Una familia y cuatro estrategias: el reparto de papeles de los Pujol en el juicio

Los siete hijos de Jordi Pujol podrían no haber asistido a la segunda sesión del juicio, este martes, sobre el origen de la fort...

Los siete hijos de Jordi Pujol podrían no haber asistido a la segunda sesión del juicio, este martes, sobre el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra. La Audiencia Nacional ha eximido a todos los acusados de esa obligación, salvo cuando tengan que declarar. Pero ahí estaban los siete, puntuales a la cita en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Indignados aún por la decisión del tribunal (contra el criterio de los forenses) de continuar el proceso contra su padre, conversaban animadamente antes de tomar asiento en el banquillo. Tres, en primera fila, separados; otros tres, en segunda línea; y el séptimo, Oriol, en la tercera; todos ellos con un innegable parecido físico al expresident de la Generalitat que la edad solo ha acentuado.

Con su padre, de 95 años, recluido en casa salvo para las visitas al médico, y sin su madre, Marta Ferrusola, que falleció hace año y medio, los hijos se exhiben unidos ante la adversidad de un juicio que les amenaza con elevadas penas de prisión (entre ocho y 29 años de cárcel). Pero esa comunión no está reñida con las diferencias en la línea de defensa que unos y otros han empezado ya a desplegar. Acusados todos ellos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, han solicitado la nulidad del proceso y han batallado, especialmente, contra la “inconcreción” de la acusación de la Fiscalía. Sus demandas son complementarias entre sí y revelan un reparto de papeles muy trabajado.

De lo visto hasta ahora se distinguen, a grandes rasgos, cuatro estrategias: la defensa de Jordi Pujol actúa como si la cosa no fuera con él; el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, se ha lanzado a dar la batalla jurídica; Josep y Oriol agitan el fantasma del juicio político apelando a la Operación Cataluña; y el resto (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) trata de mantener un perfil bajo.

Jordi Pujol, desaparecido. La Fiscalía acusa a Jordi Pujol de aprovechar su posición como presidente de la Generalitat (1980-2003) para enriquecerse él y a su familia con la corrupción política. Su presencia en el juicio pende de un hilo. El tribunal le tomó el lunes declaración por videoconferencia y decidió mantenerlo (por ahora) en el proceso, pese a que los forenses habían concluido que no estaba en condiciones, físicas ni mentales, de afrontarlo ni de defenderse con garantías. Pujol mostró su disposición a colaborar, pero el objetivo de sus abogados es que pase lo más desapercibido posible: no han planteado ni una sola cuestión previa en su nombre (aunque las de sus hijos le beneficiarían igualmente, si salen adelante), y su escrito de defensa emplea apenas dos páginas. Esto no va del presidente catalán, parece sugerir la defensa, aferrada a la tesis de que la fortuna oculta durante más de tres décadas a Hacienda procede de un legado que su padre, Florenci Pujol, dejó a la familia en 1980 por temor a que las turbulencias de la Transición empujaran a la familia en la ruina.

Jordi júnior, batallador. Si el protagonista político del caso Pujol es el expresidente catalán, el protagonista “jurídico” es su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, alias Júnior. Afronta la mayor petición de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción (29 años) y sus negocios bajo sospecha con empresarios ocupan el grueso del escrito de acusación. Su abogado, el penalista Cristóbal Martell (que lo es también del resto de la familia, salvo de Oriol Pujol), ha buscado cercenar la causa aludiendo a cuestiones técnico-jurídicas. Martell planteó que no existe en la causa nada que cuestione adjudicaciones de obra pública concretas, y que esa falta de concreción permea toda la acusación. “¿Cómo se combate una afirmación abstracta?”, se preguntó. Esa senda —denunciar indefensión por la falta de detalle del escrito— la iban a seguir después el resto de defensas.

Josep y Oriol, la clave política. Los miembros del clan Pujol han querido dejar claro que fueron, también, víctimas de la policía patriótica. La Operación Cataluña —las maniobras ilegales de un grupo de policías para atacar a líderes del procés— la sacaron a la luz Josep Pujol y Oriol Pujol, este último el único que siguió la carrera política del padre (llegó a ser secretario general de Convergència) y el que ha contado desde siempre con un abogado distinto del resto de la familia. La presunta declaración espuria de Victoria Álvarez (examante del primogénito) o las presiones a directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener datos de las cuentas bancarias de la familia fueron señaladas como argumento para solicitar la nulidad del caso.

Marta, Mireia, Oleguer y Pere, perfil bajo. Los cuatro hijos restantes han querido mantener un perfil más discreto. En pocos minutos, su abogado, Pau Ferrer (del despacho de Martell), ha aportado al tribunal un libro publicado en 1985 (Banca Catalana: Más que un banco, más que una crisis) para intentar demostrar que, ya entonces, se apuntaba a que Florenci Pujol manejaba fondos en el extranjero; algo que, a falta de documentos sobre la deixa (legado), avalaría su tesis sobre el origen de la fortuna. A su vez, el letrado ha intentado marcar distancias con los otros hijos, al aportar certificados y títulos para evidenciar los “desconocimientos financieros” de Marta, Mireia, Oleguer y Pere. El objetivo es fijar una barrera de defensa adicional a la de sus hermanos. Para estos cuatro, la Fiscalía pide ocho años de reclusión por “beneficiarse” de las ganancias ilícitas del clan y por “coadyuvar a su ocultación”.

Los empresarios, contra la Fiscalía

Los abogados de los 10 empresarios acusados han puesto la diana en el escrito de acusación de Anticorrupción. Sus reproches se han sucedido para alegar “indefensión” por su “falta de concreción”. Según sostienen, el ministerio público ha puesto sobre la mesa un relato genérico, con “piruetas” argumentales para atribuir delitos a los procesados sin delimitar los hechos ilícitos que atribuye a cada uno. “Esta defensa ha tenido ciertos problemas para articular la estrategia y el escrito de defensa, a la vista de la indeterminación del escrito de la Fiscalía”, ha protestado el representante del andorrano Francesc Robert Ribes, a quien el juez instructor José de la Mata señaló como una de las personas utilizadas por Jordi Pujol Ferrusola para mover fondos millonarios en el extranjero.

Las quejas se han sucedido. “Yo entiendo que el principio acusatorio exige marcar el camino de lo que se resolverá en el juicio, será un relato de hechos que, a modo de espejo, permita la reacción de la defensa”, ha introducido Carles Monguilod, el abogado de Gustavo Buesa, antes de lanzar su ofensiva: “Son 217 folios de escrito de acusación, con hechos que describirían hipotéticamente la conducta que se le atribuye. Pero todavía no entiendo de qué tengo que defenderlo”. “Después de 13 años, sigue siendo hoy por hoy desconocido el origen de las ganancias”, ha añadido la defensa de Jorge Barrigón. “Esta causa empieza en 2012, ¿cómo es posible que las acusaciones no hayan sido capaces de señalar un solo documento falsificado por el señor Bernardo Domínguez Cerecedes, a pesar de que le acusan por un delito de falsedad documental? Y, si [el origen] de los fondos es desconocido, ¿cuál es el delito antecedente para [atribuirle un] blanqueo de capitales? Ninguno. Entonces, qué hago yo aquí y en qué voy a ocupar mi tiempo”, ha abundado irónico el abogado del empresario mexicano, Luis Jordana de Pozas.

En la misma línea se ha pronunciado el letrado José María Fuster-Fabra, que defiende a Josep Mayola: “El fiscal hace un relato de hechos que habla de actos propios de los negocios, que quedan fuera del derecho penal. Y no acabo de entender cómo un relato que parece tratar de llegar a una especie de tráfico de influencias, lleva a un blanqueo de capitales. Bueno, porque no puede haber trafico de influencias porque no hay concursos públicos. Y, cuando no se sabe qué poner, ponen blanqueo de capitales [...] El fiscal no explica. Y no nos podemos defender de lo que no sabemos”, ha criticado.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado tomarán la palabra este miércoles para responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas.