PP y Vox alcanzan un pacto de gobierno en Aragón que incorpora la “prioridad nacional” y da tres consejerías a los ultras

El Partido Popular cede nuevamente ante las exigencias de Vox y consigue llegar al día grande de Aragón, la festividad de San Jorge que se celebra este jueves 23 de abril, con un pacto de gobierno. Lo hace con un documento que replica de manera idéntica el principio de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas consagrado en el texto extremeño a demanda de los ultras, pese a las discrepancias de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sobre el alcance de dicho precepto, que se matiza a su vez bajo el “arraigo” reivindicado por el líder del PP. También se excluye a los inmigrantes irregulares de los “servicios sociales estructurales”, salvo en casos “de urgencia vital”. Así, dos meses y medio después de las elecciones autonómicas anticipadas, el Partido Popular claudica otra vez en Aragón en los mismos términos que en Extremadura para sellar con la extrema derecha un acuerdo para un ejecutivo de coalición, con el que investirán en segunda legislatura al popular Jorge Azcón. Todo tras culminar un “intenso” proceso de negociación en el que han participado también ambas direcciones nacionales y con el compromiso de aprobar cuatro presupuestos.

Los de Abascal se quedan con tres consejerías, una más que en Extremadura al haber logrado más porcentaje de voto en Aragón y haber disminuido el PP en número de escaños su mayoría simple. Eso sí, Vox liderará departamentos cuyas temáticas son muy similares a las extremeñas y que responden a su vez a la guerra cultural ultra. Las carteras aragonesas serán una de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; otra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y una tercera de Medio Ambiente y Turismo. Una de ellas tendrá rango de vicepresidencia, aunque no se ha precisado aún cuál. La extrema derecha consigue, además, un senador autonómico y una vicepresidencia de las Cortes.

El texto sellado entre PP y Vox en Aragón sigue el espíritu ideológico del documento rubricado hace apenas unos días por ambos partidos en Extremadura, al margen de las medidas adoptadas en torno a las particularidades de cada territorio. Entre ellas, “librar a Aragón de la imposición del catalán”, para lo que pretenden reformar la ley de 1999 del Patrimonio Cultural Aragonés. Como en Mérida, el documento responde a las exigencias del argumentario de Vox con la “prioridad nacional” como punta de lanza y otros asuntos como el retorno de menores migrantes no acompañados, así como cortar las subvenciones a las ONGs que asistan a los extranjeros o prohibir el burka y el niqab. “Hay asuntos que nos gustan especialmente, como conseguir esa prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos”, se ha felicitado el líder aragonés de la extrema derecha, Alejandro Nolasco, ante los medios de comunicación tras hacer público el pacto. “Quiero dejar claro que mi prioridad absoluta son los aragoneses. El principio de prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad”, ha subrayado Azcón en línea con Génova, que rebajó el alcance de la medida al incorporar el “arraigo” a la letra pequeña del primer pacto autonómico, y de este segundo, para salvar los escollos legales. De forma que queda redactado prácticamente igual en uno y en otro.

El Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón en Zaragoza, estaba este miércoles ocupado por los operarios que ultimaban los preparativos de la celebración institucional del día grande de la comunidad, San Jorge. A las 17.30, Azcón y el líder aragonés de Vox, Alejandro Nolasco, han llegado juntos a la entrada central del edificio para comparecer ante los medios de comunicación, entre una gran expectación suscitada sobre todo por el alcance del principio de “solidaridad nacional”. Más después de que el PP votase apenas unas horas antes en contra de la moción de los ultras en el Congreso.

De ahí que el presidente aragonés en funciones se haya cuidado mucho de no extralimitarse en sus declaraciones, para que estas tuvieran encaje en la formulación desarrollada por Génova y por el propio Feijóo este martes. “Cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo son medidas que el Gobierno de Aragón puede llevar a efecto. Son competencia del Gobierno de Aragón todas y cada una, cumplirán con el principio de legalidad”, ha insistido Azcón, que no paraba de esbozar una gran sonrisa, y que ha apelado al “arraigo” en los mismos términos que Feijóo. “El número de años que alguien lleva empadronado en una de las localidades de nuestra comunidad autónoma, la residencia legal... requisitos que ya están en la legislación española y que están en la legislación aragonesa”, ha agregado el presidente en funciones. Desde Madrid, Génova ha celebrado el pacto y ha querido dejar claro que “prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura”. Es decir, que literalmente no se pone negro sobre blanco la preminencia de los españoles sobre los extranjeros para sortear los problemas normativos.

Así lo ha reconocido también Nolasco, que ha intervenido de nuevo tras Azcón. “Hay una serie de baremos que se aplican y que se pueden aplicar más restrictivos a la hora de conceder las ayudas sociales”, ha especificado el líder de Vox en Aragón. En cualquier caso, es posible acotar tanto los baremos que de esa forma se beneficie a los españoles sin explicitarlo. Por ejemplo: premiando a quienes hayan ido al colegio en Aragón o cuyos padres también residan en la comunidad.

En el documento aragonés, la “prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas”, se desarrolla, como en el extremeño, así: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Y también se añade la “exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Como en Mérida, se insta al Gobierno central a modificar la Ley Orgánica 4/2000, la de extranjería, y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior.

Dos diputados menos

Como en Extremadura, Azcón adelantó las elecciones autonómicas para tener manos libres frente a Vox. Pero las urnas volvieron a otorgarle una mayoría simple y dispararon a los ultras. El entendimiento definitivo en Aragón se produce dos meses y medio después de la celebración de esos comicios del pasado 8 de febrero, en los que los populares lograron una victoria por mayoría simple de 26 escaños —dos diputados menos que en 2023—, mientras que los ultras doblaron su resultado escalando hasta los 14 asientos —7 más que en los anteriores comicios—.

El pacto llevaba días muy avanzado después de haberse celebrado varias reuniones entre ambos partidos, pero el acuerdo no se ha materializado hasta este miércoles, la jornada anterior a la gran festividad aragonesa. La buena relación previa entre Azcón y Abascal hacía presagiar que habría acuerdo, pero han esperado a desencallar antes en Extremadura y seguir el efecto dominó con un texto parecido. Mañana, Azcón intervendrá aún como presidente en funciones aunque ya con un acuerdo seguro. Será el primer San Jorge con un Gobierno en funciones en Aragón.

En la negociación han participado, además de los dirigentes territoriales de cada partido, representantes de la dirección nacional del PP —Miguel Tellado, secretario general, y Marta Varela, jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo— y de la ejecutiva de Vox, la secretaria adjunta, Montserrat Lluís, y los diputados Carlos H. Quero y José María Figaredo. Faltaba ya que se consumara el acuerdo en Extremadura para que el texto aragonés terminase por cerrarse como otra ficha más del dominó electoral. Y justo se ha anunciado apenas un par de horas después de que la baronesa extremeña, María Guardiola, fuera investida en Mérida.