La petición de Puigdemont al Constitucional: un movimiento táctico sin efectos inmediatos
El líder de Junts se basa en el reciente informe del Abogado General del TJUE, favorable a la viabilidad de la amnistía en el caso del ‘procés’
La petición de Carles Puigdemont de que se suspenda la orden de detención que sigue vigente contra él en España constituye un movimiento táctico de muy improbables efectos inmediatos.
El líder de Junts se basa en...
La petición de Carles Puigdemont de que se suspenda la orden de detención que sigue vigente contra él en España constituye un movimiento táctico de muy improbables efectos inmediatos.
El líder de Junts se basa en el reciente informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), favorable a la viabilidad de la amnistía en el caso del procés. La defensa de Puigdemont abunda también en los argumentos que expuso cuando en julio pasado presentó ante el Constitucional un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, tras haber decidido el Supremo que la amnistía no era aplicable a la malversación. Lo que solicitó entonces fue una medida cautelarísima para que el órgano de garantías levantara dicha orden de detención con urgencia, sin oír al resto de partes representadas en el procedimiento. El tribunal rechazó esta petición, pero abrió una pieza separada para estudiar la procedencia de la solicitud como medida cautelar, no urgente y pendiente de estudio hasta haber recibido alegaciones de los demás intervinientes en el caso. Estas alegaciones están en trámite. La Fiscalía ya se ha opuesto a que se conceda a Puigdemont la medida cautelar que ha solicitado.
En paralelo, el Constitucional ya está estudiando a su vez el fondo del recurso de amparo, con el propósito de resolverlo en el primer trimestre del próximo año. Es en esa sentencia donde el tribunal decidirá si el Supremo lesionó derechos fundamentales de Puigdemont y otros líderes del procés cuando les negó la aplicación de la amnistía al delito de malversación, considerando que se habían enriquecido al llevar a cabo los planes independentistas, ya que los impulsaron con fondos públicos y no con su propio dinero o patrimonio. Lo previsible, visto este cuadro de situación, sigue siendo que el Constitucional quiera hacer las cosas por sus pasos, y no precipitar decisiones.
Es en este contexto donde ha cobrado especial relevancia el reciente informe del Abogado General del TJUE. El dictamen ha avalado las tesis del Estado español en el sentido de que la amnistía no vulnera los principios del derecho europeo ni los intereses financieros de la UE. El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, destaca que según dicho informe la amnistía pertenece a “la competencia exclusiva de los Estados miembros” y que “la oportunidad, el alcance y el contenido de una amnistía quedan fuera del control del derecho de la Unión”. Esta fue, de hecho, la tesis del Constitucional español. Pero el dictamen no es vinculante, y hay que esperar a la sentencia del TJUE —que llegará en un plazo de semanas— para comprobar si ratifica estos criterios. Se abre ahora lo que podría denominarse un activísimo compás de espera, en el que esta semana habrá más sentencias de aval a la amnistía. El Constitucional va a resolver los recursos de varias comunidades gobernadas por el PP y las impugnaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aplicando su doctrina sobre la plena legalidad de la ley que contempla el perdón de los delitos relacionados con el procés.