La regularización de inmigrantes alcanza a quienes solicitaron asilo y a los hijos menores
La ministra de Migración y portavoz, Elma Saiz, destaca los beneficios laborales para los trabajadores y las empresas
El decreto para la regularización de inmigrantes que ha aprobado el Gobierno alcanzará también a todos aquellos que hayan solicitado protección internacional, es decir, quienes llegan huyendo de países en guerra y otras situaciones de violencia o discriminación que comprometen su vida. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que además es la titular de la cartera de Inclusión y Migraciones. La medida no es individual, ha dicho, puesto que también los hijos menores de quienes ahora regularicen su situación en España podrán acogerse a la medida, en este caso por cinco años, ha señalado Saiz. El Gobierno calcula, con estimaciones de las organizaciones que trabajan con migrantes, que podría implicar a medio millón de personas, aunque algunas fuentes hablan de más de 800.000 en situación irregular. Solo las peticiones de asilo suman más de 100.000, con datos de diciembre. Cumplir los requisitos para acceder a ese año de permiso de trabajo y residencia allanará su estancia en España a futuro.
En términos laborales, la ministra ha destacado que la simple solicitud de esta regularización “permitirá que los migrantes puedan incorporarse a un trabajo en cualquier sector y parte de España desde ese mismo día. Gana el trabajador y ganan las empresas en seguridad jurídica”, ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El ministerio de Saiz también lo es de Seguridad Social y en ese sentido, la portavoz del Gobierno ha hecho hincapié en el “impacto positivo” de la inmigración con un dato renovado: el 16% de los afiliados a la Seguridad Social son extranjeros, con lo que destaca el aporte de la migración a la economía del país. Son más de 3,5 millones de personas los que ya cotizan, un registro que lleva creciendo en torno de los 200.000 al año desde hace cinco. Con este decreto, que modifica la Ley de Extranjería, esos datos se incrementarán. No pueden votar en las elecciones generales, advierten desde el Gobierno, que responde así a maledicencias de cariz político.
Los extranjeros que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre del año pasado tendrán autorización de residencia legal por un año si al cursar su solicitud pueden demostrar que llevan más de cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales. Los plazos para presentar estas solicitudes de regularización se inician en abril y se extenderán hasta el 30 de junio. El Gobierno se ha comprometido a que la burocracia prevista no se alargue más allá de tres meses. “Se habilitarán espacios para que la tramitación sea un éxito, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, vía telemática y oficinas de Seguridad Social”, ha mencionado la ministra.
Un informe del centro de análisis Funcas recién publicado con datos de 2025 calcula que en España hay alrededor de 840.000 personas en situación irregular, sin papeles que les permitan acceder a servicios básicos, como la vivienda, pero que trabajan sin estar registrados en el sistema legal, con la espada de Damocles sobre sus cabezas ante posibles devoluciones a los países de origen. “Se busca una integración plena y progresiva en el sistema”, ha dicho la ministra, siguiendo el “espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular que tuvo una amplia mayoría en el Congreso, pero que ha estado bloqueada demasiados meses”. Saiz ha asegurado que el procedimiento será sencillo para “romper las barreras burocráticas del pasado”, porque el procedimiento no es nuevo, las regularizaciones se ha llevado a cabo en diversos años en España por gobiernos de distintos signos, desde la primera, en 1986, que puso en marcha el socialista Felipe González.
La medida, que ha levantado una polvareda política con posturas a favor y en contra, llega en un momento en que la actualidad estaba detenida en el accidente de trenes de Adamuz, una situación incómoda para el Gobierno. El acuerdo lo ha peleado Podemos, que ha celebrado su éxito en la negociación con el PSOE para sacar adelante esta medida. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, artífice de las negociaciones con el Gobierno, lo ha celebrado sonriente en el Congreso, donde ha dicho que se trata de “personas que ya están en España, trabajando y sin derechos en sectores que se están haciendo de oro a costa de la explotación de la gente”. Belarra ha calificado este proceder de “esclavitud del siglo XXI”.
El PP y Vox están en la otra orilla. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado al Gobierno por tender una “cortina de humo” con esta medida para que no se hable del accidente ferroviario. El PP no estaba por la labor de dar vía libre a la iniciativa popular que había recabado unas 700.000 firmas y venía secundada por un millar de asociaciones, si bien en un principio, en 2024, prometió su apoyo. La jerarquía católica, algunas de cuyas organizaciones solidarias trabajan con migrantes, también se había manifestado a favor de esa regularización, incluso se ofrecieron a ser mediadores para alcanzar acuerdos entre partidos. Finalmente, ha sido un decreto el que llega a desbloquear esa medida, que ahora tiene al PP en contra. Han argumentado que nada se resolverá si no hay una correcta integración de estas personas.
La ministra Saiz ha calificado el decreto de “histórico” y lo ha defendido como un compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas que viven y trabajan en España. Y no ha dudado en presentarlo como un “faro que guía a muchos países”, porque hay voces, ha dicho, “que explican el buen desempeño de la economía española en el aporte de estas personas”. “Espero que seamos semilla y germen contra el avance de la ola ultraderechista”. Saiz ha añadido que la medida es coherente con la política de migración socialista, “que pone los derechos humanos en el centro”. “España ha sido un país de migrantes, tiene memoria”, ha contestado a las preguntas de la prensa.
La ministra ha recordado que el PP se mostró conforme en un principio con esta medida, que también apoya la Iglesia y el empresariado representado en la CEOE. Saiz ha acusado a los conservadores de situarse ahora en el lado de la ultraderecha de Vox, cuyas ideas contra los migrantes constituyen uno de los ejes clave de su política y de su caladero de votos. Esta regularización permite al PSOE insistir en una de las líneas ideológicas que usa contra el PP, su inclinación hacia la ultraderecha.