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Francia rechaza la detención y entrega de Josu Ternera como reclamaba la Audiencia Nacional

La Fiscalía antiterrorista de París acuerda mantener al exjefe de ETA en libertad vigilada, como hasta ahora

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, el último gran jefe de ETA, continuará en libertad vigilada en Francia después de que la Fiscalía antiterrorista de París haya rechazado ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o euroorden) dictada la semana pasada por el juez Santiago Pedraz, según han confirmado a EL PAÍS f...

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José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, el último gran jefe de ETA, continuará en libertad vigilada en Francia después de que la Fiscalía antiterrorista de París haya rechazado ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o euroorden) dictada la semana pasada por el juez Santiago Pedraz, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas. La decisión se adopta después que Ternera se presentase este miércoles ante las autoridades francesas para que le notificaran la resolución del juez español, tomada dentro de una de las dos causas que siguen abiertas contra el exjefe etarra en la Audiencia Nacional, la de la supuesta financiación de la organización terrorista a través de las herriko tabernas (locales a los que acuden simpatizantes de la izquierda abertzale radical).

Según detallan las fuentes consultadas, en ese mismo acto la Fiscalía de París ha informado a Urrutikoetxea de que no iba a proceder a su detención al considerar que ya existía una OEDE anterior dictada por la justicia española en la misma causa por la que ahora se volvía a pedir su detención y, por tanto, acordaba mantener la situación de libertad vigilada de la que disfruta desde hace más de cinco años. Ternera fue detenido el 16 de mayo de 2019 en una localidad gala al pie de los Alpes, Sallanches. En un primer momento, ingresó en prisión, pero a finales de julio de 2020 un juez de París ordenó su puesta en libertad con una pulsera de control telemático y la obligación de residir en la capital francesa.

Sin embargo, 11 meses después la justicia gala relajó estas medidas y le permitió trasladarse a la localidad francesa de Anglet (departamento de Pirineos Atlánticos), donde residían su pareja y su hija menor de edad, dejando como única medida cautelar la de presentarse tres veces por semana en la comisaría más cercana a su nuevo domicilio. En la actualidad, solo tiene que hacerlo una vez al mes, detallan fuentes jurídicas.

El juez Pedraz había emitido la nueva OEDE tras estudiar un informe de la Guardia Civil sobre la documentación recuperada en los 14 dispositivos informáticos que se encontraron en poder de Ternera cuando fue arrestado. El magistrado consideraba que de esa información se podía concluir que “el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA. No de otro modo puede explicarse la posesión de documentos, cuya tenencia estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes. No de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del gobierno de España. No se explica de otro modo, finamente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución”, recalcaba en su resolución judicial.

Ternera tiene una causa pendiente en Francia en la que se le imputa un delito de asociación de malhechores con fines terroristas por su presunta pertenencia a ETA entre 2002 y 2005. Urrutikoetxea ya fue condenado en ausencia en 2010 a siete años de cárcel por estos hechos, pero el exjefe etarra lo recurrió tras su arresto y el Tribunal de Apelación de París le dio la razón y ordenó devolver el sumario al juez de instrucción para que comenzase de nuevo todo el proceso. En España, son dos las causas judiciales que siguen abiertas contra él. Una, por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, de 1987, que dejó 11 muertos (incluidos seis menores y dos embarazadas) y 88 heridos, y por el que la Fiscalía le pide 2.354 años de prisión como presunto integrante de la dirección etarra que ordenó colocar el coche bomba que causó esa masacre. El otro es la de las herriko tabernas por el que se había dictado la última euroorden.

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