La jueza que investiga el colapso de la pasarela de Santander cita como investigada a la agente que desatendió el aviso del 112

La jueza de Santander que investiga el colapso en la pasarela de El Bocal, en la que el martes murieron seis jóvenes y una séptima quedó herida, ha citado a declarar como investigada a una agente de la Policía Local. Según explicó el viernes la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP), la agente recibió una llamada del 112 un día antes del accidente alertando del mal estado de la pasarela, pero no dio curso a ese aviso.

La magistrada también ha reclamado toda la documentación de la senda costera en la que se encuentra el puente desplomado a la Dirección General de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y al Ayuntamiento de Santander.

La instructora, titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, acordó este sábado las primeras diligencias de investigación después de recibir un “minucioso y detallado” atestado de los investigadores de la Policía Nacional, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

A través de una providencia, la jueza ha citado como testigo a la operadora del 112 que recibió la llamada de Fernando Cabellos, un vecino del núcleo de Monte que alertó 24 horas antes del accidente de que la pasarela “se cimbreaba” y podía ser peligrosa. La instructora también ha reclamado al Servicio de Emergencias 112 que aclare si, desde la creación de la senda costera, ha recibido más llamadas alertando sobre el estado del puente de madera de El Bocal. En caso de que haya ocurrido, ha pedido que se le entreguen los audios de esas conversaciones.

La jueza ha citado a “distintas personas” para el próximo 27 de marzo. Además de la agente de Policía Local, que acude como investigada, tendrán que comparecer, en calidad de testigos, los dos ciclistas que alertaron de que la pasarela se había desplomado; el vecino que avisó al 112; y los dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

El Ayuntamiento y el Ministerio de Transición Ecológica han sido requeridos para que entreguen expedientes administrativos y demás informes técnicos del proyecto de ejecución y construcción de la senda costera de la que forma parte la pasarela, y también han de remitir a los juzgados “todos aquellos de los que dispongan sobre el estado de conservación y mantenimiento”.

En cuanto a la situación de la pasarela, la jueza ha pedido que se mantengan los precintos policiales y que se coloquen “barreras físicas” para “evitar todo acceso” al puente derruido. También ha pedido a Costas y al Ayuntamiento que “se abstengan de hacer cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación” que centra su investigación.

La magistrada ha ofrecido a los familiares de las seis víctimas mortales y a la superviviente que se personen en la causa.

Todas las decisiones, sobre las que cabe recurso de reforma en un plazo de tres días, han sido adoptadas después de recibir un informe policial elaborado por el grupo tercero de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Policía Judicial y de la Brigada Provincial de Policía Científica.