La Junta andaluza avala el polémico contrato a José Manuel Soto para promocionar El Rocío
El Consejo Consultivo ve “causa de nulidad” pero añade que abolirlo no contribuiría al interés general
El Gobierno andaluz (PP) considera que el contrato otorgado a dedo al cantante José Manuel Soto por 14.762 euros para diseñar su proyecto Senderos del Rocío es legal, pese a que el Consejo Consultivo, órgano consultor de la Junta en cuestiones jurídicas, avala que hay “causa” para considerarlo nulo. El Ejecutivo zanja así la revisión del convenio basándose en otro aspecto del mismo dictamen, ya que el Consultivo añade que abolir el convenio no contribuiría al interés general. El dictamen del Consejo está firmado por el consejero Luis García Navarro, número tres de la Consejería de Justicia hasta 2023 y exabogado del PP en el caso de los ERE durante una década.
La Consejería andaluza de Turismo y Acción Exterior da así carpetazo a la investigación interna surgida tras las denuncias de la oposición política y pone fin a la vía administrativa, aunque aún sigue viva la judicial, ya que el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla investiga el contrato de la Junta con el artista. Senderos del Rocío es un proyecto ideado por Soto con 12 rutas que atraviesan Andalucía desde las ocho provincias y culminan en la ermita de El Rocío, con el Camino de Santiago como espejo. “Después de la resolución del Consultivo, el archivo de la Agencia Antifraude y el criterio de nuestro servicio jurídico, el contrato es legal y ha cumplido la encomienda que tenía”, estima un portavoz de dicha consejería. Eso sí, a pesar del cierre de las pesquisas, el Gobierno reclama 30.000 euros a Soto por gastos inconvenientes incluidos en las dos subvenciones que recibió, que suman 550.000 euros.
La Junta remitió el pasado julio el expediente del contrato al Consejo Consultivo, órgano consultor del Ejecutivo en cuestiones jurídicas, para que este analizara su posible nulidad “al prescindir total y absolutamente del procedimiento legal establecido”. El Consultivo constata ahora que el contrato con la empresa creada por el cantante, Camino de Andalucía SL, es nulo al incumplir la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, Soto no debió recibir el dinero público para un proyecto de rutas turísticas, ya que carecía de dicho concepto entre sus objetos sociales originales: “Resulta evidente que al tiempo de la celebración del contrato, la empresa carecía de capacidad de obrar al faltar la vinculación entre el objeto social ex estatutos, y el objeto del contrato (…) Debemos apreciar la existencia de la causa de nulidad alegada”, aclara el dictamen.
Sin embargo, a continuación, el Consultivo matiza que las causas de la nulidad deben “ser interpretadas” y considera que en este caso, abolir el convenio entre la Junta y Soto no procede porque no contribuiría al interés general. “La revisión de oficio no busca el restablecimiento en abstracto de la legalidad, sino que tiene que servir a un fin reparador (…) Deben tenerse en cuenta la intensidad e importancia del interés público que resulte restaurado con la revisión, y el perjuicio que pueda padecer el particular”, reza la resolución, emitida hace tres semanas por García Navarro y Manuel del Castillo como consejeros ponentes.
Pero el carpetazo de ambos consejeros ha tenido un voto particular por parte de otro consejero del órgano consultivo, Diego Martín Reyes, expresidente de la gestora de Marbella tras el caso Malaya, que reprocha a sus compañeros una “exacerbada discrecionalidad” para evitar anular el contrato, pese a que así lo marca la ley. Tanto García Navarro, ex secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración de la Junta hasta 2023, como Del Castillo se acogieron para eximir a la Junta de anular el contrato al artículo 110 de la Ley 39/2015, que detalla cómo se puede evitar la revisión de oficio “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes” o por circunstancias similares.
Martín Reyes aclara: “Existe una exacerbada discrecionalidad que en este caso resulta injustificada, pues ni el tiempo transcurrido (un año) ni la prescripción de acciones tienen aplicación. Y desde luego luce por su ausencia argumentación alguna que ponga de relieve que el ejercicio de la revisión de oficio, en este caso, resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. El jurista subraya que es imposible “invocar la buena fe del contratista “que oferta una contratación a sabiendas de su concreta incapacidad para contratar, ni la de la Administración que omite su deber de comprobación de aquella”.
Martín Reyes destaca cómo en este caso el Consultivo ha evitado “el cumplimiento de la legalidad, no por su esplendor, sino para evitar un peligroso y laxo sentido de la discrecionalidad”. El consejero critica cómo en este asunto se aprecia con claridad “la concurrencia del contratista y de la propia Administración en la causa de nulidad (el primero por acción y la segunda por omisión de su deber) y se produce una compensación de culpas que permite el abono de los servicios prestados a satisfacción y del beneficio industrial”. Por ello, considera que el contrato debería ser abolido por la Junta además de ser considerado nulo al incumplir la ley.
La Oficina andaluza Antifraude instó hace un año a la Junta a anular el contrato con Soto tras detectar “vicios de nulidad” y considerar que en vez de otorgarse a dedo a Soto, debió invitarse a tres empresas para contar con concurrencia competitiva. El organismo coincidía con el Consultivo al censurar que Camino de Andalucía SL estaba destinada a “actividades artístico-musicales” y no debió recibir el dinero público para un proyecto de rutas turísticas, lo que comporta un vicio de nulidad. Sin embargo, finalmente la Oficina Antifraude optó por no estudiar el fondo del asunto al alegar que la Junta ya estaba analizando su legalidad, y procedió a archivar su expediente abierto.
Tras las denuncias iniciales del partido Por Andalucía sobre el convenio con Soto, el cantante afirmó hace un mes: “Yo no soy la pieza de caza mayor, sino Juanma Moreno [el presidente andaluz], intentan desgastarle”. El artista, que en 2023 atacó de manera dura en redes sociales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y luego pidió perdón, precisó el pasado enero que sigue siendo amigo de Moreno.