Castilla y León descalifica viviendas protegidas en ‘Villa Gaviota’, una zona con beneficiarios del PP, pese a informes negativos
La Dirección General de Vivienda cita una ley franquista para facilitar que los dueños de los inmuebles puedan sacarlos al mercado con precios mayores
La Junta de Castilla y León (PP) descalifica viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano Villa de Prado, apodado Villa Gaviota porque en su día se asignaron pisos protegidos a afines del PP, rechazando informes negativos del Ayuntamiento de Valladolid y de técnicos autonómicos. EL PAÍS ha accedido a documentos de la Dirección General de Vivienda donde se desestiman los estudios municipales y autonómi...
La Junta de Castilla y León (PP) descalifica viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano Villa de Prado, apodado Villa Gaviota porque en su día se asignaron pisos protegidos a afines del PP, rechazando informes negativos del Ayuntamiento de Valladolid y de técnicos autonómicos. EL PAÍS ha accedido a documentos de la Dirección General de Vivienda donde se desestiman los estudios municipales y autonómicos contra el levantamiento de esa protección. Vivienda esgrime una normativa franquista de 1968 pese a que los informes recuerdan una ley autonómica de 2010, que impide las descalificaciones si la Administración local lo veta, para intentar bloquear las “plusvalías individuales” derivadas de poder vender pisos anteriormente bonificados y cuyo precio se ha doblado. “No han desarrollado ningún reglamento de la ley de vivienda autonómica de 2010 para que puedan utilizarse criterios discrecionales a conveniencia. No generando normas, aplicando las de Franco de forma subsidiaria, generan inseguridad jurídica para hacer lo que les conviene”, explican fuentes de Vivienda críticas con estos procedimientos.
Todo comenzó en 2003, cuando comenzó a construirse en suelo público. Entonces se edificaron múltiples VPO de precio reducido y las promotoras adjudicaron parte a quienes quisieron, pues no se les impedía legalmente. Entre los agraciados había múltiples afines al PP del entonces alcalde Javier León de la Riva, condenado en 2015 por desobediencia, como su hijo o su hermana, esta residente en Málaga. Aparte, nombres como Carlos Paramio, hoy asesor del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, e hijo del jefe de Protocolo de la Junta cuando gobernaba José María Aznar; la hija del exconsejero de Agricultura y senador, José Valín; la hermana del ex viceconsejero de Cultura Alberto Gutiérrez Alberca, hoy concejal; dos hermanos de la exprocuradora y senadora Arenales Serrano; dos hijos del exconcejal Tomás Punzano; un hermano del ex delegado territorial de la Junta, Juan Carlos Sacristán; el hijo del ex delegado del Gobierno Isaías García, residente en Tenerife y que acabó renunciando; el alcalde de Fombellida y vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, Víctor David Alonso; dos cuñados y dos sobrinos de un hermano de la concejala y diputada Mercedes Cantalapiedra; o la hija de José Luis Gómez Guijas, extesorero del PP con Aznar y exvicepresidente de la Diputación de Palencia.
El caso se judicializó pero fue sobreseído porque las promotoras tenían derecho a atribuirlas libremente pese a lo poco estético de las asignaciones. El tiempo ha pasado y ha vencido el plazo para que los adjudicatarios puedan reclamar que pierdan esta protección, 10 años “desde el otorgamiento de la licencia de primera ocupación”, si la Administración permite que se haga en un suelo “cedido o enajenado” por ella —punto clave— y si se devuelven las ayudas. De no pedir la descalificación, esta protección se mantendría 30 años sin tener que reintegrar esos fondos pero tardando más en sacarlas al mercado. Estas solicitudes se han ido sucediendo y el Ayuntamiento de Valladolid detectó varias reclamaciones en 2023, cuando gobernaban el PSOE de Óscar Puente y Valladolid Toma La Palabra, un partido local izquierdista.
Los informes municipales no vinculantes remitidos a la Dirección General, competente en la materia, rechazaban estas descalificaciones citando el artículo 50.2 b) de la legislación autonómica 9/2010, que impide esas descalificaciones cuando “el suelo [...] no haya sido cedido ni enajenado por una administración pública, salvo conformidad expresa”. El Consistorio había ordenado anteriormente “la no descalificación de VPP [figura más moderna de misma categoría que las VPO] construida sobre un suelo enajenado por este Ayuntamiento”. La corporación cambió y ahora mandan PP y Vox, que no han cambiado la postura, como ha constatado EL PAÍS con un informe negativo de febrero de 2026.
Estos informes se elevan a la Dirección General de Vivienda, cuyos técnicos los ratifican alegando que no existe perjuicio a los solicitantes, pues simplemente se les priva de “vender el inmueble a un precio superior al precio máximo de la vivienda de protección pública”. Según las fuentes de la Junta críticas con esos procedimientos, esa descalificación propicia “especulaciones y pelotazos” porque los beneficiarios se lucran a título particular de un inmueble edificado en suelo público pese a que el artículo 47 de la Constitución recoge que “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Por tanto, según ellos, “hace incompatible el interés general con la generación de una plusvalía individual a costa de un suelo de origen municipal”.
Los documentos del Ayuntamiento y de los técnicos de la Junta, en cambio, no se atienden y se consienten las descalificaciones. La Dirección General de Vivienda se apoya en una ley franquista de 1968 que arguye que “los propietarios podrán, antes de que termine el plazo legal de duración del régimen legal de protección, pedir la descalificación voluntaria de sus viviendas, que podrá concederse con carácter discrecional y siempre que de ella no se deriven perjuicios para terceros”. La normativa preconstitucional añade, como la de 2010, que los adjudicatarios deberán devolver las subvenciones, suma que en ningún caso iguala el potencial “pelotazo”, denuncian los funcionarios. Las resoluciones de Vivienda, que acaban en los boletines oficiales de Castilla y León, rechazan el “perjuicio para el interés general” que aprecian los informes previos e insisten en el Decreto 2114/1968 alegando que conforme a ese Decreto “no se indica qué perjuicios generaría la descalificación a terceros concretos” ni si los recurrentes han cumplido o no el requisito de reintegrar las subvenciones. Tampoco creen, como sí exponen los técnicos, que afecte “a la función social de las viviendas protegidas y en definitiva al interés público”, aludiendo para ello a normativas de entre 2002 y 2009.
La fuente de Vivienda censura la superficial legislación de Castilla y León: “No han desarrollado ningún reglamento de la ley de vivienda autonómica de 2010 para que puedan utilizarse criterios discrecionales a conveniencia. No generando normas, aplicando las de Franco de forma subsidiaria, generan inseguridad jurídica para hacer lo que les conviene”. El técnico de la Junta cita la sentencia 112/2013 del Tribunal Constitucional, que asegura que “la limitación temporal en la descalificación voluntaria de las VPO que hayan recibido ayudas públicas conforme al Plan estatal de Vivienda tiene una incidencia directa y significativa en el sector económico, en la lucha contra la especulación y en la efectividad del derecho a la vivienda para los colectivos más desfavorecidos”.