260.000 firmas, 4.000 alegaciones y una manifestación. Los ciudadanos se movilizan contra el hotel en Cabo de Gata

“Si la sociedad se manifiesta en contra, ¿cómo puede existir un interés social?“. Esta es la premisa con la que este viernes por la tarde la plataforma Genoveses sin hotel ha convocado una manifestación en el paseo marítimo de Almería para mostrar la oposición ciudadana a la apertura de un complejo hotelero en la playa de los Genoveses, en el corazón del parque natural de Cabo de Gata. La concentración es una demostración práctica del rechazo a este proyecto, que cuenta con el visto bueno inicial del Ayuntamiento de Níjar; el administrativo se ha materializado esta semana en la forma de casi 4.000 alegaciones para evitar que el consistorio le otorgue la declaración de utilidad pública e interés social, paso previo y necesario para la concesión de la licencia de obras. “Aún es posible pararlo, pero para eso nos tenemos que movilizar”, arenga Celine Feutry, presidenta de la plataforma.

“La zona donde se quiere ubicar el hotel es un espacio protegido, con el mismo grado de protección que el Algarrobico, la única opción para que se pueda edificar allí es que el proyecto sea declarado de interés económico y social y después de eso, el Ayuntamiento concedería de manera automática la licencia de obras”, explica Enrique Ruiz, miembro de la asociación Amigos del Parque Cabo de Gata-Níjar que, junto con otras entidades ecologistas y ciudadanas, como la Plataforma Genoveses sin hotel o el Grupo Ecologista Mediterráneo, han firmado las alegaciones que terminaron de recogerse el pasado 20 de septiembre y se presentaron este lunes en el consistorio.

En 2016, la empresa Torres y González Díaz manifestó su interés por rehabilitar el cortijo Las Chiqueras, a menos de un kilómetro de la playa de los Genoveses, para construir un hotel de cuatro estrellas de 30 habitaciones, 70 plazas de aparcamientos y varias piscinas. Ese proyecto está cada vez más cerca de hacerse realidad. En 2023 la Junta de Andalucía avaló la construcción al conceder la autorización ambiental unificada -que ha sido recurrida por los grupos ecologistas- y el pasado mes de julio el pleno del Ayuntamiento de Níjar, gobernado por PP y Vox, aprobará el expediente que permite construir en suelo rústico.

El siguiente paso es que ese mismo pleno autorice la declaración de utilidad pública e interés social de esa iniciativa urbanística. Las alegaciones que se han presentado para evitar que reciba esa calificación se apoyan esencialmente en la falta de justificación de esa utilidad socioeconómica. “Entre los requisitos para obtener esa justificación hay que acreditar la creación de puestos de trabajo, la sostenibilidad, que sea respetuoso con el medio ambiente y con la economía social de la zona y la empresa no ha justificado ninguno de estos puntos, ni siquiera ha presentado un balance que asegure que va a repercutir positivamente en el turismo”, señala Ruiz.

El documento que han presentado los promotores, indica Ruiz, se ciñe a una escueta hoja de Excel con unos datos sobre inversiones, costes y período de recuperación de dudoso rigor. “No existe ningún interés social ni económico, el interés es meramente empresarial y privado, se trata de una empresa que ya posee muchos otros hoteles por la zona”, apunta Feutry, que ha recabado casi 263.000 firmas en su petición en change.org para paralizar la construcción del complejo hotelero.

“Este problema viene de lejos”, apunta José Rivera, presidente de Grupo Mediterráneo Ecologista. “Cuando se declaró el parque natural en 1987, en la zona no había alojamientos hoteleros, y en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales se recogió que un buen sitio para hacer hoteles podrían ser los cortijos abandonados, pero desde entonces hasta ahora han pasado muchos años, la situación ha cambiado, en los alrededores hay tantas plazas hoteleras casi como en Almería, y en la zona donde se quiere levantar el nuevo hotel hay 4.000 plazas”, añade Rivera. “El grado de protección en el PORN es C1, incompatible con el uso hotelero, pero la redacción no lo prohíbe expresamente, hay un vacío legal que nunca se ha concretado”, añade Ruiz. Con 13.000 plazas hoteleras en total, para el ecologista está claro que el interés por levantar el nuevo complejo es meramente económico puesto que la demanda hotelera y turística está cubierta.

Los ciudadanos no se fían de las intenciones de la promotora porque, gracias a la autorización de la Junta, consiguió una licencia para abrir un Museo Agropecuario en el cortijo para actividades culturales y de educación medioambiental, que actualmente es un restaurante donde se celebran bodas y banquetes. “Es un uso que está prohibido por la normativa del parque natural. Con la excusa de poder ofrecer bebidas a los alumnos de los colegios que lo visitaban, obtuvieron la licencia y ahora sirven comidas”, indica Feutry.

Un peligroso precedente

La playa de los Genoveses, junto con otras calas aledañas, es de los escasos parajes litorales del Mediterráneo español que no han sido colonizados por el ladrillo. Las arenas y el paisaje que las rodean se han mantenido vírgenes y conservan una huella salvaje, precisamente, porque se ha impedido su masificación con medidas como la de exigir un peaje para acceder a ellas. La construcción del hotel pone en jaque ese ecosistema al convertirse en un polo de atracción de turistas con un indudable impacto para su sostenibilidad, alertan los ecologistas, que no quieren que el nuevo hotel se convierta en otro Algarrobico.

“Este parque natural está en una zona subdesértica y el impacto humano se nota una barbaridad, se trata de un espacio desértico donde se requieren años para que crezca la vegetación”, señala Rivera. El conservacionista advierte de que en la actualidad ya existe una oferta turística preocupante que se traduce en una “presión insoportable para el parque que está perdiendo valor natural”.

Las plataformas ciudadanas y ecologistas confían en que la movilización social evidencie el rechazo a esta edificación y pueda mover al Ayuntamiento a cambiar de opinión e interrumpir el camino que parece ya perfectamente trazado que dé vía libre al complejo hotelero. “Ya está abierta una vía judicial”, advierte Ruiz, que recuerda que interpusieron el recurso contra la autorización ambiental unificada de la Junta en marzo de 2024 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo ha remitido al juzgado contencioso administrativo de Almería, donde está pendiente de reparto. “Otra de las alegaciones es que existiendo un procedimiento judicial en marcha que podría afectar a la autorización municipal, debería paralizarse hasta que no se resuelva”, indica.

Si el consistorio sigue adelante, los ecologistas recurrirán en el contencioso administrativo la licencia urbanística. “Si no basta la vía social iremos a la judicial”, indica Feutry. Ella insiste en que la zona en la que se quiere abrir el hotel solo permite los usos agrícolas y advierte: “Si el Ayuntamiento lo autoriza se crea un peligroso precedente porque daría vía libre a los dueños de todos los cortijos de la zona a levantar alojamientos turísticos”.