Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo | La fiscal provincial carga contra las “invectivas” de Ayuso

Acaba la sesión de este lunes

Finalizado el interrogatorio de Diego Villafañe, el tribunal ha dado por acabada la sesión de este lunes. El juicio se reanudará el martes a las 10.00, con las declaraciones de Mar Hedo e Íñigo Corral, respectivos jefes de los gabinetes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. 

Villafañe dispara contra Lastra e introduce su “animadversión” hacia García Ortiz

El testimonio de Villafañe impacta directamente contra el de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid. El tribunal deberá analizar las palabras de ambos para valorar su credibilidad después de que el teniente fiscal de la Secretaría Técnica haya introducido un elemento que cuestiona la palabra de Lastra: según Villafañe, Lastra tiene una clara “animadversión” hacia el fiscal general del Estado; hacia su predecesora en el cargo, Dolores Delgado; y hacia otros fiscales que tienen cargos de responsabilidad en la actual Fiscalía General del Estado.

Villafañe compara su actuación en el caso del novio de Ayuso con el de Begoña Gómez

El abogado de González Amador trata de apretar a Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y le cuestiona que se interesase por el caso del novio de Díaz Ayuso y pidiese a través del sistema de “dación de cuentas” información sobre el proceso. Villafañe ha respondido que siempre se actúa así cuando se trata de un personaje de relevancia pública o de interés (en este caso, por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid). En este sentido, Villafañe ha subrayado que en esos mismos días hizo lo “mismo” (en “un contexto idéntico”) al solicitar información sobre un caso que afectaba a la pareja del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. “Y todo se hizo con total transparencia”, ha recalcado el testigo.

El tribunal reorganiza las sesiones

La sesión de este lunes se está desarrollando con bastante retraso, según el calendario programado inicialmente. Acaba de empezar el interrogatorio a Diego Villafañe, que se había previsto que concluyera antes del corte del almuerzo. El presidente del tribunal ya ha anunciado que este será el último testigo de hoy y que los dos que quedaban para esta tarde (los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Madrid) comparecerán finalmente en la sesión del martes. Según ha añadido Andrés Martínez Arrieta, el tribunal va a reorganizar el calendario y ver qué testigos declararán mañana: entre los previstos para el martes estaba Miguel Ángel Rodríguez, Alberto González Amador y su abogado Carlos Neira. 

Es el turno de Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general

Comienza ahora a declarar la mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe. Teniente fiscal de la Secretaría Técnica, fue quien reclamó el expediente de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Lo hizo porque el área que dirige canaliza las daciones a cuenta, un procedimiento por el que los fiscales deben informar a sus superiores cuando investiguen un asunto de relevancia, según contó el propio Villafañe al juez del Supremo que inicialmente lo imputó por revelación de secretos y luego archivó su causa. 

Receso de 10 minutos

Ya ha acabado el interrogatorio a Almudena Lastra. El tribunal ha acordado ahora un receso de 10 minutos. La vista se reanudará a las 18.50 con la declaración de Diego Villafañe, fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, a quién el juez instructor Ángel Hurtado también llegó a imputar durante la fase de investigación.

Las acusaciones buscan que Lastra apunte al fiscal general

Durante la instrucción, el juez Ángel Hurtado no consiguió encontrar pruebas de que Álvaro García Ortiz filtrase el correo de la defensa de Alberto González Amador o diese órdenes de hacerlo a sus subordinados. Por ello, durante el juicio, las acusaciones tratan de construir su tesis sobre elementos periféricos que, según ellas, demuestran que el fiscal general está detrás de la difusión del email. Para ello, las acusaciones populares se han esforzado especialmente en usar el testimonio de Almudena Lastra, fiscal jefa de la Comunidad de Madrid; que ha asegurado este lunes que, durante una conversación telefónica con el máximo representante del ministerio público, llegó a acusar al propio fiscal general de “haber filtrado” los correos. “¿En algún momento, a lo largo de esa conversación, él negó la filtración?”, ha incidido el abogado que representa a los grupos ultras Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír. Lastra ha contestado así: “No, él dijo: Eso ahora no importa”. 

En esa misma línea, mediante su interrogatorio a Lastra, el abogado Juan Antonio Frago, que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), abiertamente enfrentada a García Ortiz y que solicita seis años de prisión para él, ha querido reforzar las sospechas poniendo sobre la mesa el argumento de que la Fiscalía no abrió una investigación interna para averiguar el autor de la filtración o que no se pidió ayuda a la Guardia Civil o Policía Nacional para descubrirlo.

Lastra ofrece su versión sobre la elaboración de la nota de prensa

A preguntas del abogado de Alberto González Amador, la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha repasado su versión sobre lo ocurrido en la Fiscalía tras conocer que Miguel Ángel Rodríguez había comenzado a difundir el 13 de marzo de 2024 la mentira de que el ministerio público había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. Lastra ha narrado que, al saberlo, llamó al fiscal general para informarle del bulo y que quedaron en que había que desmentirlo. Sin embargo, ella mantiene que al día siguiente, cuando recibe la nota de prensa que se iba a hacer pública con el desmentido, ella no estaba de acuerdo con su contenido porque considera que no se debía dar tantos detalles.

Con este testimonio, las acusaciones tratan de construir su tesis de que la Fiscalía General del Estado entró en crisis para ganar el “relato” ante las mentiras del entorno de Ayuso y la información tergiversada que había publicado El Mundo. Todo ello, según las acusaciones, llevó al fiscal general a filtrar supuestamente los correos que demostraban las mentiras del entorno de la presidenta.

Lastra ha dicho que ella, durante una llamada telefónica, llegó incluso a acusar al propio fiscal general de haber “filtrado los correos”, pero García Ortiz no se lo confirmó. “Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes”, asegura Lastra que le dijo el fiscal general.

Declara ahora Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid 

El tribunal interroga ahora a Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad Madrid y quien tomó la iniciativa para desmentir el bulo propagado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, según el cual la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador que finalmente se había retirado por orden de la superioridad.

En realidad, fue el abogado del comisionista quien admitió en un correo electrónico enviado la Fiscalía Provincial de Madrid que su cliente había cometido dos delitos fiscales, y sugería un acuerdo de conformidad por el que aceptaba devolver lo defraudado (350.951 euros) más una multa y los intereses de demora para reducir su condena a solo ocho meses de cárcel. La publicación de esa nota hizo que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) denunciara a la Fiscalía porque aseguraba que ese comunicado implicaba varios delitos 

La fiscal provincial carga contra las "invectivas" de Ayuso para explicar el mensaje del "cianuro"

La fiscal provincial Pilar Rodríguez ha explicado el mensaje de móvil que envió al fiscal general del Estado ("dan ganas de añadir un poquito de cianuro") cuando dio por correctos los datos que contenía la nota de prensa que se iba a difundir para desmentir el bulo que había propagado Miguel Ángel Rodríguez y la información tergiversada de El Mundo. Según Rodríguez, esa nota de prensa no tenía "cianuro" y le daban ganas de ponerlo porque llevaba dos días soportando ataques del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso había señalado y arremetido en público contra Rodríguez con estas palabras: "La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con [José Luis Rodríguez] Zapatero". 

Rodríguez ha contextualizado así ese mensaje del "cianuro": "Había estando soportando el día 12 [de marzo] invectivas de la prensa y de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid poniendo en solfa mi profesionalidad". 

La fiscal provincial asegura que no le sorprendió la petición de García Ortiz para que le remitiera la documentación

María Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, está explicando (en el juicio por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado) que la petición que le hizo Álvaro García Ortiz para que le enviara los correos electrónicos del caso de la pareja de Ayuso, en la noche del 13 de marzo de 2024, a su dirección de correo electrónico personal no le sorprendió porque entra dentro de los supuestos de una dación de cuenta. Rodríguez ha contado que, en las instrucciones de la Fiscalía Provincial de Madrid, se considera que, "por razones prácticas o de urgencia", se pueden realizar estas daciones de cuenta "de palabra", "por teléfono" o "incluso por mensajería instantánea". "Y, por supuesto, por correo electrónico, que es como habitualmente se realizan", ha añadido. "A mí no me sorprende nada porque no va a salir nada de la institución. Lo está pidiendo el excelentísimo señor fiscal general del Estado", ha añadido. El abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, le ha insistido en que la vía básica de actuación es que se evite las direcciones de correo privado, a lo que la fiscal jefe provincial ha precisado que "se evita, pero no se prohíbe": "Y sobre todo si me lo pide el máximo representante del Ministerio Fiscal". "No hay ninguna clandestinidad" en esos envíos, ha subrayado la testigo, que ha estado investigada por la filtración de esos correos hasta el final de la instrucción del caso, cuando la Sala de lo Penal corrigió al juez instructor y archivó la causa contra ella. 

La fiscal provincial se centra en los “bulos” del entorno de Ayuso

Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, insiste en su declaración que la Fiscalía General del Estado comenzó a recabar información sobre el supuesto pacto con el novio de Ayuso tras la difusión de un “bulo” y de informaciones falsas que trataban de desacreditar al ministerio público. En la noche del 13 de marzo de 2024, El Mundo publicó una información tergiversada que señalaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador (cuando era justo al revés), basándose en un email del fiscal Salto; y Miguel Ángel Rodríguez propagó la mentira de que esa oferta se había retirado por órdenes políticas. “Se estaba tergiversando un correo de una manera totalmente falsa”, ha afirmado en referencia a esa supuesta noticia. La realidad era que había sido el abogado de González Amador quien había propuesto el pacto originariamente en otro correo, que acabó filtrado.

Ante el enorme revuelo que había causado la difusión de esa información tergiversada, Rodríguez explica que la cúpula de la Fiscalía trataba de averiguar qué había ocurrido y comenzó a recabar información, pidiéndosela al fiscal Salto: “Como había tanta confusión en los medios, se solicitaron los correos electrónicos”.

El tribunal retoma el juicio con la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez

El tribunal ha retomado el juicio pasadas las 15.30 tras un receso de una hora y media. La sesión continúa con la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Cuando declaró ante el Supremo como investigada en enero, Rodríguez mencionó que más de 500 personas tenían acceso al expediente del novio de Ayuso, Alberto González Amador, antes de que se filtrara a los medios, lo que sugiere que la divulgación de la información no fue resultado de su acción directa.

También dijo que 60 personas tenían acceso al correo del letrado de González Amador por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado. 

Rodríguez fue procesada por el juez Hurtado por participar supuestamente en la difusión del email, pero la Sala archivó el caso contra ella.

El fiscal Salto considera normal que sus superiores le pidieran información sobre el supuesto pacto con González Amador

El relato del fiscal Julián Salto, que llevaba el caso del novio de Ayuso, impacta directo en la línea argumental de las acusaciones. Según ellas, tras la publicación de la primera información tergiversada en la noche del 13 de marzo de 2024, en la Fiscalía General del Estado se produjeron una batería de maniobras irregulares y excesivas para obtener como fuera el correo donde la defensa de González Amador admitía los delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía (que era justo lo contrario de lo que había publicado El Mundo, que había difundido la tesis errónea de que el ministerio público era el que planteaba el acuerdo). Salto ha recalcado que la fiscal provincial se dirigió a él con el interés de saber a qué se había “comprometido” el ministerio público y, además, ha insistido en que considera totalmente normal y “legal” que sus superiores le pidieran información sobre ello, ya que se había convertido en un caso mediático de interés nacional.

“¿Tuvo usted claro que lo que le estaba pidiendo la fiscal jefa provincial era una dación de cuenta del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?”, le han preguntado a Julián Salto. “Sí, sin ninguna duda”, ha respondido él. El reglamento del ministerio público contempla claramente que los fiscales deben informar a sus superiores “de los asuntos de especial trascendencia”. “Esto viene relacionado con un asunto que ha trascendido y que se ha convertido en un asunto totalmente mediático a nivel nacional”, ha sentenciado Salto.

Salto detalla que el ‘email’ filtrado se envió a un correo genérico de la Fiscalía

El fiscal Julián Salto ha introducido varias ideas durante su declaración, que impactan de forma directa en la causa. Por ejemplo, a preguntas de la defensa, Salto ha admitido que el correo filtrado fue recibido en un correo genérico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, adonde lo envió el abogado de González Amador (que se lo facilitó, además, a más personas). Para la Abogacía del Estado y la Fiscalía, este detalle es fundamental pues más de una docena de personas tenían acceso a esa cuenta genérica y, por tanto, los potenciales filtradores se multiplican.

A su vez, Salto ha subrayado que la fiscal provincial de Madrid, cuando contactó por primera vez con él para pedir los emails intercambiados con Neira, insistía en saber a qué se había “comprometido” la Fiscalía, pues El Mundo había difundido la información tergiversada de que el ministerio público había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. En esa línea, Salto ha denunciado una “campaña de desinformación” que dura meses; y que siempre entendió que la petición de información por parte de sus superiores era legal (una "dación de cuentas" habitual al tratarse de un tema mediático de claro interés nacional).

Suspendido el juicio hasta las 15.30

Tras la declaración de Julián Salto, el fiscal encargado del caso del fraude de Alberto González Amador, el presidente del tribunal ha decidido suspender la sesión hasta las 15.30, cuando se retomará el juicio con la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El fiscal Salto asegura que en sus 20 años nunca ha interpelado a un letrado para que se conforme

El fiscal Salto acaba de asegurar en el Tribunal Supremo que en ningún asunto en sus 20 años de ejercicio profesional ha llamado o enviado un mail para ofrecer un trato, algo que contaba la información publicada por El Mundo. "En ningún asunto en mis 20 años de profesionales llamado he mandado un mail a un letrado o interpelado para que se conforme nunca. No es nuestro trabajo". Poco antes ha explicado que el ofrecimiento del acuerdo que hizo la defensa de Alberto González Amador mediante un correo electrónico no se podía llevar a cabo por cuatro motivos. Que no era el momento procesal oportuno, que no había reconocido los hechos hasta el momento (en sede judicial, aunque en el correo electrónico sí que lo hacía) por lo que no se podía aplicar el artículo 305.6, que no se había acreditado el ingreso en la Agencia Tributaria de la cantidad presuntamente defraudada (los 350.951 euros) y el cuarto, del que ha dicho que era un "inconveniente menor" era que había otras personas denunciadas como presuntos colaboradores en la red de facturas falsas para cometer el presunto fraude fiscal. "En ningún momento se dice que no va a poder haber acuerdo", ha subrayado.

Las acusaciones apuntan al borrado del móvil de García Ortiz

Las acusaciones han centrado parte de sus preguntas a Julián Salto en si existe un protocolo que inste a los fiscales a borrar el contenido de sus móviles y si él elimina ese material. Las acusaciones tratan así de cercar al fiscal general con uno de los puntos clave del juicio: mantienen que García Ortiz borró su móvil para eliminar pruebas de la filtración. Salto ha respondido que él no borra su terminal “privado” y que él desconoce “si hay un protocolo específico” que señala que el fiscal general, máxima autoridad del ministerio público, tenga que borrar su teléfono.

Durante la instrucción, el fiscal general ya desvinculó el borrado de su móvil de la causa abierta contra él y dijo que lo hacía de forma periódica por "imposición legal": "Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables [...] Borro todo, no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, sino porque es una imposición legal", apuntó García Ortiz durante la instrucción de la causa.

El fiscal Salto explica que el novio de Ayuso iba a “reconocer” su fraude a Hacienda

El fiscal Julián Salto ha narrado ya al tribunal dos primeros detalles importantes. El primero, que el novio de Ayuso iba a reconocer que había defraudado a Hacienda a través de unas facturas falsas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía: “La idea del señor Neira [abogado de González Amador] era que su cliente iba a reconocer los hechos y pagar la cantidad defraudada”. Y segundo, que ese pacto no era un ofrecimiento de la Fiscalía (como publicó El Mundo en la primera información tergiversada que se publicó sobre estas negociaciones), sino justo lo contrario: un ofrecimiento de González Amador a través de su abogado Carlos Neira.

Julián Salto también ha explicitado su indignación por el hecho de que el entorno de la presidenta de Madrid, con el objetivo de difundir un bulo contra la Fiscalía, filtrase a los medios un email que él había enviado al letrado de González Amador: “Yo pensaba que, por el artículo cinco del Código Deontológico de la Abogacía, los correos entre fiscal y abogado eran únicamente privados”.

Las cuestiones previas se resolverán en la sentencia

Antes de comenzar la declaración del primer testigo (Julián Salto), el presidente Andrés Martínez Arrieta ha comunicado la decisión del tribunal sobre las alegaciones planteadas por las partes esta mañana. Según ha afirmado el magistrado, se ha admitido toda la documentación nueva aportada este lunes (que analizarán para la sentencia). Y el tribunal también ha añadido que resolverá en esa sentencia todas las cuestiones previas reclamadas, como la nulidad de parte de la investigación.

Comienza la declaración del primer testigo, el fiscal Julián Salto

La primera de las seis declaraciones previstas para el juicio al fiscal general del Estado es la de Julián Salto, el fiscal que llevaba el caso de Alberto González Amador por fraude a la Hacienda Pública de 350.951 euros. Durante la instrucción, declaró que el correo filtrado no contenía "ninguna información privada, ningún secreto".

La asociación de fiscales APIF rechaza la "impugnación completa" de instrucción y defiende su pulcritud

La última acusación particular que ha intervenido en el juicio al fiscal general del Estado antes del receso en el que ahora mismo se encuentra ha sido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).  Su letrado, Juan Antonio Frago, ha querido hacer una "impugnación completa" a la enmienda a la totalidad de la instrucción que se ha presentado por parte de la defensa. "La defensa sigue cabalgando con contradicciones internas", ha manifestado, haciendo alusión a que no han impugnado las periciales, pero sí el cauce para llegar a ellas, algo que ha considerado "jurídicamente incongruente". "Entendemos que no puede ser más pulcra la instrucción, ha añadido. Frago ha incidido en que no se registró el domicilio particular del fiscal y con respecto a la nulidad del secreto de las actuaciones ha subrayado que ya fue confirmado por la sala de apelación. Tampoco ha dado por buena la nulidad de la entrada y registro del despacho del fiscal, ya que el artículo 15 de la ley de seguridad ciudadana permite la entrada de las fuerzas policiales a domicilios públicos sin autorización judicial. En cuanto al procedimiento justo, ha manifestado que tendrán la oportunidad de practicar pruebas. 

Receso para la deliberación sobre las cuestiones previas

El presidente de la sala, Andrés Martínez, ha decretado un receso de la sesión hasta las 13.00, “en principio”, para deliberar sobre las cuestiones previas manifestadas por las partes personadas en el juicio.

Manos Limpias dice que la defensa no plantea "alternativas verosímiles" a la culpabilidad

Los grupos ultras personados como acusación popular —Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox, Manos Limpias— se suman a los contraargumentos del abogado del novio de Ayuso y del ICAM. Al igual que sus antecesores, piden que no se acepten las cuestiones previas planteadas por la defensa y la Fiscalía. En esta contraofensiva, el representante del pseudosindicato Manos Limpias ha ido más allá y ha arremetido contra el ministerio público al deslizar que, si hubiera sido por esta institución, este juicio contra García Ortiz no se habría producido. Incluso, Manos Limpias ha añadido que la defensa no ha puesto sobre la mesa "alternativas verosímiles a la culpabilidad". En un juicio, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, sino las acusaciones probar su culpabilidad.

La acusación de grupos ultras piden desestimar las cuestiones previas de la defensa

El abogado que representa a varios grupos ultras, entre ellos Vox, en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido la desestimación de las cuestiones previas solicitadas por la defensa del fiscal. Se ha centrado en las críticas de la defensa a que el instructor hizo la mayor parte de las diligencias en busca de “pruebas incriminatorias”, como por ejemplo, la orden de investigar el contenido del móvil de García Ortiz, que no se pudo realizar porque el fiscal lo había borrado, aduciendo borrados frecuentes por motivos de seguridad. “Si en el móvil no había nada incriminatorio, la orden de conocer su contenido habría sido una prueba de descargo, no incriminatoria. Por eso, si alegan que solo se buscaban pruebas de culpabilidad es porque sabían que las había en el móvil”, ha argumentado.