El Tribunal Superior andaluz tumba la norma de la Junta para reducir un espacio protegido en Almería

Varapalo judicial para la Junta andaluza (PP) por intentar desproteger un espacio de alto valor ecológico preservado por la Comisión Europea. A sabiendas de una advertencia de Bruselas para restaurar el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Artos de El Ejido, situado en Almería y en parte arrasado por los invernaderos, el Gobierno andaluz legisló en 2020 para reducir el enclave y ahora la justicia ha corregido su deci...

Varapalo judicial para la Junta andaluza (PP) por intentar desproteger un espacio de alto valor ecológico preservado por la Comisión Europea. A sabiendas de una advertencia de Bruselas para restaurar el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Artos de El Ejido, situado en Almería y en parte arrasado por los invernaderos, el Gobierno andaluz legisló en 2020 para reducir el enclave y ahora la justicia ha corregido su decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado la norma que pretendía desclasificar 75 hectáreas protegidas por su alto valor ecológico (el 28% de las 264 con artineras, un arbusto en peligro donde se cobija la fauna del clima semiárido almeriense) y pegarle así un gran bocado para facilitar la ocupación de los cultivos bajo plástico.

Los LIC nacieron hace tres décadas para proteger los hábitats naturales más valiosos de Europa y la decisión de Andalucía para intentar descatalogar parte de un espacio ecológico, sin contar con respaldo científico, tiene pocos precedentes. La Junta aprobó una orden en septiembre de 2020, pero tras un recurso de Ecologistas en Acción, ahora el TSJA le reprende y aclara que es “contraria a Derecho” y está injustificada, tal y como zanjó al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en casos similares.

Las artineras, formaciones vegetales con hasta cuatro metros de altura y 10 de diámetro (Maytenus senegalensis) son una especie en peligro que se extiende en manchas de terreno de Almería, Málaga, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana. En la cuenca Mediterránea están presentes en Italia, Chipre y España. Los científicos las califican como “islas de fertilidad” y son el mayor exponente del matorral climático en un ecosistema semiárido único en el mundo, refugio de otras plantas y aves como el alcaraván. Las ortofotos aéreas obtenidas en 1998 y 2019 por el Instituto Geográfico Nacional evidencian cómo los empresarios agrícolas han ocupado casi por completo dos de las cuatro manchas de terreno protegidas, ante la inacción de la Junta y el Ayuntamiento de El Ejido (PP).

“La propuesta enviada por las autoridades españolas (…) no aporta ninguna prueba científica para la desclasificación de los terrenos afectados por sentencias judiciales ni prueba de que estos terrenos no tengan un interés sustancial en la consecución de los objetivos de las directivas sobre protección de la naturaleza”, reza la sentencia del pasado 1 de diciembre de la sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal andaluz.

Para su propuesta, que daba vía libre al plástico, la Junta se escudó en que el magistrado Manuel Espinosa Labella -exmiembro de la Sala de Gobierno del TSJA, ya jubilado-, entre otros propietarios, había ganado un pleito en la misma sala del tribunal superior andaluz para mantener un invernadero en esos terrenos de El Ejido. Sin embargo, ahora los jueces aclaran que esta sentencia a favor de un propietario en 2008 no justificaba eludir la primacía del Derecho de la Unión Europea y desclasificar hectáreas protegidas.

La Junta andaluza legisló a sabiendas de que incumplía las directrices europeas porque un año antes de publicar su norma, en marzo de 2019, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea le advirtió de que necesitaba pruebas científicas para desproteger el LIC, y así lo resalta la sentencia. “Pese a ello la Administración demandada [el Gobierno andaluz] continuó con la tramitación de la orden”, censuran los magistrados sobre cómo la norma andaluza intentó eludir el artículo 9 de la directiva 92/43 y el artículo 49 de la Ley 42/2007.

Además de legislar en contra de la normativa europea, a posteriori la Junta ha eludido obedecer a Bruselas. Hace dos años y medio el jefe de unidad de la Dirección General de Medio Ambiente europea, Nicola Notaro, reclamó por carta a la Junta una respuesta con “las medidas adoptadas para evitar el deterior del lugar”, y así minimizar el impacto de los invernaderos. El Ejecutivo andaluz sigue hoy sin responder a Notaro.

Abel La Calle, abogado de Ecologistas en Acción, subraya la relevancia del fallo: “No se puede incumplir la ley, ni para ejecutar una sentencia. El problema de fondo es que ni el PP ni el PSOE quieren enfrentarse a los agricultores para que no les acusen de frenar el desarrollo económico de El Ejido. ¡Incluso a los que han urbanizado encima de un LIC!”, exclama indignado. “La protección de la biodiversidad no puede ceder ante los hechos consumados de su destrucción. Si se destruyen los Artos de El Ejido no cabe desproteger y legitimar con ello la actuación ilegal de su destrucción”, aclara. La organización conservacionista ha contado con la cooperación de científicos de la Universidad de Almería, el CSIC y la organización ClientEarth.

La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul andaluza está ahora digiriendo el revés y sus servicios jurídicos estudian si recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. “Nuestra obligación es preservar y conservar esta zona declarada LIC (…) Este paraje se declaró LIC en 2006, lo que quiere decir que es un problema de hace años que no se ha resuelto”, alega una portavoz de dicha consejería al esgrimir la herencia socialista, pese a que hace un lustro que el PP gobierna en Andalucía. El consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, fue alcalde de Almería, a 50 kilómetros del enclave, y su predecesora como consejera, Carmen Crespo, alcaldesa de Adra, a 20 kilómetros de distancia.

Sobre el terreno, el Ayuntamiento de El Ejido ha permitido que durante las dos últimas décadas, desde que aprobó su Plan General, los invernaderos hayan ocupado poco a poco cada vez más hectáreas. “Tenemos cinco inspectores que están constantemente dando vueltas y vigilando, pero no damos autorizaciones en zona LIC”, afirma el concejal de Medio Ambiente, Manuel Martínez. ¿Está seguro de que sus inspectores han visitado el LIC que reflejan las ortofotos? “No digo que no se haya dado algún caso, pero nuestra voluntad es controlar y ahora veremos en qué casos podríamos denunciar a los dueños de esos invernaderos”, alega. El alcalde, Francisco Góngora, añade: “Solo ha habido ocupación del LIC por parte de la familia del magistrado Espinosa, pero no ha sido una ocupación generalizada”. Sin embargo, las fotos aéreas desmienten a ambos políticos populares.

La expansión de los invernaderos en Almería ha acelerado la desaparición de las artineras, que hoy solo ocupan 115 hectáreas, apenas el 5% de su extensión hace 70 años, según los expertos ecólogos. Los empresarios agrícolas han arrancado un ejemplar tras otro, pese a su protección, para sustituirlos por cultivos intensivos de hortalizas y frutas.

“Entre 1957 y 2011 se han perdido por causa humana más de 26.000 hectáreas del área que ocupaban las poblaciones de arto en España y las manchas de artineras se han atomizado en el paisaje (…) Se encuentran al borde del colapso por la ocupación sistemática de su hábitat por los usos agrícolas y urbanos”, alertaron 19 investigadores y científicos de la Estación Experimental de zonas Áridas, perteneciente al CSIC, y diferentes universidades, como la de Almería y Exeter (Reino Unido), en un estudio conjunto en 2020.

El catedrático de biodiversidad y ecosistemas de la Universidad de Almería Javier Cabello subraya que las artineras son únicas en toda Europa y están en peligro de extinción en el sureste ibérico, entre Málaga y Alicante. “A veces estos matorrales arborescentes (muy altos) compiten con las urbanizaciones, otras con las carreteras y otras con los invernaderos. En Almería, con la agricultura como motor económico, la palabra Maytenus está proscrita porque supone la invasión de un espacio protegido”.

El pasado marzo unos 60 científicos, empresas, ONG y Ayuntamientos mantuvieron un encuentro en Salobreña (Granada) para hallar fórmulas que protejan la especie, de la que surgió la plataforma Maytenus.org. Las conclusiones de conservación han sido publicadas en la revista Conservación Vegetal, de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.

Moisés Palmero, a través de la asociación El árbol de las piruletas, tiene un aula de ecología urbana con tres excursiones para que los estudiantes de El Ejido descubran la riqueza ecológica de los alrededores. “Cuando propusimos llevar a los niños a los Artos el Ayuntamiento ponía mala cara porque están totalmente abandonados”, apunta. Desde la oposición local, Manuel Pérez, del PSOE, reconoce que nunca han presentado una iniciativa municipal para proteger la reserva de la voracidad de los empresarios agrícolas. “El desconocimiento de la población sobre los artos es absoluto, la prioridad es la agricultura”.

Tras el reconocimiento en 2006 de los Artos como LIC, la Junta (PSOE) elaboró en 2017 un borrador de plan de gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC, siguiente paso a la declaración de LIC) de 79 páginas que nunca llegó a aprobarse. Este documento ilustraba sobre cómo hace seis años los invernaderos ya habían invadido un 19% del territorio protegido, las zonas industriales y comerciales un 7%, y las carreteras un 4% en una progresiva destrucción del enclave protegido.