El PP somete al Gobierno a la estrecha vigilancia de Europa
La dinámica de oposición de los populares al Gobierno tiene en el Parlamento Europeo un potente ramal. Sánchez multiplica iniciativas y presencia
El Estado de derecho en España está erosionado y el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, traerá graves consecuencias para Extremadura. Estas son las afirm...
El Estado de derecho en España está erosionado y el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, traerá graves consecuencias para Extremadura. Estas son las afirmaciones de las que parte el Partido Popular Europeo (PPE), en su comunicación oficial para anunciar la estancia en España, hoy y mañana, de una delegación oficial del Parlamento Europeo. En la delegación hay representantes de cinco formaciones políticas de distintas nacionalidades; son cinco miembros de la comisión de Libertades, que preside el eurodiputado español del PP Javier Zarzalejos. En el lenguaje oficial de la oficina del Parlamento Europeo el anuncio es institucional y no prejuzga cual será el resultado de las pesquisas.
“Visita de eurodiputados a España para evaluar la situación del Estado de derecho”. Se trata de “evaluar la independencia del poder judicial y los esfuerzos contra la corrupción”, añade la convocatoria de la oficina de España de la Eurocámara.
Antes de producirse la llegada de los eurodiputados ya han arreciado las quejas del PP español. Su deseo era que los eurodiputados pudieran interpelar directamente al presidente del Gobierno y a los ministros seleccionados. Estos consideran que no tienen la menor obligación de atender esas peticiones y que los miembros de la delegación tendrán todas las facilidades para tratar con representantes de las administraciones, del Gobierno, y de las distintas asociaciones de la judicatura para evaluar el Estado de derecho.
El Gobierno y los socialistas españoles en la Cámara de Bruselas no se han visto sorprendidos por esta iniciativa. La dinámica general del PP de oposición al Gobierno español tiene en el Parlamento Europeo un potente ramal en la que continuar la fiscalización al Ejecutivo. Los acuerdos cotidianos de las dos familias europeas, el PPE y Socialistas y Demócratas, como denuncia constantemente Vox para atacar al PP, son compatibles con el ataque de los conservadores al Gobierno de España en todos los resquicios para la denuncia que deja la Eurocámara, que son muchos.
“La misión se produce tras los últimos informes europeos sobre el Estado de derecho, el aumento de los casos de corrupción y los reiterados avisos sobre los fallos en la independencia judicial en España”, apuntan los populares. “Desde la delegación del Partido Popular subrayan que el viaje del Parlamento Europeo como institución no es protocolario, sino consecuencia directa de los problemas persistentes que presenta España en materia de separación de poderes, funcionamiento de la Justicia y control del poder ejecutivo”. En este contexto denuncian que el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, no hayan atendido la petición de atender cara a cara a esta delegación. Fuentes gubernamentales aseguran que no tienen obligación de hacerlo. El enfrentamiento absoluto entre el Gobierno y el PP, y la práctica de denuncia constante de los populares en la Eurocámara desde que Sánchez formó gobierno hace siete años, explica que La Moncloa no quiera facilitar lo que considera una estrategia partidista del PP.
Lo cierto es que las iniciativas de los populares en la Cámara de Estrasburgo tienen todo el apoyo y complicidad de sus correligionarios ideológicos en la denuncia contra Sánchez. Lo que ocurre en la Eurocámara, sin embargo, no circula en paralelo a las decisiones de la Comisión y el Consejo Europeo, resaltan fuentes gubernamentales. La posición de Sánchez a contracorriente sobre la autonomía europea, como se ha visto este fin de semana en el foro de seguridad de Múnich, contrario a la escalada del armamentismo, podrá ser cuestionada por sus socios, pero de momento a ninguno se le ha ocurrido acusarle de ahogar las libertades y el Estado de derecho en su país.
Pero de libertades y separación de poderes quiere tratar la delegación de los eurodiputados en sus reuniones con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde–Pumpido; y la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato. Las entrevistas con las diversas asociaciones de jueces y fiscales darán buena cuenta de la disparidad de opiniones en el terreno judicial.
La fiscalización sobre los fondos europeos es la inminente batalla de los populares con la petición desde hoy de la comparecencia de todos los ministros para que expliquen “la falta de ejecución de los fondos”. Esto ocurre al tiempo que el presidente del Gobierno presenta la creación de un nuevo fondo, España Crece.
A falta de Presupuestos, Sánchez incrementa las iniciativas que no dependen directamente de las cuentas. Después de la presentación del fondo, con varios miembros del Gobierno, se desplazará al Ministerio de Trabajo para firmar la subida del Salario Mínimo Interprofesional junto a su artífice, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los líderes sindicales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. No lo hacía desde 2020. Ahora sí quiere estar presente en cada anuncio de impacto social.