El juez del Supremo rebaja de 150.000 a 75.000 euros la fianza del fiscal general porque usó un criterio inconstitucional
García Ortiz ha consignado ya la cantidad inicial mediante un aval inmobiliario
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado rebajar de 150.000 a 75.000 euros la fianza que le impuso al fiscal general del Estado tras abrirle juicio oral por revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez ha optado por corregir de oficio esta cantidad para dejar fuera la multa que se le podría imponer en caso de condena, un criterio que, como adelantó EL PAÍS, el Tribunal Constitucional declaró expresamente hace dos años que era inconstitucional. El instructor ha tomado esta decisión horas después de que García Ortiz consignara la fianza de 150.000 euros, para lo que ha aportado un aval con parte de su patrimonio (un bien inmueble), ya que no disponía de los 150.000 euros en metálico, según explican fuentes fiscales.
Para calcular la fianza que impuso al fiscal general tras abrir juicio contra él, el juez tuvo en cuenta una posible indemnización a González Amador y “otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos”, a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró expresamente hace dos años que era inconstitucional incluir esa multa en el cálculo. Hurtado admite ahora que la sentencia dictada por el Constitucional el 19 de junio de 2023 “no puede negarse que condiciona la decisión a adoptar” a la hora de fijar la cantidad de la fianza y concluye que la multa que podría recaer sobre García Ortiz en caso de condena “no ha de ser incluida como una más entre esas responsabilidades pecuniarias”.
El jefe del ministerio público, según fuentes fiscales, ultima un recurso de apelación contra la fianza, pero la impugnación no suspende la obligación de consignarla, por lo que García Ortiz tenía que depositar 150.000 euros en el Supremo antes de este martes. Quien sí presentó ya este lunes un recurso ante el juez fue la defensa de González Amador, que consideraba que la fianza debía ser de 300.000 euros porque la filtración del correo que centra la investigación (en el que su abogado admitía que la pareja de Ayuso había cometido dos delitos fiscales) le han causado “lesiones procesales” y “daños extraprocesales personales, familiares, profesionales y empresariales son continuos durante ya más de 550 días”.
No obstante, Hurtado, en un auto dictado este martes, admite que la fianza que impuso de inicio incluía un criterio inconstitucional y se ha autoenmendado sin espera a resolver el recurso del empresario para rebajar la fianza. “Puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular, por cuanto que, aun sin necesidad de recurso, el propio juez, de oficio, puede hacer modificación en la cantidad, en función de las circunstancias que se le presenten”, señala el juez.
El instructor afirma que en la resolución de este martes se limita a hacer la rebaja que considera “oportuna en atención a esa nueva circunstancia [la exclusión del criterio inconstitucional], dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones sobre los demás particulares, en particular el relativo a la cuantía por responsabilidad civil”, es decir, la indemnización que le podría corresponder a González Amador.
El juez desglosa en este auto las partidas que emplea para fijar la nueva cantidad, un detalle que no había plasmado en la resolución de la semana pasada. Al concretar estos datos, Hurtado sale en defensa de la pareja de Ayuso: “El correo de 2 de febrero de 2024, filtrado subrepticiamente a los medios, ha sido base para la formación de una generalizada opinión pública, que considera culpable de un delito a quien no lo es, quedando con ello afectada su honorabilidad y su reputación social”. Hurtado toma como referencia que González Amador reclamó 40.000 euros de compensación a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando la demandó por haberle llamado “delincuente confeso”, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimó su demanda.
No obstante, Hurtado parte de la cantidad demandada entonces y sostiene que la supuesta filtración del correo por parte del fiscal general afecta a la honorabilidad del empresario “en grado mayor que ese ataque al honor” por el que la pareja de Ayuso demandó a Montero. “Teniendo en cuenta tales consideraciones, pensar en nuestro caso en una indemnización por un montante de 50.000 euros sería procedente”, señala el juez. A esa cifra le añade intereses y costas y le suma el máximo al que permite llegar el artículo 589.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) por el resto de responsabilidades si contar la multa, lo que cifra en 75.000 la fianza que impone a García Ortiz.
Los otros 75.000 euros, hasta alcanzar los 150.000 euros que fijó la semana pasada, corresponden, según Hurtado, a la multa, que González Amador solicita que sea de 108.000 euros, por debajo de los 216.000, que es la cuantía máxima a la que se podría llegar en el delito de revelación de secretos del que se acusa al fiscal general (regulado en el artículo 417 del Código Penal).
Fuentes del entorno del fiscal general señalan que, desde que se conoció el montante de la fianza de 150.000 euros, numerosos familiares, amigos, compañeros, personas cercanas e incluso ciudadanos sin relación alguna con el jefe del ministerio público se han ofrecido a colaborar, ya que consideran que esa cantidad es desproporcionada e injusta. Pero García Ortiz no ha querido implicar a nadie en el pago, aunque asegura estar “profundamente agradecido ante tantas nuestras de afecto y solidaridad”.