El Gobierno de Aragón no puede saber al detalle cuántas viviendas de protección oficial tiene, ni cuántos ciudadanos las necesitan
La Cámara de Cuentas destapa que el registro de solicitantes está desactivado, y que el de casas mezcla hojas de Excel dispersas, sin criterios comunes y sin garantía de actualización
El Gobierno de Aragón, que se han repartido PSOE (2015-2023) y PP (desde entonces) en el último decenio, no puede saber exactamente cuántas viviendas protegidas tiene. Tampoco cuántos ciudadanos querrían vivir en una de ellas. Así lo recoge la Cámara de Cuentas en un ...
El Gobierno de Aragón, que se han repartido PSOE (2015-2023) y PP (desde entonces) en el último decenio, no puede saber exactamente cuántas viviendas protegidas tiene. Tampoco cuántos ciudadanos querrían vivir en una de ellas. Así lo recoge la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización sobre 2023 y 2024, que aprobó este 26 de febrero, y en el que concluye que Aragón “no dispone de un Registro de viviendas ni de una base de datos actualizada y contrastable al respecto”. La documentación, denuncia el organismo fiscalizador, se compone de hojas de Excel dispersas, sin criterios comunes y sin garantía de actualización, en las que, además, faltan fechas de alta y baja de los inmuebles. Peor: el registro de solicitantes de vivienda pública lleva suspendido desde 2013, fecha en la que dejó de ser obligatorio apuntarse a él. Todo ello, concluye el ente fiscalizador, penaliza las políticas públicas y la transparencia.
“De acuerdo con la información facilitada, no existe en Aragón un Registro de viviendas desde que se suspendió la obligatoriedad del Registro de solicitantes, ya que estaba externalizado a una empresa y no se mantuvo el servicio”, se lee en el informe. “En la actualidad, la Dirección General de Vivienda utiliza hojas Excel para el registro de las viviendas, sin que exista un archivo único disponible en el servidor común del Departamento, sino que cada trabajador (ni siquiera, servicio o sección) tiene su registro”, afea el documento. “Asimismo, en Huesca y Teruel disponen de su propio registro para las viviendas situadas en ambas provincias, sin que existan tampoco criterios unificados para la gestión de dichos archivos”, se añade en el balance, en el que se detalla que solo la empresa pública SVA (Suelo y Vivienda de Aragón) lleva un registro fiable de sus viviendas, lo que no alcanza al total de las de la región.
Y se alerta: “La falta de información, unida a la descoordinación observada dentro de las diferentes áreas de la Dirección General, sin una base de datos actualizada y global con todo el contenido necesario para esta toma de decisiones (no se dispone de Registro de vivienda, ni de Registro de solicitantes de vivienda, lo que limita mucho el conocimiento de la oferta que se puede realizar y las características de los demandantes) impide, como señalábamos, analizar la planificación efectuada y la trazabilidad hasta las convocatorias de ayudas como resultado final”.
Como el informe se refiere a 2023 y 2024, este diario solicitó al Gobierno regional que aclarara si la situación se mantiene al día de hoy. Sin embargo, el Ejecutivo autónomo ha instado a que la petición de información se registre ante la Dirección de vivienda, en aplicación de la ley de transparencia. No obstante, en sus alegaciones al informe de la Cámara, el Ejecutivo asegura que “para el ejercicio 2026 y siguientes se está poniendo en marcha una nueva plataforma de gestión que recopile, unifique y explote toda la información procedente de las aplicaciones históricas y vigentes de la Dirección General de Vivienda”.
A falta de comprobar que eso se haga efectivamente, la Cámara afea que incluso el inventario oficial que exige la Ley de Transparencia resulta inútil para identificar el parque público: “El inventario que se publica en el Portal de Transparencia no ofrece información suficiente para identificar las viviendas del parque público autonómico”.
La suspensión del registro de solicitantes agrava el problema. Sin solicitantes, se dificulta cruzar oferta y demanda. También que los ciudadanos sepan a qué pueden optar, y dónde. El informe es explícito al señalar que “la suspensión de la obligatoriedad del Registro y la suspensión de facto de su llevanza y utilización condiciona, obviamente, su transparencia”, y añade que la información que se ofrece al ciudadano es difícil de seguir. “La información no es clara, ni existe transparencia y seguridad en el manejo de los datos”, se lee.
La Cámara explica que “la falta de un registro de solicitantes de vivienda, en el que pudiera incluirse esta información, o de un registro específico para personas en condiciones de vulnerabilidad impide al Departamento disponer de información directa y realizar una planificación adecuada a las necesidades”. Y se pone un ejemplo: en la convocatoria de ayudas de 2024 no se priorizó a colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, de desahucios, o personas sin hogar. “No se establece como prioridad la pertenencia a un colectivo vulnerable. El criterio objetivo de concesión fue la fecha de presentación de la solicitud”, se señala.
La consecuencia es directa: Aragón no puede planificar adecuadamente su política de vivienda. Sin inventario unificado, sin datos públicos accesibles para los ciudadanos, y sin transparencia, el resultado es un diagnóstico contundente por parte de la Cámara de Cuentas: es necesaria “una actualización de los datos de la Dirección General y su tratamiento íntegro, de forma clara, completa, segura y geográficamente global, con criterios comunes de llevanza, así como la reactivación del Registro de vivienda”.