“Este mes he cobrado la mitad”

“Este mes he cobrado la mitad. Por suerte tenemos para vivir y podré aguantar pero seguro que hay gente en una situación delicada”. David Torres, de 41 años, soldador de una fábrica de acero en Vilanova del Camí, uno de los cuatro municipios de la Conca de Òdena confinados hasta ayer, cuenta como su nómina se ha desplomado de 1.500 a 750 euros mientras aguardaba a aclarar su situación laboral. Cerca de 10.000 trabajadores ha visto sus derechos laborales alterados al no poder salir de la zona ni tampoco entrar por ...

“Este mes he cobrado la mitad. Por suerte tenemos para vivir y podré aguantar pero seguro que hay gente en una situación delicada”. David Torres, de 41 años, soldador de una fábrica de acero en Vilanova del Camí, uno de los cuatro municipios de la Conca de Òdena confinados hasta ayer, cuenta como su nómina se ha desplomado de 1.500 a 750 euros mientras aguardaba a aclarar su situación laboral. Cerca de 10.000 trabajadores ha visto sus derechos laborales alterados al no poder salir de la zona ni tampoco entrar por la pandemia del coronavirus durante más de 20 días. “Toda la situación ha sido un despropósito. Han demostrado muy poca preocupación por la gente”, dice Torres, que lamenta tanto la actuación del Govern, que tomó el día 13 una decisión sin prever el conflicto, como la del Gobierno, que la ha ratificado sin asumir las bajas por confinamiento.

Amparado en la evolución de la pandemia, el Ejecutivo catalán anunció ayer su deseo de levantar el confinamiento. El Ministerio de Sanidad tiene la competencia y nadie duda de que lo suscribirá: hasta el Viernes Santo solo pueden prestar su servicio los trabajadores esenciales y después se verá. Pero los tiempos de las administraciones son más lentos que los de las empresas. Radicada en La Torre de Claramunt, fuera de la zona cercada, la empresa de David Torres, como tantas otras, solicitó el miércoles un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por un mes para sus trabajadores confinados. La empresa tomó la decisión cuando vio que el decreto de alarma no tramitaba las bajas por confinamiento. David solo cobró 13 días de marzo y su nómina sufrió un zarpazo.

Con unos de los índices de mortalidad por coronavirus más altos del mundo, la Conca de Òdena ha sufrido por partida doble la emergencia: el Govern la cercó como si fuera un Berlín Occidental en plena Guerra Fría en la que los trabajadores, salvo los esenciales, no pudieron cruzar los check points controlados por los Mossos. Y sin calcular que los ambulatorios, como le pasó a David y a cientos de empleados, no firmarían la baja. Los alcaldes de Igualada, Santa Margarita de Montbui, Vilanova del Camí y Òdena claman unidos por una solución.

“La situación es desesperante”, dice Noemi Trucharte, alcaldesa de Vilanova del Camí, del PSC, que admite que el último decreto llegó “tarde y mal”. “He hablado con ministros y con gente del PSOE para buscar soluciones”, explica para subrayar que entiende que el caso de Òdena puede sentar un precedente pero que es necesario tramitar las bajas. Tras admitir que el Ayuntamiento ha recibido cientos de llamadas de vecinos, la alcaldesa ha reforzado los servicios sociales al temer que la situación se agrave. Con el 15%, Vilanova del Camí es uno de los municipios con más paro de Cataluña.

Dos sueldos recortados en una misma casa

David Camacho y Sheila son una pareja mileurista de Igualada y ha visto de golpe como en su casa entraban este mes 600 euros menos, un tercio de sus ingresos. Hasta el 12, iban a trabajar a Martorell a una empresa de transporte. Nunca les llegó la baja por confinamiento y la empresa a los cinco días firmó un ERTE. “A mí me tocaría la baja por accidente laboral y que me pagaran el 100%”, dice Camacho, impotente. “Podemos tirar gracias a la paga extra pero esto no puede durar mucho más”.

No todas las fábricas han impulsado ERTES. La firma Nonwovens, de Sant Quintí de Mediona, que produce toallitas húmedas, ha mantenido la producción al 100% y ha abonado la nómina con normalidad pese que 25 de sus empleados de Òdena no pudieron ir a trabajar hasta que no fueron considerados esenciales. La empresa ha realizado tests de coronavirus a todo ese grupo. “Por miedo, muchos preferirían no ir a trabajar. Y otros de fuera de Òdena no quieren que vayamos”, admite Raül Rodríguez, de 41 años, delegado, que dice que ha pasado los días colgado al teléfono resolviendo dudas de sus compañeros: “He trabajado más que nunca”, dice. “No soy independentista pero el alcalde de Igualada lo está haciendo bien. Mete caña”.

La incógnita es si las empresas retirarán ahora los ERTES después de que decaiga la frontera en Òdena. La realidad es que la confusión era tal que como decía Alfonsa Santiesteban, de CC OO, muchos empleados dependían de la buena voluntad de la empresa para cobrar la nómina completa mientras no se aclaraba el asunto de las bajas. Es el caso de Víctor Fernández, empleado de una multinacional de telecomunicaciones en L’Hospitalet. La empresa incluso le ha hecho una entrevista para distribuir por los canales internos. Antes del confinamiento, iba a coger un ordenador para teletrabajar. Ni ha podido volver ni le han enviado un portátil porque en el perímetro solo entran mercancías básicas. La dirección ha reconvertido sus horas de “absentismo" en una bolsa de tiempo a recuperar. El viernes acumulaba 130 horas. “Es ridículo”, dice. “Los derechos de los trabajadores esenciales no los tengo yo. La cuestión es: ¿la empresa se cansará de la actual situación?".

“La Generalitat nos ha enredado. La gente está muy enfadada: si no podía conseguir (las bajas) no tenía que anunciar el confinamiento: que asuma las consecuencias", dice Carles Eguiburu, de 49 años, de Igualada, afectado por un ERTE en la empresa turística de Vic. “Me dijeron que si lograba la baja laboral me sacaban de él pero ha sido imposible”. Su sueldo ha quedado reducido a la mitad: “Podemos tirar de ahorros pero sé de gente que vive al día. No podrá resistir ni dos semanas”.

El confinamiento también ha castigado a los autónomos. Llueve sobre mojado porque Robert Vidal, de 28 años, técnico de sonido, no puede trabajar en el almacén que a veces le reclama: “Y no he facturado nada desde febrero cuando se canceló el Mobile”. Fina Pérez, de 54 años, trabaja de cajera en Caprabo y fue recolocada en un super de Igualada. Desde este lunes, ha cruzado la “frontera” y ha vuelto a su puesto en Capellades, delante, cuenta desolada, de una residencia donde han muerto 18 ancianos. “Ha habido mucha política. Muy lamentable”, afirma. La cuestión es que el Viernes Santo expira el permiso retributivo recuperable para los trabajadores no esenciales. Y los de Òdena, lo sean o no, ya son como todos.