Andalucía y Cataluña, la noche y el día en la separación de basuras

Andalucía y Cataluña, las dos regiones más pobladas del país, tienen una recogida separada de la basura urbana muy dispar. Tanto que la primera está en el furgón de cola de las comunidades (con un 17,2%), por lo que la mayoría de residuos acaba en el vertedero, y la segunda a la cabeza (con un 44,6%), con un sistema engrasado de recogida selectiva y solo superada por Navarra. Con poblaciones similares, de 8,6 y 8,1 millones respectivamente, los motivos son múltiples, pero sobresale la gran apuesta catalana por crear hace 20 años ...

Andalucía y Cataluña, las dos regiones más pobladas del país, tienen una recogida separada de la basura urbana muy dispar. Tanto que la primera está en el furgón de cola de las comunidades (con un 17,2%), por lo que la mayoría de residuos acaba en el vertedero, y la segunda a la cabeza (con un 44,6%), con un sistema engrasado de recogida selectiva y solo superada por Navarra. Con poblaciones similares, de 8,6 y 8,1 millones respectivamente, los motivos son múltiples, pero sobresale la gran apuesta catalana por crear hace 20 años una agencia que iguale el territorio, y deje la recogida separada y el reciclado de basuras al margen de los vaivenes políticos.

Un dato ejemplifica la apuesta desigual de ambas regiones: mientras la Agencia catalana de residuos posee una plantilla de 242 empleados, en el Gobierno andaluz apenas 35 trabajadores coordinan el reto de lograr que la población cumpla y separe la basura para poder reciclarla, según fuentes de la Consejería andaluza de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Es decir, una plantilla siete veces menor para un territorio que casi triplica a Cataluña (87.000 frente a 32.000 kilómetros cuadrados).

Otra gran diferencia es que ciertas ciudades catalanas multan a sus vecinos por no separar su basura en los distintos contenedores, mientras que en Andalucía la mano dura es aún incipiente. “La gente en Suiza recicla porque si no sacan la bolsa apropiada, le cascan 2.000 francos, igual que el carné por puntos logró que no bebamos y cojamos el coche. Cataluña lo ha hecho mejor que Andalucía entre otras razones por aplicar políticas más rígidas, por delante de la normativa”, reflexiona José Manuel Alcántara, director general de Arcgisa, empresa pública para los residuos y el agua del Campo de Gibraltar (Cádiz).

El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) tramitó el año pasado 26 multas por incumplir la ordenanza municipal sobre residuos con multas entre vecinos y empresas. “Llega un momento en que hay que multar, igual que a quien se salta un semáforo”, subraya Albert Planell, director de la Agencia catalana de residuos. En Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla multa a sus vecinos desde hace solo un año y medio por no separar sus basuras, y el de Málaga de momento solo apercibe a sus ciudadanos, sin dar el paso de sancionarles, con 326 avisos en dos años.

Mientras Andalucía solo recogió de manera separada 0,7 millones de toneladas de basura del total que produjo de 4,4 millones en 2023 (17,2%), Cataluña subió sus residuos seleccionados en distintos contenedores hasta 1,4 millones de toneladas, del total de 3,3 millones producido en 2023, según los últimos datos recabados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Solo Murcia (15%), Extremadura (15,9%) y Castilla-La Mancha (16,7%) están peor que Andalucía, y solo Navarra (49,3%) supera a Cataluña y roza el objetivo marcado del 50% por la Unión Europea para 2035. La Comunidad de Madrid es la cuarta mejor situada, con un 37,7% y casi un millón de toneladas del total de 2,6 millones que produce. Por ahora, la basura separada en España solo llega al 28% de media.

“En Andalucía los números están muy bajos, tanto en selectiva como en reciclado, y no se conciencia a la población por falta de voluntad política. Porque debe mejorar la selectiva y la concienciación, pero también los contenedores y la frecuencia de recogida”, resume el coordinador de Medio Ambiente en la Diputación de Granada, José Manuel Soto. Los turistas no ayudan al reciclaje, sino que lo lastran, ya que de vacaciones los ciudadanos descansan y consumen, pero no suelen separar la basura que dejan en tierra ajena, recuerdan los expertos. El sur del país recibió el año pasado casi 38 millones de turistas, mientras que el noreste lo visitaron 20 millones de personas, casi la mitad, lo cual perjudica las cifras de Andalucía.

En 2022, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados introdujo dos novedades importantes: por un lado creó un impuesto de 30 euros por cada tonelada de residuos que los Ayuntamientos llevan a vertedero y que es adicional a los costes que ya estaban soportando. Y por otro estableció que las tasas de basura deben cubrir todos los costes del servicio, de modo que dejen de ser deficitarias y subvencionadas mediante la caja única de los Ayuntamientos. “El sistema no es transparente: desconozco cuántas toneladas van a vertedero, cuánto recauda la Junta ni qué obras realiza. Lo lógico sería un Decreto de obras de interés autonómico, como con el agua. Hay una falta manifiesta de herramientas de gestión”, censura Santiago Gutiérrez, gerente de la empresa pública de residuos Chiclana Natural.

El Gobierno andaluz (PP) defiende que intenta revertir las malas cifras con inversión, y que este año se movilizarán 163 millones en economía circular y gestión de residuos, un 18% más que en 2025. Desde 2019 y tras el plan Pirec 2030, la Junta ha invertido 110 millones en subvenciones para la recogida separada y nuevas plantas de tratamiento entre otros conceptos, subraya por escrito una portavoz de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La recaudación del impuesto al depósito en vertedero que pagan los Consistorios supondrá este año 105 millones que la Junta meterá en la caja común y no destinará por completo a la mejora del sistema de basuras, ya que la Ley estatal de 2022 no lo fijó como un impuesto finalista y dejó la potestad de decidir a las autonomías.

Varios expertos coinciden en que las malas cifras de Andalucía, que representa el 20% del país en producción de toneladas de basura, lastran los números de todo el país. Esto será un problema para cuando España presente sus cifras ante Bruselas y pretenda evitar las multas millonarias que ya recibe por falta de depuración de aguas y que pueden replicarse por el tratamiento de la basura urbana. Preguntado al respecto el Ministerio, este diario no ha obtenido respuesta.

En Cataluña la gobernanza ha sido fundamental para homogeneizar el territorio y concienciar a los alcaldes, y así lograr que todos remen en la misma dirección. “La concienciación de la ciudadanía se salva invirtiendo en campañas de educación y sancionando. En Andalucía se ha gobernado con populismo para no aplicar sanciones, porque para el usuario separar la basura es incómodo, igual que para un fumador no poder fumar en sitios, pero no queda otra”, reprocha Alcántara.

Hay otra gran diferencia que a lo largo de los años ha robustecido el sistema de recogida selectiva catalán: El impuesto a vertedero abonado por los 947 Ayuntamientos se ha reinvertido en la mejora de contenedores, camiones y plantas de tratamientos de basura. De los 96 millones recabados el año pasado, el 94% se reinvirtió en el sistema. Mientras, Andalucía lo mete en su caja común y solo una parte de los 105 millones del próximo ejercicio irán destinados a la gestión de residuos.

“Nosotros adelantamos el dinero que cobramos a los Ayuntamientos, pero se lo queda la Junta”, protesta Agustín Martínez, director del vertedero de Montemarta Cónica, dependiente de la Mancomunidad de Los Alcores (Sevilla), y que concentra la basura de 1,4 millones de personas, la más grande al sur de Madrid. Martínez explica que su planta, construida en 1997 y hoy muy obsoleta en cuanto a las mejores técnicas disponibles, se quedó fuera de los fondos europeos Next Generation canalizados por la Junta andaluza por “trabas administrativas”. “Hacemos lo que podemos, pero la renovación de la planta, prevista para 2016, se ha ido retrasando por historias políticas”, resume con resignación.

Dejar las rencillas políticas al margen ha costado sudor y lágrimas en Andalucía, según la media docena de gestores consultados. La provincia de Granada, con 174 Ayuntamientos, ha logrado por fin este año planificar un servicio mancomunado para aprovechar las sinergias, la última provincia andaluza en mover esa ficha esencial. Y aún así, solo 80 municipios han delegado en la Diputación todas la recogida de basuras, 45 las selectivas y otro medio centenar se ha quedado al margen por distintas razones. “Hasta ahora era un caos y un clamor, y no se ha hecho antes por dejación política. Los Ayuntamientos hacían contratos con empresas diferentes, sin frecuencias de recogida y contenedores desbordados. Ahora se evitarán los procedimientos de licitación, sobre todo Ayuntamientos pequeños con pocos recursos, en un sistema que Jaén dispone hace 20 años”, censura Antonio Mancilla, diputado provincial de Medio Ambiente.

Para lograr encabezar la lista de regiones, Navarra comenzó a separar sus residuos en 1992 y la basura orgánica en 2013. “Es vital crear cultura medioambiental con visitas de todos los institutos a las instalaciones, que se nota en la concienciación de la población. Así cuando propones cambios, la respuesta es positiva. Y ha sido fundamental que la alternancia política no ha interferido”, ensalza Miguel Ángel Díaz, director del servicio de residuos de Pamplona. El compost generado en Navarra se reutiliza para su uso en la agricultura, a diferencia de Sevilla, donde los residuos orgánicos están tan contaminados por los metales pesados, que es imposible su reutilización.

El debate entre los expertos sobre cómo mejorar la separación de basuras urbanas y el reciclaje está muy abierto. Entre otros aspectos, si seguir mejorando pasa por “eliminar el anonimato actual de los contenedores con tarjetas que identifican a cada familia”, que ya hacen muchas ciudades españolas ―82 catalanas―, como plantea Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking. Además, deliberan sobre la simplificación del sistema de recogida y la sustitución de los contenedores por el sistema de puerta a puerta en zonas rurales y cascos históricos de las ciudades, implantado hace décadas en Cataluña, con 319 municipios, y recientemente en la Sierra de Cádiz. “La subida de tarifas se utiliza en Andalucía para atacar la política ambiental desde la extrema derecha y eso hace que ciertos municipios no se atrevan a hacer cambios. Los avances en la basura están politizados y la oposición se suele poner en contra. El sistema para llegar al 80% de recogida selectiva no puede ser cómodo”, concluye Gutiérrez.