La última fórmula para acabar de un plumazo con la deuda de los Ayuntamientos

Los ayuntamientos a los que la deuda aprieta más han visto una ocasión de oro para aprovecharse de la pugna política surgida a raíz de la quita parcial de la deuda de las comunidades prevista por el Gobierno. Los consistorios reclaman al Ministerio de Hacienda que si finalmente alguna autonomía, tal y como anunció ...

Los ayuntamientos a los que la deuda aprieta más han visto una ocasión de oro para aprovecharse de la pugna política surgida a raíz de la quita parcial de la deuda de las comunidades prevista por el Gobierno. Los consistorios reclaman al Ministerio de Hacienda que si finalmente alguna autonomía, tal y como anunció el PP con su rechazo explícito, renuncia a la condonación de sus números rojos, los municipios de dichos territorios puedan acogerse al beneficio fiscal. La quita de las 15 comunidades de régimen común asciende a 83.434 millones y el total de la deuda viva de los consistorios españoles suma 17.212 millones. Si por ejemplo Andalucía, la comunidad más beneficiada, cumpliera su palabra y dejara pasar el tren de su quita de 18.791 millones, solo esta abultada cifra ya cubriría toda la deuda municipal del país.

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (27.000 habitantes, Sevilla) ha aprobado este miércoles una moción para presentar una alegación al anteproyecto de ley de la quita parcial de deuda de las 15 comunidades beneficiadas, aprobado el pasado 2 de septiembre y cuyo plazo de consulta acaba hoy jueves. A la petición de Morón se han sumado raudas Parla (135.000 habitantes, Madrid) y Jaén (112.000 habitantes), dos de los tres municipios con la deuda per cápita más alta del país, para exigirle al ministerio que alivie su ahogo financiero, arrastrado desde hace 15 años.

“Como muchas comunidades han anunciado que renunciarán a esa quita de la deuda, pues que nos den la posibilidad a los Ayuntamientos de que el Estado se quede con nuestra deuda. Y en cualquier caso, pedimos una nueva ley orgánica específica para la sostenibilidad financiera de todos los Ayuntamientos de España, para que se aborde la quita de la deuda, que estamos asfixiados”, exige Isidoro Albarreal, portavoz del partido independiente AMA Morón, que presentó la moción en el municipio sevillano, aprobada con los votos a favor de esa formación, PSOE e IU, y la abstención del PP. “Desde hace 10 años hemos pedido que a los ayuntamientos se nos quitara parte o toda la deuda generada en los años de la crisis entre 2010 y 2013. Siempre se nos había dicho que era inviable, pero ahora el Estado ha asumido la quita de la deuda para las comunidades en los términos exactos que pedíamos”, protesta.

A la espera de recibir el texto de la alegación y ver la letra pequeña, el Ministerio de Hacienda echa balones fuera para extender la quita a las ciudades y pueblos de las regiones que den calabazas a sanear sus balances autonómicos y ganar capacidad para acudir al mercado. “La situación de las comunidades y los ayuntamientos es muy distinta. Además, el nivel de endeudamiento público de la administración local se limita al 1,4% del PIB, hay ayuntamientos que no tienen nada de deuda y por lo tanto, la medida planteada no tendría efecto. En el caso de las comunidades eso no ocurre porque todas se pueden beneficiar de la condonación”, avanza un portavoz del departamento de María Jesús Montero.

Morón, gobernado por el PSOE, arrastra una deuda desde hace tres lustros de 30 millones, muy similar a su presupuesto anual, de 31 millones. Este pasivo, que llegó al pico de 47 millones, lastra las inversiones diarias en colegios, equipamientos deportivos, transporte urbano o cualquier mejora en la localidad. La concejal de Hacienda, Cristina Cuadros, matiza: “No queremos cerrar servicios culturales ni deportivos. Hemos ido compensando medidas para reducir la deuda sin caer en la subida de impuestos, pero el año pasado tuvimos que subirlos para incrementar el número de años del pago de la deuda, para poder respirar”.

Junto a Morón, Jaén y Parla son dos de los tres municipios con mayor desequilibrio en sus cuentas y una deuda descontrolada desde hace años. El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), recuerda que a principios de año presentaron a Hacienda una propuesta muy similar a la lanzada ahora desde Andalucía. “No puedo estar más de acuerdo con Morón. El 7% de nuestro presupuesto va a pagar la deuda de los préstamos y lo notamos en todo, desde asfaltado a colegios. Y parece que la Comunidad de Madrid ha dicho que no [a la quita de su deuda], pero aunque dijera que sí, le decimos al ministerio que también somos Administración, con la diferencia que marca la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

Jurado achaca el grueso de la deuda municipal a que la Comunidad de Madrid, a diferencia de otros municipios como Pozuelo y Las Tablas, no financió el tranvía de Parla, cuyo pago total asciende a 250 millones en tres décadas. El regidor asegura que ha mantenido conversaciones con el ministerio para atajar la deuda, pero de momento sin respuesta oficial. La última mejora fiscal desde Hacienda fue que la retención en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) ha desaparecido en el último ejercicio. “Tenemos mayor liquidez, pero lo que queremos es la quita”, zanja.

Desde Jaén, su alcalde, Julio Millán (PSOE), exige de igual manera una solución para los consistorios con la soga al cuello. “Apoyaríamos la quita con los ojos cerrados. Veo acertada la propuesta, es la línea del Ayuntamiento en nuestras negociaciones con el ministerio. Que las comunidades autónomas digan que es un engaño me parece una falta de respeto institucional ante la situación delicada. Tanto centros educativos como programas culturales han sufrido el déficit, claro que tenemos envidia respecto a otros Ayuntamientos”, confiesa el regidor jiennense, cuyo consistorio soporta una deuda que ronda los 600 millones y un presupuesto de 157.

El Ayuntamiento de Jerez (PP), con una deuda disparada hasta los 966 millones y un presupuesto que ronda los 300, evita valorar la medida. “No existe una propuesta del propio Gobierno de España para poder valorar y debatir”, alegan fuentes municipales.

La idea de la condonación surgió hace dos años en la negociación entre el PSOE y Esquerra Republicana, para impulsar una quita para Cataluña y que podría extenderse al resto de comunidades. Finalmente, tras los ajustes técnicos, la ley prevé una propuesta de quita de 83.252 millones, de los que Andalucía sería la mayor beneficiada con 18.791 millones (el 45% de su deuda), seguida de Cataluña con 17.000, la Comunidad Valenciana con 11.200 millones y Madrid con 8.600 millones. El Estado asumiría la quita, pero cada autonomía deberá solicitarlo, no será obligatorio, y el partido de Alberto Núñez Feijóo repite que ninguno de sus territorios pedirá la condonación.

La oferta del Ejecutivo mete algo más de presión entre otros al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que rechaza el envite y solo ve tacticismo en la oferta para eliminar casi la mitad de la deuda de su Gobierno autonómico: “Es una operación política para cumplir un compromiso, en este caso del señor Sánchez para mantenerse en el poder, con ERC”, dijo hace tres semanas. Ahora la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos mantiene el rechazo: “En Andalucía en 2018 llegamos a un consenso con María Jesús Montero sobre la financiación autonómica y la reestructuración de la deuda. En ningún caso se podría aceptar una quita porque Andalucía no tiene un problema de deuda. Su deuda es sostenible y a costes razonables”, ensalzan fuentes de dicha consejería.

Los expertos están divididos sobre las posibilidades de que prospere la propuesta de los ayuntamientos más endeudados para pescar a río revuelto. Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad de Pablo de Olavide, opina: “El endeudamiento excesivo de algunos ayuntamientos merece un tratamiento singular y específico. No una adenda o aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a partir de la condonación de deuda autonómica”. Y añade: “Los criterios utilizados para las comunidades (ciclo económico, infrafinanciación, etc., de esa forma tan original con que lo ha hecho el Gobierno); no se pueden trasladar a los Ayuntamientos”.

Mientras, Carlos Cruzado, técnico del Ministerio de Hacienda y autor de Los ricos no pagan IRPF, se muestra más comprensivo: “Parece razonable que las entidades locales lo intenten, pero no termino de ver claro por qué solo en relación con las comunidades que no acepten la quita”. “Como se destacaba en el informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local, de 2017, el desarrollo de la participación en ingresos de las comunidades autónomas previsto en la Constitución es en la práctica marginal”, prosigue. “Por ello, parece razonable que las entidades locales pidan la extensión de la quita, tal y como lo hacen en la nueva disposición final sexta que proponen, al margen de que su comunidad se haya adherido a la quita o no, aunque se puede entender dicha propuesta quizás como medida de presión política”.

Para estos municipios asfixiados, Martínez López lanza como posible solución “redireccionar los remanentes (sin usar) de la mayoría de ayuntamientos con superávit y sin deuda hacia los que se encuentran con serias dificultades financieras”. “Que los saneados le presten a los muy endeudados, arbitrando de manera adecuada plazos y tipos de interés para que todos salgan ganando”, precisa.