La jueza del ‘caso mascarillas’ de Almería pide apartarse de la causa por vínculos personales con uno de los investigados

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que investiga el caso mascarillas de la Diputación de Almería, María Belén López, ha pedido a la Audiencia Provincia abstenerse de la causa, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La razón, de acuerdo con otros interlocutores conocedores de la situación, estaría relacionada con los vínculos personales y familiares con el ya expresidente de esa entidad supramunicipal, Javier Aureliano García, investigado en la trama de supuestas adjudicaciones irregulares y que fue uno de los cinco detenidos la semana pasada.

Ahora será la Audiencia Provincial quien se pronuncie sobre la abstención de López y la causa recaerá en otro magistrado o magistrada. Mientras tanto, el proceso se suspende puesto que la jueza no puede acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre el caso, indican las fuentes judiciales. López llevaba de baja un año y medio, indican las fuentes judiciales, y en este tiempo la instrucción recayó en el juez de adscripción territorial, Eduardo Martínez Gamero.

Este magistrado fue quien firmó el auto de la semana pasada que derivó en la detención de García, de su número dos y exvicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, de otro técnico de esa entidad, del ya exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y de su hijo, Rodrigo Sánchez López. La reincorporación de la magistrada estaba prevista para el 25 de noviembre y has sido ahora cuando ha pedido ser apartada del caso. De acuerdo con los interlocutores, López guarda parentesco con el expresidente de la Diputación -prima lejana- y son del mismo municipio, Balanegra.

La instrucción del caso mascarillas ha pasado por varios tribunales. En un primer momento, quien conoció de la causa fue Ángeles Fernández Tió, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona que estaba investigando en ese momento a Kilian López, el adjudicatario del contrato de material sanitario que la Diputación de Almería firmó el 8 de abril de 2020 por valor de dos millones de euros y del que, tanto García, como Giménez y el que entonces era vicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria, habrían recibido mordidas, según el auto de la semana pasada- por su presunta pertenencia a una organización dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo de capitales (archivada para el caso de Kilian López, en marzo de 2023). Fue en el curso de esta investigación cuando se conoció que éste último estaba esperando el pago por un porte de mascarillas favorecido por alguien de la Diputación. Así, esta parte de la causa se trasladó al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

“Desconocemos la particularidad de este extremo y lo que esperamos realmente es poder tener acceso a la instrucción de esta nueva fase de la investigación para poder pedir nuevas actuaciones”, indica Javier Salvador, el representante legal del PSOE de Andalucía, personado como acusación popular. Esa nueva fase de la investigación, que se centra en el cobro o facilitación del cobro de comisiones por contrataciones presuntamente irregulares desde la Diputación de Almería, se ha impulsado gracias al auto firmado por Gamero la semana pasada.

En su escrito, el juez atribuye a García “pleno conocimiento, aquiescencia y participación” en la trama de presunta contratación irregular con empresas desde la Diputación que presidía y aprecia “indicios muy claros y sólidos” de su posible participación en el “cobro o facilitación del cobro de comisiones”. Para ello se apoya en conversaciones con vocabulario encriptado vinculado a la odontología, que compartían en un chat común con Giménez y Liria, en el que aludían a ir al dentista para referirse a las mordidas y en el manejo de dinero en efectivo en viajes o para el pago de créditos hipotecarios o adquisición de bienes inmuebles, sin procedencia justificada e inusual para un funcionario público, según el magistrado.