Asociaciones celebran la convocatoria de 500 nuevas plazas pero piden que los nuevos jueces lleguen cuanto antes

Las asociaciones judiciales han valorado como una buena noticia el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para convocar 500 plazas de jueces y magistrados, pero al mismo tiempo han reclamado que se hagan las reformas necesarias para que l...

Las asociaciones judiciales han valorado como una buena noticia el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para convocar 500 plazas de jueces y magistrados, pero al mismo tiempo han reclamado que se hagan las reformas necesarias para que los nuevos togados lleguen cuanto antes. El acuerdo, negociado entre el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, supone que el Gobierno ofertará 375 plazas por oposición (el turno libre) y el órgano de gobierno de los jueces hará lo propio con otras 125 plazas para el cuarto turno, el reservado para juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional.

El pacto se ha plasmado en un acuerdo del CGPJ donde, en su segundo punto, encarga un informe interno para determinar cuántas plazas del cuarto turno hacen falta de cara a las convocatorias. Además, el Consejo ha encomendado a su Comisión de Escuela Judicial que proponga una reforma legal para acortar los plazos de incorporación de los nuevos jueces.

“Si de verdad se hace la convocatoria en esos términos, no es una mala noticia”, ha dicho María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ―la mayoritaria en la carrera judicial―, en declaraciones a EL PAÍS. No obstante, ha considerado que “será interesante saber cómo, sin Presupuestos Generales del Estado, van a afrontar esta creación, salvo que se haga por la vía de crédito extraordinario”.

Interrogada sobre las plazas previstas para el cuarto turno, la decana de los jueces de Madrid ha recordado que la ley prevé que una de cada cuatro plazas vacantes de magistrados se reserven para el cuarto turno, por lo que no tiene “nada que objetar”, si bien ha hecho hincapié en que una cosa es esa vía de acceso a la carrera judicial y otra, el proceso de regularización de jueces sustitutos que proyecta el Gobierno. A eso sí se oponen firmemente, ha reiterado.

Además, Del Barco ha indicado que “también sería conveniente reducir el tiempo de Escuela Judicial a lo estrictamente fijado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y suprimir la fase de sustitución y refuerzo para que los jueces que aprueban la oposición puedan tomar posesión en sus destinos antes”.

“Una reivindicación histórica de la judicatura”

Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), directamente ha calificado de “acierto” este acuerdo. “Permitirá cubrir un déficit que todas las instituciones y colectivos jurídicos veníamos señalando”, ha señalado en un comunicado.

En este sentido, ha reiterado que el tamaño de la carrera judicial es “insuficiente” para atender “el incremento de la litigiosidad y la carga de trabajo que tiene la judicatura”, lo que “redunda negativamente en la atención que se presta a profesionales del derecho, en la salud de profesionales y en los tiempos de respuesta de los procedimientos judiciales”.

Asimismo, ha destacado que “esta medida complementa la reciente decisión de ampliar en mil plazas los tribunales de justicia durante los años 2026 y 2027”, tras la entrada en vigor de la ley que creó los tribunales de instancia. A su juicio, “ambas medidas se complementan y atienden en parte una reivindicación histórica de la judicatura”, que “siempre ha mantenido la necesidad de aumentar el número de personas que la integran para poder atender con más calidad y rapidez los litigios que se tramitan en los tribunales”.

De igual forma, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha celebrado el acuerdo entre Justicia y el Poder Judicial, pero ha reclamado “medios suficientes para que estos jueces puedan trabajar y una planificación a largo plazo”. La portavoz de la asociación, Marien Ortega, recuerda en un comunicado emitido este miércoles que llevan “años” pidiendo un “incremento sostenido del número de jueces porque España sigue por debajo de la media europea en jueces por habitantes”.

Al igual que la APM, la Francisco de Vitoria considera “llamativo” que durante años se les haya trasladado a las asociaciones que una ampliación significativa de plazas no era posible con unos Presupuestos Generales prorrogados y “ahora se anuncie ‘la mayor convocatoria de la historia”. “Eso demuestra que, cuando hay voluntad política y acuerdo institucional, hay margen para hacer más”, ha remarcado.

Con todo, Ortega ha pedido “no desligar esta convocatoria del contexto en el que se produce”, en referencia a la implantación “acelerada” de los tribunales de instancia y la aplicación de la ley de eficiencia. “Cambiar la estructura, multiplicar las plazas sobre el papel y hablar de ahorro solo tiene sentido si van acompañados de medios reales: plantillas completas, oficinas judiciales bien dimensionadas y sistemas informáticos que funcionen”, ha apuntado. A su juicio, lo contrario, sería asumir el riesgo de crear 500 plazas nuevas “en un sistema que ya está tensionado y que no tiene garantizada la infraestructura necesaria”.

Equiparar las ratios de jueces a niveles europeos

En la misma línea, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros, ha tildado el anuncio de “muy buena noticia”. “De hecho, habría que mantener este ritmo de convocatorias de forma continuada, para equiparar las ratios de jueces a los niveles de la UE”, ha apostillado, en declaraciones a EL PAÍS.

Al hilo, ha recordado que, “con los tiempos que se venían aplicando hasta ahora, estos nuevos 375 jueces tomarían posesión de sus plazas a principios de 2030″. Por ello, ha valorado la iniciativa del CGPJ de “acortar plazos”, aunque advirtiendo de que no debe afectar “a la buena preparación de los jueces”, de modo que el mérito y la capacidad se mantengan como principios rectores.

García Ceniceros también se ha detenido en el anuncio referido al cuarto turno, apuntando que “es evidente que la convocatoria debía haberse hecho ya”. Pese a ello, ha advertido de que “la cifra de 125 plazas que da el ministro Bolaños puede ser errónea” porque la ley establece que “se cubrirán por este sistema el 25% de las vacantes que se produzcan en plazas de categoría de magistrado”. “Es decir, se convocarán de manera coordinada con el ascenso de juez a magistrado”, lo que “no significa que el 25% de las plazas convocadas para ingreso en la carrera judicial tengan que ser cuarto turno”, ha detallado.

Por último, y al igual que la APM, el presidente del FJI ha llamado la atención sobre la posibilidad de dar este paso pese a la ausencia de unas cuentas públicas actualizadas. “Se evidencia que la convocatoria de más plazas de oposición no está necesariamente vinculada a que haya Presupuestos Generales del Estado. Hay vías legales para poder hacerlo”, ha remachado.