Las VPO a precio de mercado: el Ayuntamiento de Sevilla ofrece pisos de hasta 320.000 euros que desatan las críticas

Ana, de 27 años y que prefiere no dar su nombre real, y su pareja lo tenían todo preparado para sentarse el viernes 7 de marzo delante del ordenador y rellenar la solicitud para optar a una de las 92 Viviendas de Protección Oficial (VPO) del nuevo barrio de la Cruz del Campo, cuya primera piedra habían colocado dos días antes el alcalde de Sevi...

Ana, de 27 años y que prefiere no dar su nombre real, y su pareja lo tenían todo preparado para sentarse el viernes 7 de marzo delante del ordenador y rellenar la solicitud para optar a una de las 92 Viviendas de Protección Oficial (VPO) del nuevo barrio de la Cruz del Campo, cuya primera piedra habían colocado dos días antes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz. Pero cuando vieron los precios de los pisos: 199.771,04 euros, los de dos dormitorios; 259.203,40, los de tres, y 316.646,59 los de cuatro -todos con garaje y trastero y sin IVA incluido-, desistieron. “Yo estoy preparando oposiciones y aunque mi compañero gana un buen sueldo, con esos precios no nos podemos permitir optar a esa promoción. Para nosotros, desde luego, no es una cantidad asequible, como se supone que deberían ser las VPO”, explica.

Como ella, otros aspirantes llenaron las redes sociales de comentarios similares, quejándose de unos precios que contradecían las palabras que la consejera pronunció durante la inauguración: “Si no damos a los andaluces facilidades para acceder a la vivienda, difícilmente podremos avanzar como sociedad”. “Cuando el sueldo medio de un sevillano es de 23.000 euros, ofrecer unos pisos de protección oficial a casi 300.000 no parece sinónimo de facilitar y, desde luego, no ayuda a acceder a la vivienda a quienes tienen rentas bajas”, comenta Ana.

Desde el Ayuntamiento hispalense se explica el incremento de los precios de la vivienda al incremento de costes de los materiales y la construcción y a la falta de incentivos y ayudas para la adquisición de la vivienda. “Aún así las viviendas de Emvisesa siguen siendo hasta un 42% más baratas que las del mercado libre”, ha defendido estos días el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

Esta última promoción -que estará lista en 2027- se levanta en los terrenos de la antigua fábrica de CruzCampo, en el distrito San Pablo-Santa Justa, en una de las zonas de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad y con alta demanda por encontrarse en un enclave relativamente céntrico de Sevilla. “Se trata de un barrio consolidado, en un área revalorizada”, indica Fran Prieto, presidente de la agrupación de inmobiliarias Alianza Sevilla. Esta circunstancia, unida a que se trata de una construcción de obra nueva de alta calidad, explican, para el promotor, el precio tan elevado para tratarse de viviendas protegidas. “A día de hoy, construir vivienda nueva es carísimo y salvo que las administraciones públicas subvencionen parte de ese coste, los precios de VPO en estas zonas que son muy céntricas van a estar casi al precio de una vivienda normal y corriente”, indica Prieto.

Para acceder a esta promoción de viviendas de precio limitado, los ingresos de la unidad familiar no deben superar el límite de 5,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), que puede alcanzar hasta siete veces, si quedaran viviendas libres una vez terminado el proceso de adjudicación. Los propietarios de estas VPO, de acuerdo con la normativa andaluza, pueden transmitirla, alquilarla o ceder su uso a los 10 años. Prieto, en este sentido, recalca también, el incremento de los precios de las VPO de segunda mano en Sevilla.

Desde el sindicato de inquilinas de Sevilla consideran que con estas promociones, la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, está fomentando la especulación. “Actualmente, Emvisesa construye para hogares totalmente privilegiados y no para la gente que realmente lo necesita, razón por la cual, cada vez que hay un sorteo se produce una renuncia masiva de adjudicatarios”, según denuncian en un comunicado. “Esto es una política de vivienda destinada no a la gente que necesita vivienda, sino a gente que podría acceder al mercado de vivienda libre”, ha abundado esta mañana el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

El caso de esta promoción de Sevilla ha servido como ejemplo de los efectos que va a tener el recién aprobado decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, que prevé liberar suelo para impulsar la construcción de 20.000 viviendas de precios asequibles en los próximos cinco años y que también incluye la ampliación de los ingresos máximos anuales para poder acceder a ellas hasta los 58.800 euros -hasta ahora el límite era de 46.200 euros-. Una medida que ha sido muy criticada por sindicatos y colectivos que defienden el derecho a acceder a una vivienda digna en Sevilla.

“Hasta el presidente de la Junta podría acceder a una VPO con este cambio”, ironizaba CC OO Andalucía que, en un comunicado, indicaba que personas con ingresos superiores a 98.000 euros anuales podrían acceder a una vivienda protegida, “mientras hay más de 135.000 personas en los registros de demandantes con ingresos que no llegan a los 35.000”.

Para la plataforma Sevilla para Vivir las medidas del real decreto no van a permitir facilitar la disponibilidad de suelo para fomentar la construcción de vivienda protegida, como defiende la norma porque “no van a intervenir de manera directa ni en la oferta ni en el precio de la vivienda”, indica una de sus portavoces, que, precisamente, pone como ejemplo la promoción de la Cruz del Campo. “Con estos precios no se resuelve el problema existente”, subraya.

Su propuesta pasa porque la construcción de vivienda pública “se centre en promociones en régimen de alquiler con precios asequibles para jóvenes y familias en función de sus niveles de renta”. “Hay que reducir los topes de renta de las unidades familiares que puedan acceder a una vivienda protegida y que esas viviendas no puedan nunca perder la protección y liberalizarse”, abunda la portavoz de Sevilla para Vivir, que impulsó recientemente una manifestación a favor del acceso a la vivienda en la capital andaluza.

La plataforma también cuestiona la liberalización del suelo incluida en el decreto, que permite a los Ayuntamientos destinar a la construcción solares dedicados a oficinas o a usos turísticos. “La pregunta es, una vez que se cambien los usos del suelo para construir vivienda pública en la que el promotor puede elegir libremente el régimen en función de las rentas, ¿hará vivienda para familias con ingresos de 1.500 euros, o preferirá hacerlas para familias cuyos ingresos ronden los 5.000 euros? Evidentemente, esto va ligado directamente la rentabilidad de las promociones”, sostiene la interlocutora.

Controlar los precios

La consejera de Fomento ha tratado de salir al paso de las críticas sobre el decreto de medidas urgentes y, por ende, de las políticas de vivienda del Gobierno de Juan Manuel Moreno, apelando a la necesidad de construir este tipo de construcciones a precios asequibles en la comunidad. “Necesitamos que los promotores quieran construir vivienda protegida, porque si no, no vamos a poder poner vivienda protegida en el mercado”, sostuvo este lunes, indicando que los precios “siempre se podrían bajar”.

“Mientras haya más demanda que oferta, los precios seguirán subiendo”, advierte Prieto, que recuerda cómo otra reciente promoción municipal de VPO en Palmas Altas -con precios que oscilan entre los 184.123 a los 270.107 euros y que son similares a otras promociones de venta libre en la zona- también generaron controversia. “Pero se vendieron todas”, indica. “Los precios son tan altos que cada vez hay más gente de clase media que tampoco tiene capacidad para acceder a una vivienda, el mercado de la vivienda ya no es solo un problema de política social, porque el 70% o el 85% de la población también tiene dificultades”, apunta José Carlos Babiano, arquitecto, urbanista y profesor del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Sevilla, quien aboga por limitar el precio de la vivienda y “controlar y supervisar para que la vivienda llegue a todos los estratos sociales”.

El sindicato de inquilinas también reclama “un control sobre los precios de la vivienda en venta y en alquiler” y apunta, en línea con Adelante Andalucía, a la proliferación de viviendas turísticas, que también reducen la oferta e incrementan los precios. “Es indispensable tasar las viviendas vacías y prohibir las viviendas turísticas, que en conjunto suman cerca de 800.000 alojamientos que podrían entrar en el mercado del alquiler convencional”, indican en su comunicado.

Babiano recuerda cómo muchos barrios de Sevilla en los 70 y 80 se levantaron gracias a promociones de VPO. “Fue un éxito”, indica. Entonces el precio de las viviendas protegidas estaba por debajo del mercado. Hoy, como recuerda Prieto, la situación es distinta. “Si queremos construir VPO a precios asequibles hay que salirse del centro de Sevilla y buscar alternativas de suelo en las zonas periféricas”, indica el promotor, que vuelve al símil de los años 70 y 80, donde esas VPO también se construyeron en barriadas de las afueras, como Pino Montano, que en el siglo XXI ya están dentro de la ciudad.