El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable: “Cerrar pozos ilegales no da votos”

Los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato llevan más de medio año sin poder beber agua del grifo. Las colas junto al camión cisterna para llenar garrafas de agua se han convertido en algo habitual desde que el pasado 17 abril la Junta de Andalucía la declarara no apta para su consumo por contener unos niveles de carbono orgánico total (COT) muy elevados. La penosa situación que atraviesa s...

Los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato llevan más de medio año sin poder beber agua del grifo. Las colas junto al camión cisterna para llenar garrafas de agua se han convertido en algo habitual desde que el pasado 17 abril la Junta de Andalucía la declarara no apta para su consumo por contener unos niveles de carbono orgánico total (COT) muy elevados. La penosa situación que atraviesa su población ha llamado la atención del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo, que esta semana ha visitado la zona para interesarse por lo que allí sucede. Tras entrevistarse con ciudadanos, ganaderos y empresarios, ha llegado a la conclusión de que en la zona “se vulnera” el derecho humano al acceso al agua desde la red pública, tal y como expuso el pasado miércoles en una conferencia organizada por la Plataforma Unidos por el Agua.

“Elevaré una carta de alegación al Gobierno, que es mi interlocutor, donde expondré la información que he recibido y trasladaré mi posición y unas recomendaciones y cuando pasen dos meses, se hará pública”, explica Arrojo sobre el procedimiento de su oficina en una entrevista concedida a este diario telefónicamente. En marzo de 2022 dio a conocer su última recomendación relacionada con España sobre las situaciones de sobreexplotación de acuíferos en Doñana (Huelva) —a raíz de la proposición de ley de ampliación de regadíos impulsada por PP y Vox en Andalucía―, en el altiplano de Granada, Yecla (Murcia) y en los municipios conquenses de Villar de Olalla y Las Pedroñeras.

“En todos estos casos se ha dado prioridad de facto a actividades productivas por encima del derecho humano al agua potable y cuando no se prioriza ese uso, el agua hay que traerla desde más lejos, realizando obras costosas de depuración que acaban pagando los ciudadanos que no son los que han generado ese problema y que lo que sufren es el impacto”, indica el relator. “Eso transgrede el enfoque de derecho humano que debe tener la gestión del agua, donde la prioridad es el agua potable y no las actividades productivas por muy legítimas que sean”, abunda. Arrojo pone los casos de Hueva y Baza (Granada) como ejemplo. “En la práctica, en Doñana la prioridad era la producción de fresa y en Baza, la expansión de nuevos regadíos con pozos ilegales. En ambos casos lo que ha primado es el desarrollo económico, que a la postre no es tal porque se produce a costa de quebrar elementos básicos como la salud o el derecho humano al agua”, apunta.

Arrojo quita preponderancia al impacto de la sequía en el agravamiento de los problemas de abastecimiento: “La sequía lo que hace es acelerarlos, pero las responsabilidades vienen de tiempo atrás, de procesos progresivos de sobreexplotación de acuíferos, de contaminación que con el cambio climático se acentúan, pero que no son nuevos”. Para el relator, la solución pasa por el cumplimiento de la legislación vigente y por involucrar a los ciudadanos. “En España tenemos leyes bien desarrolladas y tenemos una planificación hidrológica, pero que a veces mira para otro lado porque políticamente a lo mejor no da votos cerrar pozos ilegales y se elude el cumplimiento riguroso de la ley”, sostiene Arrojo. “En todo caso, no se trata solo de cumplir la ley, sino de cumplirla haciendo que la gente la entienda y participe de ella, que sepa que no es un capricho de un gobierno o de otro, sino que es en beneficio del interés general de la sociedad desde la perspectiva máxima del cambio climático”, añade.

El relator de Naciones Unidas es partidario de la “movilización social y del diálogo entre las instituciones que tengan competencias en la materia”. “Estamos hablando de derechos humanos, no es un negocio privado y la solución debe ser cosa de todos y ahí las instituciones tienen sus responsabilidades y la población debe participar en los procesos de solución y buena gestión”, defiende.

Eso es lo que pretende la Plataforma Unidos por el Agua de Los Pedroches que se constituyó el pasado mes de agosto, cuando se cumplían cuatro meses sin poder beber agua del grifo en el norte de Córdoba. Quiso implicar a las comarcas, ayuntamientos y Diputación en una solución común, pero en este tiempo las distintas administraciones han seguido pasándose las responsabilidades entre ellas. Cuando se secó el embalse de La Boyera que suministraba la red pública en lo 24 municipios y 16 aldeas de la zona ―el primero de España en quedarse sin agua―, la Junta ordenó el bombeo desde el vecino embalse de La Colada, pero el mal estado de las aguas obligó a suspender su consumo. En ese momento la Diputación abogó por instalar una depuradora para potabilizar el agua, pero el nuevo presidente, Salvador Fuentes, se ha decantado por la unión de ambas cuencas con un tercer embalse, el de Puente Nuevo. La Junta de Andalucía autorizó el mes pasado la inversión de 11,1 millones de euros para conectar definitivamente los embalses de La Colada con Sierra Boyera, una obra que con un plazo de ejecución de 15 meses. Mientras tanto, la solución pasa por que llueva, aunque para que los 80.000 vecinos puedan volver a beber del grifo tendrían que caer 300 litros por metro cuadrado, algo que no ha sucedido.

El relator aseguró en su conferencia de esta semana que le “parecía impensable que lo que estaba pasando en Los Pedroches esté ocurriendo en territorio europeo”. España fue el segundo país de la UE en reconocer el derecho humano al agua potable en su legislación, reconociendo un mínimo vital de 100 litros por persona al día como expresión de ese derecho. Luego han seguido otros países europeos, pero Arrojo advierte: “No basta con reconocerlo, luego hay que articularlo y aterrizarlo en la práctica”.

“Tenemos que hacer las paces con nuestros ríos”

Además del impacto sobre los ciudadanos de las restricciones que se han impuesto en España azuzadas por la sequía, el relator se ocupa del derecho al agua potable y al saneamiento en el resto del mundo, donde 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua de boca y 4.000 carecen de saneamientos básicos. Arrojo, evita caer en el catastrofismo. “Abordamos la crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul y escuchamos que la escasez y el cambio climático está secando el mundo y yo digo no. El cambio climático aumenta la temperatura por los gases de efecto invernadero, si aumenta la temperatura, aumenta la evaporación de los mares, luego aumenta la lluvia, el problema es que aumenta también la variabilidad climática y llueve distinto. El problema de esos 2.000 millones no es que vivan en entornos escasos de agua, sino que son personas extremadamente empobrecidas que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados”.

Dos son los desafíos que a juicio de Arrojo proyecta la nueva situación climatológica derivada del calentamiento global: “Tenemos que hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas naturales, esos 20.000 millones dependen de que recuperemos el buen estado de nuestros ríos”. El segundo reto pasa por “promover la cogobernanza”: “El agua debe ser entendida como un bien común y no como una mercancía, de manera que si transformamos el agua en un negocio privado, el que no tenga recursos económicos, no tendrá derechos humanos”.