Las dos esposas de yihadistas repatriadas desde Siria terminarán de cumplir sus condenas en semilibertad

Yolanda Martínez Cobos y Luna Fernández Grande, las dos españolas esposas de yihadistas repatriadas en 2023 desde el norte de Siria y a las que la Audiencia Nacional impuso penas de tres años de prisión por delitos de terrorismo al haber estado integradas en el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés), terminarán de cumplir el año y tres meses de condena que tienen pendientes en tercer grado penitenciario o semilibertad, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y penitenciarias. Lo harán en el Centro de Inserción Social Victoria Kent (CIS, destinado a acoger reclusos en régimen abierto), en Madrid, donde han acudido recientemente para acogerse a este beneficio penitenciario.

Instituciones Penitenciarias ya ha concedido, de hecho, la semilibertad a Yolanda Martínez, que desde hace unos días puede abandonar a diario el CIS, al que solo tiene que volver para dormir de lunes a jueves. En el caso de Luna Fernández, que se presentó semanas más tarde, los técnicos del centro penitenciario han dado luz verde a que se le aplique un régimen de cumplimiento similar, pero aún tiene que recibir el visto bueno del Ministerio del Interior para que se haga efectiva, según detalla su abogado, Juan Manuel Martín Calvente.

Yolanda Martínez y Luna Fernández fueron repatriadas a España en enero de 2023 después de permanecer cerca de cuatro años en campos de refugiados, el último el de Al Roj, en el noreste sirio y bajo el control de las milicias kurdas. Ambas tenían a su cargo a 13 menores, nueve de ellos hijos biológicos. En enero de 2023, fueron finalmente repatriadas junto a los pequeños por el Gobierno y, al llegar al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz (Madrid), el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó su ingreso en prisión provisional acusadas de un delito de integración en organización terrorista, otro de colaboración con organización terrorista y uno más de desplazamiento a zona de conflicto.

Durante un año y nueve meses permanecieron en la cárcel de Estremera incluidas en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) por sus vínculos con el terrorismo, hasta que, en septiembre de 2024, la Audiencia Nacional ordenó su puesta en libertad provisional a la espera de juicio al concluir que sus “circunstancias” habían variado y ya no apreciaba riesgo de fuga. La vista debía iniciarse el pasado 28 de abril, pero minutos antes de arrancar sus abogados, la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) —personada como acusación popular— comunicaron al tribunal que habían cerrado un acuerdo que hacía innecesario que se desarrollara. Este incluía una condena de tres años de prisión (la Fiscalía pedía inicialmente seis años) tras aplicarles el atenuante de confesión tardía, además de siete años de inhabilitación, cinco años de libertad vigilada y la obligación de participar en programas de desradicalización terrorista.

Luna Fernández y Yolanda Martínez pidieron entonces la suspensión del año y tres meses que les quedaba por cumplir de la pena para no tener que reingresar en prisión. La Audiencia Nacional se lo concedió el pasado 9 de septiembre al valorar que no tenían antecedentes previos y que habían pasado un largo periodo en el campo de refugiados de Siria de manera forzosa y sin poder salir. A cambio, les impuso realizar 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y que no delinquiesen en un plazo de cinco años. La decisión fue recurrida por la AVT y, el pasado 20 de octubre, la Audiencia Nacional dictó un auto en el que rectificaba su propia decisión y enviaba de nuevo a prisión a las dos mujeres.

Entonces les dio un plazo de 10 días para que se presentaran “voluntariamente” en un centro penitenciario para terminar de cumplir la condena. La primera que lo hizo fue Yolanda Martínez, que en lugar de acudir a una prisión de régimen cerrado, acudió al CIS Victoria Kent. El pasado 24 de noviembre lo hizo Luna Fernández. En ambos casos, con la intención de acceder a la semilibertad. Para conceder el tercer grado, Instituciones Penitenciarias valora si el recluso tiene trabajo ―es el caso de Luna Fernández, según su defensa― o “un proyecto vital” que les permita cubrir sus necesidades, así como si realizan actividades educativas o de voluntariado.

Además, debe apreciar que los condenados cuentan con una “red de apoyo familiar y social bien integrada”. En ambos casos, sus entornos personales han mostrado su respaldo y, en su momento, se movilizaron para conseguir su repatriación a través de sus abogados y en comunicación con el Gobierno. Además, Yolanda Martínez ha manifestado su deseo de atender a sus cuatro hijos, que desde hace un par de años se encuentran ya con la familia.

Luna Fernández aspira a recuperar la tutela de sus cinco hijos. En la actualidad, estos menores, salvo el mayor, Abdurahman Aabou Fernández, están amparados por los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, según señala su abogado y fuentes próximas a la familia. Algunos de ellos no tienen aún su situación regularizada, algo habitual en el caso de los menores que nacieron en territorio sirio. Todos ellos están escolarizados, al igual que los cuatro menores huérfanos que acompañaron a las dos mujeres en su regreso a España en enero de 2023. Son los hijos del madrileño Mohamed el Ouriachi, yihadista fallecido en Siria. Según cuenta la familia a EL PAÍS, el de menor edad, el único que nació en el país árabe, sigue sin documento nacional de identidad.

Yolanda Martínez estaba casada con Omar El Harchi, un marroquí de Ceuta nacionalizado español y que, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, ejercía como reclutador para la autodenominada Brigada Al Andalus, una célula yihadista desarticulada en 2014, justo después de que él y su pareja se trasladaran al país asiático. Por su parte, Luna Fernández es la viuda de Mohamed Amin El Aabou, otra pieza clave del “núcleo operativo” de aquella célula. Según los agentes, esta última ejercía de “líder” entre las esposas de dicho grupo. Sobre el papel jugado por ambas en Siria, la Fiscalía señalaba en su escrito de acusación que “mientras una de ellas ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, miembro de un tribunal yihadista dentro del Estado Islámico, la otra ayudaba y soportaba la actividad de su esposo, combatiente en las filas [del grupo terrorista]”.

Yolanda Martínez y Luna Fernández, coincidieron en los campos del norte de Siria con Lubna Miludi y Loubna Fares. Miludi, nacida en Ceuta y con un hijo, fue localizada en el campo de Al Hol, el más grande de los levantados por las milicias kurdas para familiares del ISIS. Pese a que hubo comunicación con ella, las autoridades españolas no pudieron gestionar su repatriación cuando sacaron de Siria a Yolanda Martínez y Luna Fernández. Permanece en territorio sirio. La segunda, Fares, marroquí viuda del yihadista español de origen iraní Navid Sanati, escapó en febrero de 2020 con sus tres hijos en Al Hol y desde entonces se ignora su paradero. En varias conversaciones mantenidas con EL PAÍS, la familia de los críos en Madrid ha expresado que desconocen su paradero, aunque siguen tratando de obtener información a través de allegados de la mujer en Francia.