Privatizar la sanidad: cuando el negocio entra por la puerta, la salud sale por la ventana
Convertir hospitales en empresas y ciudadanos en clientes no es un avance, sino un abandono del pacto moral que sostiene la convivencia
Hace unas semanas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguraba que “nadie puede decir que hay privatización sanitaria en Andalucía”, mientras que desde el PP se insistía en que su Gobierno había sido “el freno” a esa privatización. Sin embargo, el relato se tambalea cuando se confronta con los ...
Hace unas semanas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguraba que “nadie puede decir que hay privatización sanitaria en Andalucía”, mientras que desde el PP se insistía en que su Gobierno había sido “el freno” a esa privatización. Sin embargo, el relato se tambalea cuando se confronta con los datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sitúan a Andalucía en un proceso acelerado de privatización; o se cae con el análisis de profesionales como Manuel Torres, José Antonio Brieva y Antonio Vergara, que describen un deterioro creciente del sistema sanitario público andaluz: financiación insuficiente y mal empleada, una atención primaria devastada —la columna vertebral de cualquier sistema sanitario—, pérdida de la función preventiva y un rumbo político que parece decidido a abrir la puerta de par en par al sector privado. De ahí la importancia de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Coordinadora de Mareas Blancas y avalada por más de 57.000 firmas, que llega ahora al Parlamento Andaluz como un intento ciudadano de frenar la sangría y recuperar un modelo sanitario que siempre fue sinónimo de justicia social.
Conviene detenerse un momento en el significado real de “privatizar la sanidad”, una expresión que en el debate público se repite con tanta frecuencia que a veces pierde su gravedad. Durante años se ha construido la idea de que lo privado es moderno, ágil y eficiente; que la competencia mejora la calidad; que lo público, por esencia, es lento, torpe y fallido. Pero la evidencia científica desmonta esa narrativa una y otra vez: cada paso hacia la privatización supone un retroceso en salud pública, equidad y derechos básicos. Allí donde domina la lógica del beneficio, la salud deja de ser un derecho y se convierte en un producto.
El deterioro de lo público no es casual ni espontáneo; es el resultado de una estrategia reconocible. Primero se desfinancia y se deja languidecer el sistema público hasta que la ciudadanía percibe que no funciona. Después se presenta la privatización —total o parcial— como la única salida “realista”. Finalmente, se transfieren recursos públicos a empresas privadas cuyo objetivo es, por naturaleza, obtener beneficios, no mejorar la salud de la población. Es una secuencia de manual, repetida en cada territorio donde la privatización avanza, ya sea externalizando servicios, entregando hospitales a empresas o fomentando que la población contrate seguros privados para cubrir lo que antes estaba garantizado.
Los datos son contundentes. Donde aumenta la externalización, empeora la calidad asistencial: recortes de personal, selección de pacientes “rentables”, reducción de tiempos de consulta… todo lo que incrementa beneficios económicos, pero no bienestar. En Inglaterra, por ejemplo, cada aumento del 1 % en externalización privada se correlacionó con un incremento en la mortalidad evitable: una expresión brutal que nos obliga a decirlo sin eufemismos: la privatización mata, no en sentido figurado, sino literal. Además, la desigualdad se dispara: quien tiene dinero accede antes, se examina más, recibe más tratamientos. Quien no, espera. Y a veces, espera demasiado y quizás enferma más o muere esperando. La salud se convierte en un privilegio y la biología, en una cuestión de clase.
Tampoco se sostiene el mantra de la supuesta “eficiencia” privada. Lo privado es eficiente en seleccionar clientes poco complejos, en reducir plantillas y en maximizar márgenes de beneficio; pero es profundamente ineficiente para lo que realmente importa: mejorar la salud de la población, garantizar equidad, asegurar continuidad asistencial y ofrecer accesibilidad universal. Lo público no está diseñado para generar dividendos trimestrales, sino para salvar vidas; y estas dos lógicas no pueden convivir sin fricciones profundas.
Por eso, privatizar la sanidad no es una modernización, sino un retroceso histórico. Implica renunciar a uno de los mayores logros de la civilización en Europa: la garantía de que nadie enfermará o morirá por falta de recursos económicos. Convertir hospitales en empresas y ciudadanos en clientes no es un avance, sino un abandono del pacto moral que sostiene la convivencia. ¿Queremos realmente un modelo en el que lo rentable se atiende y lo complejo se descarta? ¿Un sistema incapaz de sostener la prevención, la investigación o la salud pública simplemente porque no generan beneficios inmediatos?
La alternativa existe y es bien conocida: un sistema público fuerte, digno, estable y blindado frente a intereses privados. Un sistema así no es una utopía ni una reivindicación romántica, sino la opción más barata a largo plazo, más eficiente, más equitativa, más transparente y más segura ante crisis sanitarias. Defenderlo no es radical; radical —y dañino— es entregarlo a mercados cuyo beneficio depende, precisamente, de que la gente enferme.
La conclusión es sencilla: la salud no es un negocio. Privatizar la sanidad no es una reforma técnica, sino un giro ideológico que transforma un derecho fundamental en un mercado y convierte la enfermedad en una oportunidad financiera. Quien defiende ese modelo no está defendiendo eficiencia, sino un sistema donde la salud se compra y la vida vale lo que aparezca en una factura. Y eso, desde cualquier mirada humana, progresista o democrática, resulta inaceptable.