Polémica electoral: ¿Los extremeños tendrán que votar otra vez en 2027 o se inicia una nueva legislatura hasta 2030?

24 horas después, las primeras dudas sobre el adelanto electoral en Extremadura han llegado a la prensa regional y a las casas de los extremeños. ¿Si se adelantan las elecciones en 2025, habrá que votar otra vez en 2027, que es cuando termina el ciclo electoral iniciado en mayo de 2023?, ¿o el 21 de diciembre de este año se inicia una nueva legislatura y, por tanto, se volverá a votar en 2030?, ¿de dónde sale esta incertidumbre?

La polémica en Extremadura viene porque en su Estatuto dice una cosa y en el reglamento de la Asamblea autonómica y en la ley del Gobierno de Extremadura, la contraria.

La presidenta María Guardiola anunció este lunes por sorpresa que adelantará las elecciones al próximo 21 de diciembre, justo cuando se cumplen dos años y cuatro meses de su mandato. Sin el adelanto electoral, a los extremeños les tocaba volver a votar en 2027, como a la gran mayoría de las autonomías en España, que recogen en sus estatutos que se debe acudir a las urnas cada cuatro años y, eso sí, ha de ser el cuarto domingo de mayo. En este caso, el 25 de mayo de 2027. Sin embargo, en España hay varias autonomías que se salen de este gran domingo electoral. ¿Por qué?

Las denominadas comunidades históricas —Andalucía, País Vasco, Galicia y Cataluña— siempre han votado separadas del resto, ya que sus estatutos les otorga la potestad de poder controlar sus convocatorias electorales. A estas regiones se ha sumado también Castilla y León, que, tras reformar su Estatuto, incluyó esa variante que implica que el ciclo electoral comience de cero siempre y cuando haya un adelanto. Esto fue lo que sucedió en febrero 2022 y, por eso, votarán ahora en el primer trimestre de 2026. ¿Y Extremadura?, ¿y por qué cuando Isabel Díaz Ayuso adelantó las elecciones en 2021, los madrileños volvieron a votar en 2023 y no ahora, en 2025, que es cuando se cumplía ese ciclo electoral?

La respuesta para cualquier duda autonómica está en los estatutos de cada región, que es como la Constitución de cada autonomía. Es decir, el máximo rango jurídico, la ley que prevalece por encima del resto. Tiene rango de ley orgánica y las leyes orgánicas están por encima de las leyes ordinarias.

La polémica en Extremadura viene porque en su Estatuto dice una cosa y en el reglamento de la Asamblea autonómica y en la ley del Gobierno de Extremadura, la contraria. ¿Por qué?

En el año 2011, PP y PSOE se pusieron de acuerdo y modificaron el Estatuto de Extremadura. Uno de los grandes cambios que se añadieron fue el de plazo genérico de elecciones en el caso de que hubiera un adelanto electoral. Es decir, antes de esta reforma, los extremeños votaban con el resto de autonomías. Pero, a partir de 2011, se abre un ciclo electoral de cero. De hecho, esta es la primera vez que se adelantan los comicios en la región. Y, como se eliminó la vinculación temporal con el resto de autonomías, ahora los extremeños volverán a votar en 2030 y no en 2027. Así se explica en el artículo 16 del Estatuto: “La Asamblea, que representa al pueblo extremeño, es elegida por cuatro años”.

Ahora bien, existe un artículo del reglamento de la Asamblea de Extremadura y otro de la ley del Gobierno y de la Administración autonómica que choca con el Estatuto y, por tanto, añade una confusión al respecto. El artículo 235 de la Asamblea en su apartado 2 dice lo siguiente: “El mandato de la nueva Asamblea durará, en todo caso, hasta el término de la legislatura originaria”. Y en el tres: “En caso de disolución anticipada por voluntad del Presidente de la Junta de Extremadura, la nueva legislatura durará hasta el término natural de la legislatura originaria”. Es decir, que, según este artículo, la próxima convocatoria electoral sería en 2027 y no en 2030, como indica el Estatuto.

“Se debe, posiblemente, a una falta de adaptación del reglamento a la nueva redacción estatutaria”, explica Gabriel Moreno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Moreno aclara que, como estos puntos no se han actualizado, puede dar lugar a la confusión y, en el caso de que algún partido denuncie este conflicto, terminaría en el Tribunal Constitucional. En este caso, apunta, siempre prevalecerá la ley superior. Es decir, el Estatuto de Extremadura y, por tanto, el ciclo electoral que se inicia en diciembre de este año concluirá en 2030 y no en 2027.

El PP de María Guardiola llevó el cambio de este reglamento hace unas semanas al Parlamento, pero al no contar con mayoría absoluta se llevó el rechazo de la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Vox). Consultados por este diario, Unidas Podemos y PSOE confirman que no acudirá al Constitucional. Vox, eso sí, guarda silencio.