El vídeo del fiscal general, ante el juez: “¿Filtró usted el correo?”; “Rotundamente no”

A pocas semanas de que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha dado acceso a la defensa y las acusaciones a los vídeos de todas las declaraciones prestadas durante la instrucción ante el juez Ángel Hurtado, incluido el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Es la primera vez que se difunde una escena insólita: el fiscal general declarando como investigado. Vestido con una corbata azul con dibujos de balanzas de la justicia y sentado en el estrado junto a su defensa, en vez de en el lugar habitualmente reservado para los investigados, el jefe del ministerio público negó haber filtrado u ordenado que se filtrara el correo electrónico que centra la investigación, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto para eludir entrar en la cárcel.

—¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? —le preguntó el abogado del Estado ante el juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —contestó García Ortiz.

El fiscal general negó con la misma rotundidad haber enviado ese correo “a cualquier persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” o haber dado “alguna instrucción” para que se divulgara la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador o cualquiera de los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, insiste el fiscal general.

Al inicio de la declaración, García Ortiz explicó que solo iba a contestar a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía porque consideraba que la instrucción ha vulnerado su derecho de defensa y debería declararse nula. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y fue recurrida, ha sido recurrida ante este tribunal invocando una nulidad [y] no ha sido, no ha sido resuelto ese recurso”, explicó García Ortiz, que se refirió también a algunas diligencias ordenadas por el instructor a las que su abogado no había tenido todavía acceso o a otras, pedidas por su defensa, que el juez denegó. García Ortiz alegó una última razón para rechazar contestar a las preguntas del juez:

“También quiero hacer una mención a por qué no voy a contestar a alguna de las acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene una legitimación para estar en este proceso. Creo que la querella [...] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, dice el jefe del ministerio público sobre la denuncia por revelación de secretos presentada por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Y añade: “Creo que el querellante, bueno, no ha sido leal con con los tribunales, puesto que ha omitido hechos que son fundamentales”. García Ortiz se refería a que la querella de González Amador omitió varios datos relevantes, como que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo que le había enviado a su abogado el fiscal del caso; o que el propio González Amador habló con un periodista de El Mundo tras difundirse la denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública que había presentado la Fiscalía contra él.

Durante su declaración, García hizo un relato pormenorizado de lo sucedido desde el 7 de marzo de 2024, cuando tuvo conocimiento del interés de los medios por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, día en el que la Fiscalía difundió una nota de prensa en la que explicaba que no había sido el ministerio público el que había propuesto un pacto, como estaba difundiendo el entorno de la presidenta madrileña, sino que era el letrado quien había escrito al fiscal del caso para buscar el acuerdo.

—Le quiero preguntar sobre el criterio que obtuvo usted para valorar qué datos se incluían en la nota de prensa y qué datos no deberían incluirse. En la nota de prensa, ¿recuerda qué criterio adoptó? —preguntó el abogado del Estado.

—Sí, perfectamente. A la hora de elaborar ese tipo de información, es lo que es: reflejar, como digo, el comportamiento profesional de la Fiscalía, los hitos procesales que se han venido produciendo, pero había una circunstancia diferente. En este caso se había transmitido un correo de un fiscal, cosa que desde el punto de vista del fiscal general era bastante alarmante. Un correo de un fiscal había sido revelado a la prensa por un abogado o el entorno de un abogado. Me parece una circunstancia, bueno, al menos relevante, inaudita desde mi punto de vista, y ese correo del fiscal se ha revelado con entrecomillados y de ese correo del fiscal se han extraído unas consecuencias que no son ciertas. Se está extrayendo una mentira —afirmó García Ortiz.

El abogado preguntó también al fiscal general sobre una afirmación que había hecho unos días durante su declaración como testigo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz cuando compareció como testigo. Según Lastra, en una conversación mantenida con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo, horas después de que se difundiera el correo cuya fultración se investiga, ella le espetó a García Ortiz: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” y el jefe del ministerio público, según la versión de Lastra, contestó: “Eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota”.

—¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra en la mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—Es más, ¿puede explicarme por qué existe esa contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que me acaba de indicar ahora usted? —inquirió el abogado.

—En primer lugar, yo dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general en esos términos. Me cuesta mucho pensar que eso ha podido imaginarse. Y, en segundo lugar, bueno, realmente yo esto lo he pensado mucho, he reflexionado, porque se dice o se dijeron estas cosas estas y también alguna referente a que la fiscal superior de madrid era reticente con el contenido de la nota. No, no fue nunca reticente con el contenido. Lo fue con que todo estaba revelado y dijo en sus propias palabras que hacíamos el ridículo si dábamos una información que ya había sido publicada. Esa fue su expresión. Realmente, yo lo que iba viendo en las conversaciones que iba teniendo con ella [...] es que se mostraba reticente a la publicación desde las 7 de la mañana. La nota, a mi juicio debería haberse puesto en circulación. Eran las 9, las 9 de la mañana aproximadamente la nota no acababa de salir.

El fiscal general se detuvo en su respuesta a expicar que tuvo dos conversaciones con Lastra la mañana dle 14 de marzo: “Una en la que me pone algunas excusas. Me dice que las fechas no están bien [...]. Compruebo que las fechas están bien y le vuelvo a llamar. No me coge el teléfono, no me coge el teléfono, tengo que ponerle en WhatsApp y decirle que es imperativo que salga la nota. Y, posteriormente, tengo una conversación con ella en la que se sigue mostrando reticente, pero, pero sin más. [...] Yo no doy una orden más que en los términos que cualquiera pueda interpretar, si es orden o no, el término ‘imperativo”.

García Ortiz quiso hacer también ante el juez “una reflexión” sobre el papel de la fiscal superior e este caso:

—Yo creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, que hay un desafecto de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la fiscalía española en este momento [...] Estoy absolutamente seguro de que ningún fiscal de este país ha hecho una filtración, que ningún fiscal hizo una filtración en esa noche, y estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro. Pero lo que sí veo es que la inferencia que se hace en el auto [...] es que hay una coincidencia cronológica entre la publicación en unos medios de comunicación y la posesión de esos correos, en esa situación la señora Lastra está exactamente igual que el fiscal general del Estado. Posee los correos y los medios de comunicación, están trabajando [...] y humanamente puedo entender que la señora Lastra quiera salir de ese foco. Lo puedo entender y, repito, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado absolutamente nada. Quiero dejarlo bien claro, pero puedo entender que humanamente ella quiera separarse de esa inferencia de imputación, es la única explicación que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz reprochó al juez su decisión de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, advirtió García Ortiz, quien confirmó que confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo le encausara por revelación de secretos, pero desvinculó el cambio de la investigación abierta contra él y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que llegó al cargo porque almacena información “ultrasensible”.

—¿Qué datos tiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería infinito relatar [...] los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables. Datos, informaciones que corresponden a todos los fiscales. [...] Mi teléfono móvil alberga información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, por supuestísimo que puede afectar. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal y tanta información, como tiene el fiscal general del Estado de España —aseguró García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de borrar el contenido de su teléfono: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, dijo, y negó haberlo hecho para borrar pruebas de la supuesta filtración.

El jefe del ministerio público también cuestionó el registro de su despacho ordenado por el juez: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incauta el dispositivo. Es inimaginable”, adviertió García Ortiz.