Vox entra en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y las carteras de Familia y de Agricultura

Fumata blanca. A punto de cumplir cuatro meses después de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, el Partido Popular y Vox han alcanzado este jueves un acuerdo para gobernar en coalición Extremadura e investir a María Guardiola como presidenta. Tras una larga y ardua negociación, que incluyó una investidura fallida de la candidata del PP y una capitulación posterior de Guardiola, que llegó a afirmar que su feminismo es como el de Vox, ambos partidos han acordado que la extrema derecha entre en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, y que lo haga sobre la base de un pacto programático de clara inspiración en las políticas del partido de derecha radical. El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, asumirá la vicepresidencia y dos consejerías elegidas por Vox para hacer su guerra cultural: la de Familia, Desregulación y Servicios sociales, que también dirigirá Fernández Calle; y la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Guardiola será investida por segunda vez como presidenta extremeña con el apoyo del partido de Santiago Abascal, aunque en esta ocasión estuvo cerca de no lograrlo. El líder de Vox llegó a amenazar en este tiempo con una repetición electoral. Al final, tras un intenso tira y afloja que obligó a entrar en la negociación a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, Guardiola ha logrado el plácet de la extrema derecha y está previsto que reciba su apoyo en una sesión de investidura que se celebrará el martes y miércoles de la semana que viene, seis meses después de la disolución de las cortes extremeñas para el adelanto electoral. El pacto prevé también la aprobación de cuatro Presupuestos.

Para lograr el Gobierno de Extremadura, el PP ha firmado un acuerdo programático con Vox de 23 páginas en el que dominan las políticas de la extrema derecha, dedicadas sobre todo a la restricción de derechos a los inmigrantes. El acuerdo contempla “la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. Esto implica, según explican fuentes del PP, que los inmigrantes no tendrán acceso a la renta básica extremeña de inserción. Aunque el texto del acuerdo es ambigüo sobre si se restringirá también a los extranjeros la posibilidad de tener asistencia sanitaria, fuentes tanto del PP extremeño como de Vox afirman que no se acabará con la sanidad universal porque está blindada por una ley estatal del Gobierno de Pedro Sánchez y llevarlo a cabo “sería ilegal”, admiten en Vox. “El acceso a la sanidad es tal y como recoge la legislación vigente”, remacha el PP. En otro apartado se habla de mejorar el sistema sanitario para “garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”, o lo que es lo mismo, no para los ciudadanos de origen extranjero.

Los ciudadanos de origen inmigrante verán limitado también su acceso a la vivienda protegida y de alquiler social, porque la Junta establecerá un “sistema de acceso inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

El PP asume las demandas más extremas de Vox en materia de lucha contra la inmigración, con medidas que van desde el retorno de los menores inmigrantes no acompañados a la supresión de ayudas económicas para las ONGs que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida o la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos. Además, la Junta de Extremadura suprimirá la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en la escuela pública. Para PP y Vox, esta formación, de carácter voluntario, es “un intento de diluir la identidad, usos y costumbres” españolas.

“No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, proclama el pacto de PP y Vox. Como punto de partida, el nuevo Ejecutivo extremeño se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. El Gobierno autonómico “no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”, añade el acuerdo. Esto implica para el PP abandonar su compromiso de acoger a los menores migrantes que establece la ley y que motivó, en el verano de 2024, que Vox rompiera todos sus gobiernos conjuntos, incluido el extremeño.

Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora además el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”. La Junta de Extremadura extremará, además, “la seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojan menores no acompañados con medidas judiciales”.

La extrema derecha coloca también su agenda contra las políticas climáticas de la Unión Europea. El acuerdo declara “mantener Extremadura libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde” europeo, blinda la energía nuclear con la central de Almaraz y sentencia también el “rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños”. El acuerdo comercial de Mercosur, otro de los principales caballos de batalla de Vox, ha sido promovido en Bruselas por el Partido Popular Europeo, pero los de Abascal fuerzan al PP ahora a rechazarlo.

El pacto contempla también la reducción al 50% de todas aquellas subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas; la reducción al mínimo legal de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo y la declaración como Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres, un monumento de origen franquista que piden retirar las asociaciones de memoria.

Las cuestiones de género y sobre el colectivo LGTBi quedan fuera del acuerdo, que solo habla del apoyo a políticas de natalidad.

PP y Vox se comprometen también a bajar los impuestos. En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual en ambos tramos al final de los cuatro años. Y aseguran que construirán al menos 3.500 nuevas viviendas protegidas.

“Por fin hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña. Estamos muy satisfechos con él”, ha celebrado Guardiola en una comparecencia en Mérida esta tarde pasadas las ocho, que ha hecho acompañada de su próximo vicepresidente, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, además del secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, y del dirigente de Vox Ángel Pelayo Gordillo. “Después de muchísimo trabajo, teníamos un único objetivo: conseguir este acuerdo entre quienes representamos al 60 % del arco parlamentario. Es un acuerdo que contempla 74 medidas y que va a permitir que Extremadura pueda seguir avanzando. Hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, y el diálogo frente al ruido”, ha enfatizado la presidenta en funciones.

Prácticamente a la misma hora, desde Granada, en un acto de precampaña andaluza, Santiago Abascal ha celebrado la entente. “Quiero daros una muy buena noticia. Y la buena noticia es que en Extremadura va a haber un Gobierno, que esta misma tarde se ha llegado a un acuerdo”, ha arrancado el líder de Vox. “Y yo quiero felicitar a nuestro candidato, en primero lugar, a Óscar Fernández, pero también quiero felicitar a la señora María Guardiola, del Partido Popular, porque a pesar de la confrontación política y de las diferencias, que son muchas, hemos conseguido llegar a un acuerdo”, ha añadido Abascal. Gracias al pacto garantizarán que Extremadura, ha señalado el presidente de la extrema derecha, “no se va a arrancar un solo olivo”; “va a haber prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social”; “los primeros tramos” de tributación tendrán “con los impuestos más bajos” y habrá un Ejecutivo que “va a defender el campo y la industria frente a pactos absolutamente suicidas y de traidores, como es el de Mercosur”.

El jefe de Vox ha desarrollado de qué se trata la vicepresidencia de Desregulación que ostentará Fernández: “Se va encargar de empezar a deshacer leyes, normativas y exigencias, que han convertido a ganaderos, agricultores y autónomos en oficinistas que tienen que estar todo el día haciendo papeleos en vez de dedicarse a lo suyo”. Tanto Abascal como los suyos están “contentos”, pero no “completamente satisfechos”. “Tenemos una ambición mucho mayor”, ha sentenciado.

En cambio, el PSOE de Extremadura ha cuestionado que el pacto “nace muerto”, porque, señalan fuentes socialistas en la comunidad, carece de bases sólidas y está marcado por la desconfianza entre sus socios. Desde su perspectiva, el proceso ha supuesto una dilación innecesaria que ha mantenido paralizada la acción política en Extremadura, donde el principal escollo, dicen, ha estado en el reparto de cargos. Ferraz considera que el nuevo gobierno de Extremadura se ha “decidido desde Madrid” y aventura que continuará el bloqueo político de la región aunque haya gobierno: “El bloqueo al avance, a los derechos sociales y a los servicios públicos”, informa José Emiliano Barrena. Mientras, desde Unidas por Extremadura consideran que el nuevo Ejecutivo que va a traer “mucho sufrimiento”, y que la región se enfrenta a un Gobierno que dará la espalda a las verdaderas necesidades del pueblo.

El acuerdo llega después de una complicada negociación en la que también han participado las dos ejecutivas nacionales. Y pese a los feroces y recientes ataques del partido de Abascal contra Génova, a quienes llegó a calificar como “contrabandistas de ría”. Aun con las pugnas en público sobre la mesa, el pacto ha terminado fraguándose en Extremadura, pero todavía sigue pendiente en Aragón y en Castilla y León.

Génova también ha celebrado el acuerdo en un breve comunicado difundido esta tarde en el que remarca que “la presidenta Guardiola ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo”. “El número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la Dirección nacional del Partido Popular. Tampoco participarán en estas cuestiones en el resto de negociaciones abiertas en Aragón y Castilla y León”, afirman fuentes de la cúpula. La dirección de Alberto Núñez Feijóo dice estar “muy satisfecha de haber ayudado a desbloquear una situación que hace dos meses apuntaba hacia unas nuevas elecciones y que ahora ha cristalizado en un acuerdo de Gobierno para cuatro años”. Y anticipa que el pacto de Aragón está al caer. “En los últimos días hemos avanzado de manera significativa en las negociaciones en Aragón, donde somos optimistas y donde esperamos alcanzar un acuerdo igual de satisfactorio en los próximos días”, remacha el comunicado del PP.