos innecesarios en plena pandemia, “El derecho a teletrabajar se tiene que plantear como un derecho laboral”, agregan. La consultora Randstad sitúa esa posibilidad en Cataluña en torno al 25%. “Tenemos un largo camino por delante”, admite el informe de El País de Demà. El texto plantea reducciones en las cotizaciones en la contratación de teletrabajadores.
Innovación industrial
El documento sostiene que la crisis sanitaria ha evidenciado las debilidades del sector industrial en Cataluña, “el gran olvidado” de las políticas económicas de los últimos años. Por ello, promueve una política industrial basada en “la autosuficiencia, la recolocación y el refuerzo de la industria local” o cohesionar un ecosistema innovador capaz de fidelizar el talento y las inversiones. Por ello, insta a utilizar la compra pública innovadora como un instrumento de política tecnológica.
Sin entrar a escrutar la situación política en Cataluña y en el conjunto de España, el estudio alude a la mala gestión que se ha hecho de la pandemia y da varias pinceladas sobre la gobernanza. En su paquete de medidas propone el modelo danés de concertación entre todos los agentes sociales y el Gobierno; la apuesta por la meritocracia y la buena gestión pública; la predictibilidad y la seguridad jurídica —“Se necesita un ecosistema jurídico predectible para tomar las mejores decisiones de inversión”— y un modelo institucional inclusivo tanto en lo político como en lo económico.