El Supremo abre una causa a Alvise Pérez por revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados de su grupo

El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa contra el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise. La cuarta investigación que pone en marcha el alto tribunal contra el líder ultra le atribuye supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) ...

El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa contra el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise. La cuarta investigación que pone en marcha el alto tribunal contra el líder ultra le atribuye supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a Diego Solier y Nora Junco, dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF) y que han abandonado la formación y se han querellado contra Alvise por una supuesta campaña de hostigamiento en redes sociales. El instructor será el expresidente de la Sala Penal Manuel Marchena.

Alvise Pérez también está investigado en el Supremo por recibir, supuestamente, 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña para las últimas elecciones europeas, por difundir una prueba falsa de covid del actual presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad Salvador Illa y por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

En el origen de la causa abierta este martes está el enfrentamiento de Alvise con Solier y Junco que, tras ser elegidos eurodiputados por la agrupación de Alvise, se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos, la familia europea de Giorgia Meloni, del que Alvise se quedó fuera por sus cuentas pendientes con la Justicia. A partir de ahí la relación entre ellos se fue deteriorando y, en mayo pasado, Solier y Junco rompieron definitivamente con el agitador ultra. En el comunicado difundido para anunciar esa decisión, ambos europarlamentarios reprocharon a Alvise que hablara de regeneración mientras aceptaba “el matonismo, el chantaje o el dinero negro”. Para entonces, el líder de SALF llevaba semanas atacando a sus excompañeros de agrupación, a los que acusó de haber sido “comprados” por los lobbies proarmas tras votar en la Eurocámara a favor del programa de rearme europeo.

Solier y Junco se querellaron por esas acusaciones y por la supuesta campaña de hostigamiento contra ellos puesta en marcha por Alvise, que los acusó de “traición” y animó a sus seguidores —a los que llama ardillas— a perseguirles y presionarles para que dimitieran. El Supremo, tras examinar la denuncia, considera que hay indicios para investigar los hechos. En el auto dictado este martes, la Sala Penal explica que los eurodiputados denunciaron que no solo venían siendo víctimas de una continua campaña de hostigamiento a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos —en un pódcast y en un canal de Telegram—, sino que, incluso, habían llegado a temer por su integridad física al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Según la querella presentada por Solier y Junco, después de que se filtraran sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, recibieron una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes que les generó “una continua sensación de inseguridad” y les obligó a modificar sus rutinas, cerrar algunas de sus redes sociales y, en las que conservan, limitar a terceros la posibilidad de comentarios. Además, también tuvieron que dejar de atender llamadas telefónicas procedentes de números desconocidos, lo que, aseguran, “obstruye significativamente” su labor parlamentaria y su vida familiar. La eurodiputada Junco alega que incluso ha tenido que cambiar de número de teléfono.

Para el Supremo, los hechos denunciados, que vienen acompañados de documentación (como copias de los mensajes publicados por Alvise o los recibidos por sus dos excompañeros de agrupación), es suficiente para considerar que la actuación del líder ultra pudo incurrir en delitos de revelación de secreto y acoso. La Sala subraya “las explícitas llamadas” de Alvise —personalmente en su pódcast o a través de su canal de Telegram, que supuestamente gestiona él mismo— a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara “una actitud repetidamente hostil hacia los querellados”.

Para los magistrados, también hay indicios de que el líder ultra “pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos” de los dos eurodiputados y no dio marcha atrás después de que muchos de sus seguidores “hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida” de Solier y Junco, sino que reiteró sus llamamientos “a que resultaran hostigados como reacción a su posición política, cualquiera que esta fuere”. El Supremo considera que "pudo existir una intención voluntaria y consciente" por parte de Alvise de “comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público”.

Cuatro investigaciones en marcha

El siguiente paso, previsiblemente, será llamar a declarar al líder ultra que ya ha sido interrogado tres veces en el Supremo por los instructores de las otras tres causas que tiene abiertas. En el caso de los 100.000 euros en metálico supuestamente entregados por un empresario, la policía remitió al magistrado a principios de septiembre un informe que constataba que el ánimo de Alvise “la obtención de fondos para financiar la campaña electoral”, que esos fondos no fueron declarados y que se pretendió ocultarlos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Los investigadores no descartan, además, que la cantidad finalmente entregada pudiera haber sido superior, ya que el propio Alvise alude en un mensaje intervenido a que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Sobre la causa de la publicación del test falso de Illa, Alvise declaró en junio que la imagen de la PCR positiva, que él difundió en sus redes, llevaba ya mucho tiempo circulando, pero la Fiscalía sostiene que fue obra suya. La causa sobre este bulo se abrió originalmente en el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona a partir de una querella de la Fiscalía, que atribuyó al agitador de ultraderecha los delitos de falsedad documental e injurias por difundir en redes sociales durante las elecciones catalanas de 2021 una PCR positiva de Illa que era falsa . El ministerio público sostiene que la foto del falso positivo, fechada el 6 de febrero de aquel año y tomada, supuestamente, en la clínica QuirónSalud, fue “íntegramente” confeccionada por el propio Alvise.

Por último, el alto tribunal considera que hay indicios de que el líder de SALF cometió un delito de acoso en redes sociales contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, tras difundir Alvise varios mensajes a través de Telegram en los que se incluían datos personales de Gisbert, a la que el agitador ultra señalaba por perseguir delitos de odio, su cometido. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades”, escribió Alvise, que publicó una imagen de la fiscal, a la que definía como “la responsable en Valencia de haber exigido tres años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas”.