Begoña Gómez afronta otra cita ante Peinado tras la errática instrucción del juez sobre la malversación

Begoña Gómez tiene, de nuevo, otro encuentro fijado con el magistrado Juan Carlos Peinado, que la mantiene bajo sospecha desde la primavera del pasado año. El instructor la ha citado este sábado en su juzgado, a partir de las 18.00, para “concretar” la imputación que sostiene por malversación contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras haber comunicado que, de llegar a juicio esta parte de las pesquisas, ...

Begoña Gómez tiene, de nuevo, otro encuentro fijado con el magistrado Juan Carlos Peinado, que la mantiene bajo sospecha desde la primavera del pasado año. El instructor la ha citado este sábado en su juzgado, a partir de las 18.00, para “concretar” la imputación que sostiene por malversación contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras haber comunicado que, de llegar a juicio esta parte de las pesquisas, su caso lo vería un jurado popular. Si no se producen cambios de última hora, esta será la quinta vez que Peinado y Gómez se vean las caras.

El paso dado por Peinado el pasado martes para informar del inicio del proceso por jurado ha concentrado la atención desde entonces. Pero algunas defensas se han esforzado en colocar el foco sobre el fondo de instrucción: ¿Existen indicios sobre la malversación que investiga el magistrado? “Este procedimiento quedará en nada porque no hay absolutamente nada”, aseguró Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que se encuentra también imputado en la causa por su etapa como secretario general de Presidencia (del que depende la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, contratada con dinero público y que supuestamente habría ayudado a la esposa del presidente en actividades privadas). Tanto Álvarez como Martín Aguirre están citados igualmente este sábado en el juzgado.

Desde que abrió la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), tras admitir a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, la expansiva actuación de Peinado ha sido muy cuestionada. Ha cometido excesos corregidos ya por todas las instancias superiores. Las miles de páginas del sumario están plagadas de recursos contra sus resoluciones. Y no solo de las defensas y de la Fiscalía, que le han achacado reiteradamente una falta de argumentación para justificar sus decisiones. También de las acusaciones populares, que le tuvieron que llegar a solicitar, incluso, que argumentara más una imputación para que no se la tumbará después la Audiencia Provincial de Madrid.

El giro en la malversación. El 10 de marzo de 2025, cuando ya imputaba cuatro delitos a Gómez (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional), Peinado emprendió una nueva línea de investigación. Ese día, abrió una pieza separada —desgajada del resto de la causa— para indagar sobre una presunta malversación. A través de un escueto auto de solo dos páginas, el magistrado introdujo este nuevo delito sin achacárselo en ese momento todavía a nadie y sin precisar a qué hechos concretos se refería.

“No hay determinación de hechos”, se quejó la Fiscalía en el recurso presentado contra la apertura de la pieza separada, que se encuentra pendiente de resolver. “Ni tampoco referencia a un marco temporal. No sabemos en qué se advierte la presunta malversación por parte del magistrado. Desconocemos si lo es por el momento de la designación; por entender que pudo realizar actividades al margen de las en teoría asignadas; si lo es en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y si continúan a día de hoy”, reprochó el ministerio público, que no apreció indicios de malversación y que protestó por los continuos ejercicios de “intuición” a los que obliga Peinado, vulnerando así el derecho de defensa.

A las alegaciones contra la apertura de esta pieza separada se sumaron entonces las defensas de Begoña Álvarez y Cristina Álvarez. “Lo que encontramos es la normal tramitación del nombramiento de un cargo de libre designación”, expuso el abogado de la asesora, que elucubraba sobre los posibles reproches que podía ver el instructor y que no había especificado. “Pretender hablar de malversación porque, además de las labores propias de su cargo, haya podido remitir en alguna ocasión contada, como favor personal, algún correo relacionado con la actividad profesional de la esposa del presidente, es penalmente intrascendente. ¿O existe malversación cuando un funcionario del juzgado hace un favor a otro miembro de la oficina judicial? Esto sí que ocasionaría una buena macrocausa”, ironizó el letrado: “Pretende llevar a cabo una investigación prospectiva”.

Durante los primeros meses, Gómez y Álvarez no estuvieron en la diana de Peinado por este delito. El juez apuntó a La Moncloa y, ese mismo 10 de marzo, señaló hacia Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; que había sido secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez como asesora. El instructor acudió en abril a La Moncloa a interrogar como testigo al integrante del Ejecutivo, que está aforado y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. De esa cita, que se produjo en plena Semana Santa, el magistrado salió con las manos vacías: Bolaños manifestó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Pedro Sánchez.

A continuación, Peinado dirigió la mirada hacia Francisco Martín Aguirre (al que sí podía imputar): este había sucedido a Bolaños en 2021 en la secretaría general de Presidencia —puesto que ocupó hasta 2023, cuando fue nombrado delegado del Gobierno en Madrid—. El instructor lo llamó a declarar como investigado por, según escribió, haber sido “el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez” y por “su aparente participación en el nombramiento” de ella “para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales del Estado”. Y el dirigente del PSOE tuvo que acudir en mayo al juzgado para explicar que él no participó en ese nombramiento; que él había llegado al cargo de secretario general de Presidencia tres años después de la designación de la asesora; y que, además, nunca recibió ningún aviso de que existieran problemas con sus funciones.

La diana de Peinado regresó, entonces, a Bolaños. A finales de junio, pidió al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribió el juez en la exposición que envió al alto tribunal, donde le achacaba la malversación —además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido cuando lo interrogó como testigo—. Sin embargo, sus aspiraciones se frustraron en solo tres semanas. La máxima instancia judicial le contestó tajante: “no hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños. Y le recordó: “La mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo”. Para entonces, el calendario marcaba ya la fecha del 15 de julio.

Pero un nuevo giro llegaría en agosto, cuando Peinado acordó imputar a Begoña Gómez y Cristina Álvarez por malversación. Lo hizo pese a que, solo tres meses antes, él mismo había descartado que pudiera atribuirles ese delito a ellas (ni como “autoras”, ni como “cómplices”, ni como “cooperadoras”). “No se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento, Cristina Álvarez, por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación. Lo mismo ha de decirse de Begoña Gómez, sin indicios de [que] participara en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales”, argumentó al juez el 5 de mayo, en la misma resolución por la que imputaba a Martín Aguirre y apuntaba ya explícitamente hacia La Moncloa.

Para ir contra ambas por malversación, Peinado se aferra a un párrafo de una resolución del 12 de junio de la Audiencia de Madrid, con la que avalaba la imputación de la asesora por el supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que indaga en la parte principal de la causa. “La investigación tendrá que centrarse en si [Álvarez] se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”, afirmó el tribunal en ese dictamen, donde añadía (en una parte obviada por Peinado) que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación”.

Excesos ya corregidos. Entre las desviaciones de Peinado corregidas por las instancias superiores se encuentran, entre otras, el intento de imputación de Bolaños y una multa de 5.000 euros que impuso al abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. A su vez, la Audiencia le anuló los “injustificados” registros ordenados en la casa y empresas de Juan Carlos Barrabés, así como la intervención de su teléfono móvil y dispositivos electrónicos. Este tribunal provincial revocó igualmente (por “carecer de fundamento”) las imputaciones de Joaquín Goyache, rector de la Complutense; y de Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa y consejero autonómico durante los Gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre (PP).

La Audiencia también le ordenó cerrar por falta de indicios las pesquisas abiertas sobre Air Europa (se lo tuvo que decir tres veces porque el instructor hacía oídos sordos) y la línea de investigación sobre el fichaje de Begoña Gómez por el Instituto de Empresa (IE) para dirigir el Africa Center. Por otra parte, por ejemplo, el tribunal le reprochó que facilitara a las partes el vídeo de su visita a La Moncloa en 2024 para tratar de interrogar a Pedro Sánchez, pese a que esta grabación carecía de “utilidad” (aunque acabó filtrada a la prensa).