Koldo García reclama suspender el juicio para que el tribunal de la UE aclare si debe celebrarse en el Supremo

La defensa de Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha solicitado al tribunal que juzga la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia, que pregunte al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si el juicio debe celebrarse en el Supremo. De aceptar tal petición, la causa se paralizaría hasta que la corte comunitaria resolviera. La letrada Leticia de la Hoz lo ha planteado por escrito y de viva voz en la audiencia preliminar que se ha celebrado este jueves para ventilar este tipo de asuntos. Además, ha pedido, sin éxito, apartar a cinco de los siete magistrados que forman el tribunal que juzgará a Ábalos, su exasesor y al empresario Víctor de Aldama por el caso mascarillas, algo que la sede judicial ha rechazado de plano por extemporáneo.

La vista oral ha arrancado pasadas las 11.00, con la presencia de Ábalos y su exasesor, que han sido trasladados expresamente desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde ingresaron el pasado 27 de noviembre. Sentados uno junto a otro, pero sin interactuar entre ellos, el exministro ha estado cabizbajo, aunque ha deslizado alguna sonrisa irónica durante la intervención de la acusación popular del PP; mientras que García ha empezado intentando taparse la cara con una chaqueta, algo a lo que ha acabado renunciando. Aldama, el tercer acusado, se ha situado a solo tres asientos de ellos.

La abogada De la Hoz ha sido la más contundente. Así, ha sostenido que el Supremo debe plantear hasta cinco cuestiones prejudiciales al TJUE para que determine si la causa debe continuar en el Supremo, después de que Ábalos renunciara a su escaño en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, perdiera su condición de aforado ante el alto tribunal. A su juicio, el hecho de que el Supremo haya retenido la competencia pese a la pérdida del aforamiento del exministro, basándose únicamente en un acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal de 2014, sin que haya ninguna norma que lo recoja expresamente, vulnera derechos fundamentales de su cliente que también están protegidos por el derecho europeo. Además, ha advertido la letrada, la decisión sobre quién es competente para juzgar el caso es determinante para Koldo García porque, si la causa saltara a la Audiencia Nacional, el exasesor ministerial debería ser puesto en libertad, ya que el juicio se retrasaría de forma considerable y no existiría el riesgo de fuga con el que se justificó, en noviembre pasado, su prisión provisional.

Por contra, la Fiscalía y la acusación popular que dirige el PP han defendido la competencia del Supremo y han advertido de que el verdadero objetivo de la defensa es retrasar la causa. El jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha explicado que si el juicio no se celebrara ahora en el Supremo tampoco lo haría inmediatamente en la Audiencia Nacional porque allí habría que hacer un reajuste que supondría reabrir la investigación “con toda la dilación evidente que produciría”. “Impediría el enjuiciamiento en un plazo razonable”, ha avisado. A eso ha sumado que no se puede “dejar a una decisión libérrima del acusado poder alterar el órgano de enjuiciamiento”. “Me parece sencillamente descabellado”, ha zanjado.

En la misma línea, el abogado del PP, Alberto Durán, ha observado una clara “estrategia para dilatar la causa”, con la que la defensa de García buscaría su puesta en libertad. El letrado ha ironizado con que, pese a que “Ábalos ha tenido brillantes letrados”, que le habían indicado el “momento hábil” para renunciar al escaño, no lo hizo hasta después de que lo enviaran a juicio, lo que liga la competencia al Supremo. “Su suerte va unida a Ábalos. Juntos delinquieron y juntos tienen que ser juzgados”, ha contestado a la letrada de García.

Además, tanto Luzón como el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, han aclarado que la competencia del Supremo “no cuelga de un mero acuerdo” del Supremo “sino de una jurisprudencia que ha sido pacífica”. El letrado ha sido enfático a la hora de reivindicar que “existe un soporte normativo”, no solo en la ley, cuando establece el alcance del auto de apertura de juicio oral (momento procesal que ancla la competencia del Supremo), sino hasta en una norma de 1912 que protege al tribunal de “los avatares” de las Cortes Generales. Luzón también ha querido poner de relieve que el aforamiento es “un privilegio para el investigado” que “lo ha sido, sin lugar a dudas, para Ábalos” pero que debe tener “un límite razonable”.

“Esto es una nulidad como un castillo”

El resto de cuestiones planteadas por la letrada de García para anular la causa, una decena, ya habían sido desarrolladas en el escrito de defensa que registró ante la sala, por lo que De la Hoz se la limitado a recalcar aspectos claves. Entre otros, la abogada ha denunciado que el antiguo asesor de Ábalos está siendo investigado “simultáneamente” y por “idénticos hechos” en el Supremo y en la Audiencia Nacional, donde se investiga la parte del caso que no implica directamente a Ábalos, el único aforado que había en el procedimiento hasta que renunció a su escaño hace unas semanas.

De la Hoz ha explicado que ambos tribunales indagan en “las mismas adjudicaciones”, si Koldo facilitó información privilegiada a la empresa Soluciones de Gestión (vinculada a Aldama), el incremento patrimonial del exasesor de Transportes y las contrataciones en empresas públicas de dos mujeres vinculadas al exministro. “O se le juzga aquí o se le juzga allí”, ha reprochado la defensa, que considera que esta situación vulnera el principio que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho.

La abogada ha cuestionado también que esas dos mujeres que, presuntamente, se beneficiaron de contratos en las empresas Ineco y Tragsatec no estén siendo investigadas. “¿Qué pasaría si el Supremo condena a devolver el dinero pagado en esa contratación?, ¿Tiene que devolver Koldo el dinero que recibió Jésica Rodríguez?“, se ha preguntado, aludiendo a una expareja de Ábalos. De la Hoz se ha quejado también de la decisión del Supremo de cerrar la instrucción sin acceder a que se practicaran algunas pruebas reclamadas por la defensa y a la devolución de los dispositivos telefónicos intervenidos a García o el acceso a su contenido. ”Esto es una causa de nulidad como un castillo de grande. Va en contra de la tutela judicial efectiva", ha sostenido la letrada.

Ábalos denuncia un acuerdo entre Aldama y el fiscal

Tras la abogada de García, ha llegado el turno de la defensa de Ábalos, que se ha adherido a algunas de las cuestiones planteadas por su compañera y ha añadido otras nuevas. El abogado Marino Turiel considera que la causa debería declararse nula, entre otras razones, porque está en gran parte “basada” en la declaración de un “coinvestigado”, en referencia al comisionista Aldama, quien se ha beneficiado de una rebaja en la petición de penas por colaborar con la justicia ―las acusaciones le piden 7 años frente a los 30 que llegan a reclamar para Ábalos y García―. El letrado ha deslizado que hay un acuerdo de conformidad entre la defensa de Aldama y la Fiscalía que no se ha explicitado oficialmente lo que, asegura, perjudica a los otros dos acusados. “Hay una concertación evidente entre la Fiscalía y la defensa [de Aldama]. Exigimos que se nos informe de cuál ha sido el acuerdo, en qué ha consistido”, ha reclamado Turiel.

La defensa de Aldama y la Fiscalía han rechazado durante su turno de palabra esta situación y han asegurado que no existe “ningún acuerdo”. “Estamos conformes con los hechos, pero disentimos en cuanto a la consecuencia jurídico-penal”, ha explicado Choclán en referencia a la pena propuesta por las acusaciones, que el letrado pide rebajar. En el mismo sentido, el fiscal ha enfatizado que no hay acuerdo “ni amplio ni total ni parcial”. “Hay una declaración de Aldama que no fue inducida por el Ministerio Fiscal. Cuando quiso declarar, su letrado preguntó, Aldama contestó y la Fiscalía se enteró en ese mismo acto de lo que se iba diciendo”, ha afirmado Luzón, invocando la declaración del empresario en la Audiencia Nacional, en noviembre de 2024, en la que se autoinculpó.

El letrado del exministro ha incidido también en que la Guardia Civil empezó a investigarle antes de que el caso llegara al Supremo y el Congreso levantara la inmunidad parlamentaria de la que entonces gozaba como diputado. El fiscal anticorrupción ha negado que existiera una “investigación clandestina”. “No hay ninguna actuación que se dirija contra Ábalos, las diligencias fueron sobre los querellados en ese procedimiento [Koldo García y Aldama, entre otros]. Hubo entradas y registros e intervenciones telefónicas que pusieron de manifiesto la implicación de Ábalos y determinaron la necesidad de elevar la exposición razonada” al Supremo para pedirle que investigara al entonces diputado, ha recordado.

Asimismo, el fiscal ha negado que se haya llevado a cabo una “selección” de investigados, al tiempo que ha defendido que se ha garantizado la “igualdad de armas” entre acusaciones y defensas porque todos han tenido acceso al material que nutre la causa.

Recusación de varios magistrados

Otro movimiento inesperado ha sido la petición de la defensa de García de apartar a cinco de los siete magistrados que conforman el tribunal. A Julián Sánchez Melgar, al considerar que tiene una “manifiesta afinidad con una de las partes” porque el PP le nombró fiscal general del Estado en 2017 y el partido político no solo ejerce la acusación popular sino que la lidera. También ha recusado a Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, cuatro de los cinco magistrados que acordaron abrir causa a Ábalos, en noviembre de 2024, al estimar que “ya tienen un juicio formado”.

Los magistrados, que se han retirado a deliberar, han rechazado esta ristra de recusaciones por haberse planteado fuera de plazo. Martínez Arrieta, que preside el tribunal, ha precisado que las defensas solo están en condiciones de recusar a Susana Polo, que se ha incorporado al tribunal este mismo jueves.

Poco antes de que empezara la audiencia preliminar, la Sala de lo Penal ha comunicado que Vicente Magro sería reemplazado por Polo debido a la carga de trabajo del magistrado. El propio Magro se sumó al tribunal la víspera de la audiencia preliminar para sustituir a Ana Ferrer, que se encuentra de baja médica desde el pasado lunes. La entrada de Polo devuelve al tribunal cierto equilibrio entre sensibilidades progresistas y conservadoras, que se había perdido a favor de los segundos con la salida de Ferrer y la irrupción de Magro. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que de cara a este juicio no hay, en principio, una división de opiniones en el seno del tribunal, como sí ocurría en el último juicio celebrado en el Supremo, el que condenó por revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Además, en lo tocante a la petición de nuevas pruebas, la defensa del exasesor ministerial ha reclamado un careo entre García y Aldama y que ambos se sometan a la prueba del polígrafo. La defensa del presunto conseguidor de la trama se ha opuesto tajantemente.

El Supremo impide a Cerdán acudir a la vista previa

También in extremis, el tribunal ha contestado a la petición de la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de participar en esta vista. El Supremo se ha limitado a informar de que lo deniega. Cerdán no está acusado en el caso de las mascarillas, pero la defensa alegó que en esta sesión se van a examinar “aspectos esenciales del procedimiento” en el que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas, algo por lo que sí está imputado. Las pesquisas empezaron en el Supremo pero el alto tribunal las derivó a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos a su escaño de diputado en el Congreso.

Cerdán recalcaba, además, que esas decisiones que se tomen ahora en el caso mascarillas, al ser adoptadas por el Supremo, no podrán ser recurridas. “Paradójicamente, se habrán resuelto de modo definitivo aspectos esenciales de esta defensa inaudita parte”, lamentaron los abogados.