Ayuso abre otro frente contra Sánchez: recurrirá al Supremo el nuevo decreto de universidades
La presidenta madrileña anuncia en un foro de Abc que el Ejecutivo central ha dado “el último golpe a la educación”, tras endurecer este martes los requisitos de calidad a la hora de crear universidades
No hay día sin frentes abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso se marchó esta mañana del municipio de Navalcarnero −donde había celebrado el Consejo de Gobierno− para dirigirse rápidamente a un foro del diario Abc. Aquí, la presidenta madrileña ha anunciado que llevará al Tribunal Supremo el Real Decreto de Universidades aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Un decreto que endurece los requisitos de calidad en ciencia, solvencia económica o tamaño a la hora de crear nuevas universidades. Ayuso ha sido clara:
−El último golpe a la educación.
“Ataca la fundación de universidades privadas”, ha dicho. “Un decreto, otro más, que es pura arbitrariedad. Ataca la libertad de empresa, educativa, y de expresión. Acaba con la seguridad jurídica; y ataca las legítimas competencias autonómicas, al mismo tiempo que está hecho a la medida de los nacionalistas, una vez más”. Y, de nuevo, se siente víctima de un ataque contra la región: “La Comunidad de Madrid es perjudicada directamente por este ataque, aunque no es la única. Pero estamos al servicio de España y de su Estado de derecho”.
Madrid tiene cuatro proyectos de universidades privadas entre manos, con informes negativos en investigación, plantilla o solvencia. “Se constata, después de rehacer el proyecto inicial, que los promotores ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad”, se afirma en uno de ellos.
El pasado 8 de mayo, el Consejo de Gobierno aprobó la 14ª universidad privada de Madrid tras un informe que puso en duda su viabilidad. En 1983, año que se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, había 33 universidades públicas en España y cuatro privadas y hoy casi empatan. En los últimos 25 años no se ha abierto ninguna estatal frente a 27 nuevas en manos de fondos de inversión, la Iglesia o empresarios.
¿Qué aplica el nuevo decreto del Gobierno? Para certificar las ”garantías de solvencia financiera, éxito, viabilidad y vocación de permanencia“, la nueva normativa modificada obliga a que los nuevos proyectos de universidad cuenten a ahora con un informe favorable de la agencia de evaluación nacional (ANECA) o una de sus 10 sedes locales. Estos órganos ya evalúan la calidad de las titulaciones y al profesorado, por lo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cree que es “una extensión natural de sus actividades”.
Hasta ahora la Conferencia General de Política Universitaria (en la que están las autonomías) aprueba un informe ―elaborado por los técnicos del ministerio― que se puede suspender porque no es vinculante y supone, en opinión del Gobierno, un coladero de proyectos de mala calidad.
Por ahora, la presidenta madrileña ha sido la única en anunciar que recurrirá ante el Tribunal Supremo −aunque todavía sin fecha− el decreto. Aragón también se ha mostrado en contra, pero por ahora no ha anunciado que recurrirá.