Indicios, sospechas y coartadas en la jornada final del juicio contra el fiscal general

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se adentra en su recta final. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acoge este jueves la sexta y última jornada prevista de la vista oral, cuando todas las partes podrán exponer sus conclusiones tras cinco sesiones anteriores (celebradas durante la actual y la pasada semana) que se han saldado ...

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se adentra en su recta final. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acoge este jueves la sexta y última jornada prevista de la vista oral, cuando todas las partes podrán exponer sus conclusiones tras cinco sesiones anteriores (celebradas durante la actual y la pasada semana) que se han saldado sin que se presente ninguna prueba directa que señale al máximo responsable del ministerio público como autor de la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconociendo la comisión de dos delitos fiscales. Por ello, a falta del arma humeante, las acusaciones intentan levantar su tesis incriminatoria con indicios circunstanciales y periféricos que la defensa y la Fiscalía califican como meras “inferencias” sin base.

Desde que comenzó el proceso, García Ortiz ha defendido su inocencia. Y en la tarde de este miércoles, en la quinta sesión del juicio, la máxima autoridad fiscal lo reiteró: “La verdad no se filtra, se defiende”, resumió al final de su declaración como acusado (en una imagen inédita en la actual etapa democrática española). Durante más de una hora, el fiscal general trató de despejar las sombras de sospecha que se vierten sobre él y las teorías que se han puesto sobre la mesa (tanto por las acusaciones como por la Guardia Civil) para vincularlo con la filtración.

De hecho, como ya hiciera en la fase de instrucción, García Ortiz se acogió a su derecho a responder exclusivamente a su defensa (ejercida por la Abogacía del Estado) y a la Fiscalía (que pide la absolución); además de ofrecerse a contestar las preguntas del tribunal, que no le planteó ninguna cuestión. Con esta decisión, que él justificó por la falta de “lealtad procesal en la búsqueda de la verdad” que González Amador ha mostrado, se evitó que las acusaciones buscasen recovecos para tratar de introducir dudas sobre la veracidad de su testimonio.

Está por ver si, este jueves, el abogado de González Amador responde a las palabras de García Ortiz. Según detalló el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, todas las partes tendrán la oportunidad de exponer sus conclusiones definitivas sobre el juicio a partir de las 10.00. El magistrado ya anunció que, para intentar convencer a los siete jueces de que dicten una sentencia favorable para sus intereses, cada acusación y la Fiscalía dispondrán de un turno de palabra de entre 30 y 45 minutos; y la defensa, del tiempo que sea necesario. Ante esa disposición, el letrado de González Amador ya solicitó este mismo miércoles si podía tener algunos minutos más, a lo que Arrieta respondió que será comprensivo en función del contenido de su informe.

Con el material presentado durante el juicio, el tribunal debe decidir si el fiscal general del Estado es culpable de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente a la prensa un correo del abogado del novio de Ayuso, donde ofrecía un pacto a la Fiscalía y confesaba los delitos fiscales que se le atribuyen en una causa abierta contra él en un juzgado de la capital. La acusación particular, ejercida por González Amador, pide cuatro años de prisión para García Ortiz, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman la absolución.

Saltos deductivos de la UCO

García Ortiz, que podrá ejercer su derecho a la última palabra este jueves después de que las partes expongan sus informes finales, ya mantuvo este miércoles que él no filtró ese correo. Y que durante la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la difusión de ese mensaje, él y su equipo solo trataban de recabar datos para publicar una nota de prensa que desmintiera la información tergiversada que había publicado El Mundo a las 21.29, donde se afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, pese a que realmente era al revés. Desde horas antes, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, también estaba difundiendo el bulo de que ese supuesto acuerdo se había retirado por “órdenes de arriba”.

El comunicado de la Fiscalía se publicó en la mañana del 14 de marzo y, según aseguró García Ortiz, se incluyó información del correo filtrado porque ya lo habían publicado los medios de comunicación. Según argumentó el máximo representante del ministerio público, el contenido de ese texto ya se conocía y, por tanto, no se reveló un secreto. “Tomamos la determinación de defender la actuación de los fiscales, que es absolutamente impecable”, contextualizó, antes de negar que tuviera algún interés en perjudicar a González Amador. “[Era] el rigor de los datos frente a otras noticias”, apostilló.

En jornadas anteriores, más de media docena de periodistas de cuatro medios distintos (EL PAÍS, La Sexta, Cadena SER y elDiario) aseguraron que manejaron el contenido del correo filtrado antes de que le llegara a García Ortiz. Incluso, uno especificó que tenía una copia física desde una semana antes; y otro, el primero que publicó citas textuales del documento, que lo vio, leyó y copió seis horas antes.

Pese a todo ello, los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron informes para la causa —donde llegan a concluir que García Ortiz tuvo un papel “preeminente” en la filtración— se empeñaron este miércoles en apuntar contra él. Según los agentes, por razón de su cargo, el fiscal general tenía un “dominio total” de la acción de la Fiscalía General del Estado en la noche que se propagó el email; y, como ellos sospechan que la filtración parte de esa institución y descartan otras posibles fuentes (aunque no han indagado en esas alternativas, como reconocieron), añaden que nada podía ocurrir en el ministerio público sin que él lo supiera. “Lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general”, resumieron los miembros de la UCO para señalarlo.

Para todas las partes, la declaración de estos agentes era un momento clave. Las acusaciones consideran las conclusiones de la Guardia Civil como una enorme baza a su favor. Pero la defensa las minimiza como meras suposiciones sin base y, por ello, se esforzó en cuestionarlas.

A la falta de una prueba directa, las acusaciones intentan levantar sus tesis sobre supuestos indicios periféricos y circunstanciales, y en ese engranaje teórico engarzan los saltos deductivos introducidos por la UCO. Pero, para la Abogacía del Estado y la Fiscalía, las conclusiones de la UCO son meras “deducciones” e “inferencias”, sin un soporte documental que las sostenga y fruto de una visión incriminatoria que, desde el principio, tenía por objetivo colegir que el sospechoso era el culpable. Según las defensas, desde el origen, no solo se centró todo el procedimiento en dirigirse contra García Ortiz, sino que se descartó cualquier otro posible filtrador al no investigar otra posible fuente de la noticia. Consuelo Castro, abogada del Estado, les espetó a los agentes este miércoles: “Todo lo que se filtró estaba en posesión de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más”. “No hacemos investigaciones prospectivas”, se excusó un responsable de la UCO para eludir la pregunta de por qué no indagaron sobre otras personas. Se oyó entonces alguna risa en la sala.