El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre
González Amador, Miguel Ángel Rodríguez y Francesc Vallés declararán como testigos
La Sala de lo Penal ha fijado entre el 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Las sesiones, según ha comunicado este viernes la Sala Penal, se celebrarán los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10.00. En la vista declararán 40 testigos, entre otros, el propio González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso; y el jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; y 12 periodistas, incluidos tres de este periódico.
Con las resoluciones dictadas este viernes, la Sala Penal da luz verde para juzgar a García Ortiz por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador en la Fiscalía en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos contra Hacienda y proponía al Ministerio Público un pacto que le librara de entrar en prisión. Será la primera vez en la reciente etapa democrática que se juzgue a un fiscal general si García Ortiz, como es previsible, resiste las presiones para que dimita. Hasta ahora, ha defendido su inocencia y ha rechazado dejar el cargo: “La mentira no puede derrotar a un fiscal general”, dijo cuando se le procesó.
El tribunal estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco que suscribieron el auto a la que se considera adscrita al sector progresista. A estos cinco, se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, que en este caso es la magistrada Ana Ferrer.
La Sala Penal ha dictado este viernes dos resoluciones: una diligencia fijando la fecha de la vista oral; y un auto en el que concreta qué pruebas, de entre las reclamadas por la defensa y las acusaciones, admite que se celebren en el juicio. Ante el tribunal declararán 40 testigos, entre los que se encuentran ocho fiscales más dos responsables de prensa de la Fiscalía; 12 periodistas, 11 guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO), cuatro políticos, dos abogados, y González Amador, personado como acusación particular.
Entre los ocho fiscales que declararán están Julian Salto, el que interpuso la denuncia contra la pareja de Ayuso por fraude fiscal y se intercambió correos con su abogado, entre otros, el que centra la investigación; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y la jefa provincial, Pilar Rodríguez, que estuvo investigada en la causa aunque el instructor no la procesó; y Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía General y que también estuvo imputado durante varios meses.
Entre los testigos del ámbito políticos del ámbito políticos llamados a testificar se encuentra el jefe de gabinete de Ayuso, quien difundió una falsa versión de las negociaciones entre la Fiscalía y González Amador y a quien García Ortiz acusa de orquestar “una estrategia” para sacar del foco a la presidenta madileña. El tribunal sí ha aceptado la petición de las acusaciones para que declaren dos ex altos cargos de La Moncloa (Vallés y Sánchez Acera) y el ex secretario general del PSOE de Madrid (Lobato), pero ha rechazado las testificales de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública; Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; David del Campo, ex jefe de gabinete de Lobato; y de la periodista Angélica Rubio, al no haberse acreditado “la pertinencia o relación de su testimonio”, según el tribunal.
Los doce periodistas que declararán, y que han comparecido ya como testigos durante la instrucción, pertenecen a medios de comunicación que publicaron o han acreditado que accedieron a detalles del contenido del correo supuestamente filtrado antes de que este fuera enviado al fiscal general: EL PAÍS, la Cadena SER, El Mundo, La Sexta, El Plural, elDiario.es y Voz Populi. La lista se completa con los abogados Carlos Neira y Eugenio Ribón, y con González Amador, además de los 11 funcionarios de la UCO.
La Sala acepta también la petición que formuló la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, para que la declaración de este como investigado se produzca al final del juicio, una vez que se haya practicado toda la prueba, un derecho reconocido para todos los acusados a raíz de una sentencia del Supremo de 2023. El tribunal admite también las pruebas documentales y periciales solicitadas por las partes, entre ella una pericial que reclamaron todas las acusaciones de tres funcionarios de la UCO, que declararán también como testigos.
La Sala considera también pertinente, por su conexión con los hechos, que se requiera a la Cadena SER para que aporte la grabación del programa HORA 25 del día 13 marzo desde las 23:15 hasta las 23.30, reveló la existencia de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía y contó su contenido. También se incorporará como prueba la certificación completa con hora de publicación en la página web de la SER (supuestamente a las las 23.51 del día 13 de marzo de 2024) de la noticia relativa al ofrecimiento de una conformidad y el reconocimiento de dos delitos por parte de González Amador.