Más de 5.000 alumnos de Extremadura se quedan sin clases por falta de transporte escolar

Más de 5.000 alumnos de toda Extremadura se han quedado sin clase por segundo día consecutivo debido al conflicto abierto entre varias empresas del sector del transporte escolar y el Gobierno regional. La imagen que se repite en numerosas paradas de autobuses es la de chicos esperando que llegue el autobús y que, finalme...

Más de 5.000 alumnos de toda Extremadura se han quedado sin clase por segundo día consecutivo debido al conflicto abierto entre varias empresas del sector del transporte escolar y el Gobierno regional. La imagen que se repite en numerosas paradas de autobuses es la de chicos esperando que llegue el autobús y que, finalmente, se tienen que quedar en casa o ser trasladados a sus centros por familiares y conocidos.

Una de las madres, Isabel Toscano, que vive en la localidad pacense de Salvatierra de los Barros, cuenta que solo en el pueblo son más de medio centenar los alumnos que se han quedado sin ir a clase por segundo día. “Es responsabilidad de la consejería trasladar a mi hijo desde la parada hasta el centro, yo trabajo por la mañana, no tengo forma de controlar a mi hijo en casa, ni tengo por qué tener medios para las clases telemáticas”, asegura Isabel.

Otro caso de este viernes se ha dado en el municipio de Valverde de Mérida, donde una madre relata que hay alumnos en dos institutos distintos de la capital autonómica y mientras unos sí tenían transporte, los del otro centro, no. “Al final el conductor los ha llevado a todos, pero no sabemos si van a poder volver a casa con el transporte escolar”, cuenta esta mujer, que ha preferido no dar su nombre.

La Junta de Extremadura emitía a 24 horas del inicio de curso una resolución administrativa para adjudicar de forma directa a las empresas del sector las 223 rutas del transporte escolar que quedaban sin cubrir (del total de 579 que registra Extremadura), tras 10 procesos de licitación. De hecho, este mismo martes se sacó un nuevo concurso de urgencia que se mantuvo abierta solo unas horas y que se cerró a las 23.59. Logró cubrir 19, pero 223 han seguido sin ofertas. Afectan a más de 5.000 escolares.

La resolución obligaba a las compañías que se homologaron en el acuerdo marco vigente de 2024 a cubrir esos 223 recorridos. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, trasladaba que, si no cumplían, el gobierno adoptaría “las medidas oportunas”.

Ante la situación, la Junta decidía iniciar un proceso judicial contra un grupo minoritario de empresas que consideran está incumpliendo el acuerdo marco firmado y “por coacciones y chantajes para alterar el precio del servicio”. Una denuncia que finalmente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Mérida ha denegado, ya que entiende que en esta fase inicial del procedimiento “no constan indicios racionalidad de criminalidad fundados” que justifiquen adoptar la citada medida cautelar.

Según el auto, la denuncia fue dirigida a seis empresas por presunta comisión de delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, desabastecimiento de servicio esencial y, en su caso, delito de coacciones concurriendo una organización o grupo criminal en los hechos denunciados.

Como solución a esta situación, a última hora de este jueves la consejería mandaba un mensaje a los centros a través del sistema interno Rayuela donde trasladaban medidas excepcionales. “Ante el incumplimiento de la Resolución del Epesec por la que se acuerdan medidas excepcionales para garantizar la prestación del servicio público esencial del transporte escolar para el curso académico 2025/2026, por parte de la empresa adjudicataria de la ruta, le trasladamos que, para garantizar el derecho a la educación de los alumnos usuarios de la misma y hasta que se restablezca la normalidad del servicio, su centro deberá adoptar la modalidad de enseñanza telemática como opción coexistente con la presencial, a partir de mañana, viernes 12 de septiembre. Por ello deberá disponer de los medios necesarios para garantizar esta posibilidad, así como notificar dicha situación a las familias”, dice el escrito de la consejería de educación.

La Junta de Extremadura anunció este viernes que aprobará el próximo martes, 16 de septiembre, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, una ayuda directa de 0,26 euros por kilómetro para cada alumno que se han visto afectado por el conflicto del transporte escolar. Así lo confirmó la consejera, Mercedes Vaquera, en declaraciones a los medios de comunicación, mientras continuaba una reunión de representantes de las empresas del sector que no habían acudido a la licitación “para pedirles que cumplan con la resolución establecida”,.

Vaquera recordó que dicha resolución es “de obligado cumplimiento” y que en ella se establece el precio de cada una de las rutas, el plazo ―que es la duración del curso escolar 2025-2026― y las rutas que “les corresponden hacer” a cada una de estas empresas de manera individual. Sobre la predisposición de las empresas para alcanzar un acuerdo, ha señalado que el objetivo es “que se restablezca cuanto antes”, y ha declinado poner fecha a la resolución del conflicto.

La comunidad educativa ha anunciado movilizaciones por esta situación. La Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) ha convocado una huelga estudiantil indefinida a partir del viernes 19 de septiembre ante la “falta de soluciones efectivas” a la “grave” situación que atraviesa el transporte escolar en la región, con más de 200 rutas sin cubrir al inicio del curso.

Fadaex asegura que, más allá de la afectación al desarrollo académico de los alumnos, estas carencias también vulneran el derecho fundamental de acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. La falta de transporte, señala Fadaex, “obliga a muchos estudiantes a enfrentarse a una semipresencialidad forzosa que limita el aprendizaje y condiciona gravemente la igualdad de oportunidades”.

Además de convocar la huelga estudiantil, la federación ha enviado un escrito a la Consejería de Educación indicando que esta movilización continuará “hasta que se resuelva el problema del transporte escolar”. Además, en ella se indica que se solicitará el aplazamiento de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) si la situación no se soluciona en un plazo de 30 días hábiles, comenzando el lunes, día 15 de septiembre de 2025.

La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) también ha rechazado la decisión adoptada por la Consejería de Educación de imponer la enseñanza telemática como solución al problema del transporte escolar y ha llamado a las familias a concentrarse a partir del próximo lunes, 15 de septiembre.

Los partidos de la oposición, tanto Unidas por Extremadura como el PSOE, han anunciado que no descartan llevar a los tribunales al Gobierno de María Guardiola por vulnerar el derecho constitucional a la educación a miles de estudiantes. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado su asombro por el hecho de que este problema no esté aún resuelto. “Es absolutamente indecente que hoy tengamos niños y niñas que sigan sin poder acudir a sus clases”, ha dicho. El PSOE ha exigido a la Junta que encuentre una solución para que el servicio del transporte escolar llegue a todos los alumnos. “Estamos estudiando todas las opciones legales para que la presidenta de la Junta restituya de manera inmediata un derecho básico, el del artículo 27 de la Constitución”, ha aseverado el secretario de Educación del partido, Fran Amaya, quien ha pedido además la dimisión, o cese, de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.