El juez que investiga a Leire Díez pide a la Audiencia Nacional detalles del motivo de su detención
El magistrado que indaga si la exmilitante socialista traficó con influencias en reuniones con fiscales reclama el informe de la UCO
La exmilitante del PSOE Leire Díez está investigada actualmente en dos procedimientos que transcurren de forma paralela. Por un lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, indaga desde hace meses si Díez traficó con influencias en reuniones con fiscales y guardias civiles para desbaratar presuntamente causas en marcha. Por otro, la Audiencia Nacional la detuvo la semana pasada en el marco de una operación por supuestos amaños de contratos y ayudas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Ahora, el juez Zamarriego pide a su colega en la Audiencia Nacional que le dé detalles de los motivos que originaron el arresto por si pudiera servir de interés para sus pesquisas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó el pasado miércoles un operativo que terminó con la detención de Leire Díez junto al empresario navarro, dueño de la mercantil Servinabar, Joseba Antxon Alonso, y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Las detenciones resultaron una sorpresa porque la investigación había transcurrido de forma secreta en la Fiscalía Anticorrupción y fue judicializada en horas en la Audiencia Nacional sin que antes hubiera trascendido detalle alguno.
El juez de guardia en ese momento, el magistrado Antonio Piña, tomó declaración durante el fin de semana a los tres arrestados y los dejó en libertad con medidas cautelares como la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecencias periódicas ante la justicia. Hacía poco que Díez, que fue también concejal del PSOE en la localidad cántabra de Vega de Pas, había comparecido ante otro juez. Fue el 17 de noviembre en el procedimiento en el que está imputada junto al empresario Javier Pérez-Dolset por tráfico de influencias y cohecho, acusada de organizar un “plan delictivo” para “recabar información comprometida o irregular” de la cúpula de la Fiscalía y de la Guardia Civil con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.
La asociación ultracatólica Hazte Oír —que ejerce como acusación popular— había solicitado ya entonces la “entrada y registro en el domicilio” de Díez así como el “volcado de los mensajes de cualquier tipo de aplicación (WhastApp, Telegram, etc) y de correos electrónicos”. Por ello, tras el arresto de la exmilitante por parte de la UCO, Hazte Oír ha impulsado al juez Zamarriego para que pida la información recabada por la Guardia Civil sobre los dispositivos, por si tiene interés para su investigación.
En un nuevo escrito del instructor, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Zamarriego accede a la petición de la acusación popular y reclama a la Audiencia Nacional “que remita el atestado elaborado por la UCO” que dio inicio a las diligencias sobre la SEPI. Añade, además, que si la causa está secreta se envíen los datos una vez se alce dicha protección.
Díez reconoció en su declaración que se reunió dos veces con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en abril de 2024, pero lo hizo, dice, en calidad de periodista para contar al partido detalles de las cloacas policiales que podían ser de interés en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había remitido una carta a la ciudadanía tras la imputación de su esposa Begoña Gómez. El empresario Pérez-Dolset, que también estuvo presente, añadió que a uno de los encuentros acudió el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que en ese entonces era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
En el horizonte judicial está, precisamente, la citación como testigos tanto de Cerdán como de Hernando el próximo 2 de febrero. El juez trata de aclarar si Díez y Pérez-Dolset, que posteriormente mantuvieron reuniones con un fiscal como Ignacio Stampa o un imputado del caso hidrocarburos, actuaron por su cuenta o tenían algún tipo de encargo o vinculación con el partido de Gobierno. Además, el magistrado ha citado al empresario constructor Luis del Rivero que, precisamente, organizó la cita entre Díez y Dolset con el fiscal Stampa que grabó dicho encuentro; y al empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn quien también mantuvo una videoconferencia con los investigados.