La primera vía ferrata de Toledo, cuestionada por invadir un espacio de la Red Natura 2000 

La primera vía ferrata de la provincia de Toledo, junto al cauce del río Pusa, se encuentra bajo sospecha. Ecologistas en Acción y Esparvel han denunciado la obra (un recorrido para practicar la escalada con apoyos fijos colocados en la roca) ante la Consejería de Des...

La primera vía ferrata de la provincia de Toledo, junto al cauce del río Pusa, se encuentra bajo sospecha. Ecologistas en Acción y Esparvel han denunciado la obra (un recorrido para practicar la escalada con apoyos fijos colocados en la roca) ante la Consejería de Desarrollo Sostenible por invadir un espacio de alto valor ecológico, incluido en la Red Natura 2000. El paraje en cuestión, conocido como ‘La Estrechura’, alberga y sirve de lugar de cría, recuerdan estas organizaciones, a especies protegidas como la cigüeña negra, el águila imperial, la nutria o el búho real, y hay constancia de la presencia ocasional de lince ibérico. La Junta de Castilla-La Mancha afirma que este tipo de proyectos no requieren de una evaluación de impacto ambiental previa, pero ha iniciado un expediente para determinar si la instalación es compatible o no con el plan de gestión de la ZEC y ZEPA ‘Ríos de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo’ que, según estas entidades, veta expresamente este tipo de instalaciones en sus zonas más sensibles por las alteraciones que puedan sufrir.

Ese documento, explica Roberto Oliveros, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, “establece claramente que este tipo de instalaciones no están permitidas, independientemente de su longitud, en zonas tan sensibles”. Y el tramo del río Pusa en el que se ha levantado esta vía, afirma, lo es. Una vía ferrata es un itinerario de escalada en roca equipado con clavos, peldaños, cadenas, presas, puentes colgantes y un cable de acero para asegurar el progreso de los montañeros. “Si lo autorizan estarían contraviniendo lo estipulado en el plan de gestión. Esperemos que esto no se asuma como una política de hechos consumados”, advierte Oliveros, que destaca, además, el riesgo para la seguridad ante una posible crecida del río. “En lo que a nosotros nos toca, nos parece una aberración sin precedentes”, afirma el responsable de Ecologistas, que recuerda que este tipo de planes “cuelgan” de la declaración de un espacio protegido, que pende, a su vez, de la normativa medioambiental estatal y autonómica y de las directivas europeas, en este caso, de hábitats y aves. La organización no descarta acudir a la vía penal si la instalación se mantiene.

“Hemos iniciado una serie de actuaciones previas de cara a investigar la viabilidad del proyecto y adoptar las medidas oportunas que haya que tomar”, explica a EL PAÍS José Rubén Torres, delegado provincial de Desarrollo Sostenible. “Hay unas denuncias y lo que ha hecho la Junta es un acuerdo de inicio para determinar la conveniencia o no del proyecto y su compatibilidad ambiental con la zona en cuestión”, abunda. La vía, recuerda, cuenta con los permisos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero el resultado de esas actuaciones dirimirá si la instalación se ajusta o no al plan de uso de la ZEPA.

“En el supuesto de que exista alguna infracción, la responsabilidad sería del promotor del proyecto”, sostiene el delegado. Ese promotor es el Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa. Su alcalde, Serafín Esteban, niega la alarma de los ecologistas y asegura desconocer si la Junta está realizando algún tipo de comprobación. “A nosotros no nos ha dicho nadie nada”, afirma rotundo.

La vía ferrata se terminó de instalar a principios de octubre por una empresa de Granada especializada en este tipo de proyectos, pero todavía “no está operativa”, precisa Torres. “Han hecho algunas actuaciones, pero el proyecto en sí no está funcionando”, añade. El alcalde defiende que la instalación “tiene toda la documentación en regla”, aunque reconoce que su explotación no se sacará a licitación “hasta que no esté todo claro”. “Nos dijeron que al no ser una vía ferrata de 500 ó 1.000 metros no necesitábamos impacto ambiental”, señala al apuntar a la Junta o a la Confederación ante una eventual responsabilidad. “Si se han equivocado ellos no lo sé. Nosotros pedimos los permisos y nos los dieron”, insiste. Un cartel junto a la entrada prohíbe, por el momento, su uso, aunque Ecologistas en Acción y el propio alcalde aseguran “que han visto a gente haciéndola ya”. Esteban se arroga que la vía no esté aún operativa por decisión suya: “No porque me lo diga nadie”.

La instalación, que lleva aparejadas varias tirolinas y un péndulo, como explica en sus redes sociales la empresa constructora, está clasificada, según la escala de Hüsler —que mide el grado de dificultad de estos itinerarios— con los niveles K2 y K3 de un máximo de 6. “Es una vía ferrata para niños de colegio”, arguye Esteban tratando de restar dramatismo a una infraestructura sufragada, señala, con fondos europeos. “Es mejor no ver las redes sociales”, dice sobre las opiniones contrarias al proyecto; azuzadas, puntualiza, por “algunos vecinos del pueblo mosqueados a los que no les gusta”. El alcalde de Santa Ana de Pusa, un municipio de apenas 350 habitantes situado en la comarca toledana de La Jara, defiende a ultranza la instalación por los beneficios económicos que, augura, reportará a una comarca donde la despoblación hace mella. “Queremos mover puntitos y cosas que traigan gente y turismo al pueblo y estas vías ferratas están ahora en pompa”, concluye.