La quita de la deuda se convierte en una gran batalla política con las elecciones andaluzas de trasfondo

Cuando Félix Bolaños y Oriol Junqueras firmaron en Barcelona el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el 2 de noviembre de 2023, que tenía como gran estrella la quita parcial de la deuda de la Generalitat con el Estado de 15.000 millones de euros, el mundo conserva...

Cuando Félix Bolaños y Oriol Junqueras firmaron en Barcelona el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el 2 de noviembre de 2023, que tenía como gran estrella la quita parcial de la deuda de la Generalitat con el Estado de 15.000 millones de euros, el mundo conservador se echó encima del Gobierno. Enfrascado en contentar a los independentistas y lograr la investidura, el Ejecutivo apenas explicó que esa quita serviría para todas las autonomías de régimen común e, incluso, que algunas gobernadas por el PP se verían más beneficiadas que la propia Cataluña. Pero poco a poco, el Ejecutivo ha ido demostrando con datos que esto será así, que, como explicó este martes María Jesús Montero con cifras oficiales, la comunidad con más potencial quita de deuda en términos absolutos, casi 19.000 millones de euros, será Andalucía, la que más quita tendrá per cápita será la Comunidad Valenciana, y la que más quita tendrá en porcentaje, más de un 50% de su pasivo, será Canarias. Siempre que la pidan, claro. En todas gobierna o cogobierna el PP. En total la quita sería de 83.000 millones, por tanto la de Andalucía supone más de un quinto de esa cifra final.

Por eso, la quita de la deuda pasa ahora de ser un problema para el Ejecutivo a ser una ventaja política, o al menos así lo ven en el Gobierno, porque meterá mucha presión a los presidentes autonómicos del PP, que tendrán muy difícil justificar que no aceptan un regalo que supone enormes cantidades de dinero liberadas para poder hacer otras políticas.

“¿Quién va a decir que no a que se le perdone parte de su deuda?“, clamó la vicepresidenta primera en La Moncloa. “¿Qué familia española, si se le plantea una condonación de su hipoteca, va a decir que no? Esta es la pregunta que hay que hacerle a las comunidades del PP que dicen que van a votar en contra. ¿Van a perjudicar a sus ciudadanos? Yo quiero creer que no lo harán y pedirán la condonación”.

Montero demostró este martes, tras el Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de ley de la quita, que piensa usar esta norma para hacer batalla política y poner en aprietos al PP, especialmente con el trasfondo de las elecciones andaluzas, donde ella será la candidata del PSOE.

Si la negociación de la financiación singular de Cataluña, que de momento sigue pospuesta, parece un problema político claro para la candidatura de Montero, porque genera mucho recelo en Andalucía ―aunque el Gobierno insiste en que también habrá beneficios para todas las autonomías con un nuevo modelo de financiación―, la quita se ha transformado de problema en ventaja y el Ejecutivo piensa usarla hasta el final en la campaña andaluza.

Mientras, el PP ha entendido rápidamente la maniobra del Gobierno para dividir a sus barones, entre los que están totalmente decididos a no pedir la condonación en ningún caso sin coste político ―como Madrid― y los que tiene más difícil justificarlo, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, porque tendrían un enorme beneficio pidiéndola. El PP ha organizado todo para que no haya fisuras, y el propio Juanma Moreno, presidente de Andalucía, insistía este martes en que él en ningún caso se acogerá a la medida.

El líder del PP andaluz ofreció un argumento no relacionado con Andalucía: “Es una operación política de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder”. Esto es lo pactado por todos los barones del PP, que salieron en tromba con esta idea. Pero cuando llegue el momento de la verdad, a partir del primer trimestre de 2026, cuando está previsto que se apruebe definitivamente ―a las puertas de las andaluzas previstas en junio―, la presión será enorme y el Gobierno podría forzar a Moreno a tomar una decisión acotando con un límite temporal breve el momento de pedir la quita. No hacerlo podría ser una baza electoral para Montero, que de momento tiene las cosas muy difíciles en Andalucía frente a un Moreno muy fuerte.

La condonación se convierte así en un referente político dentro de la gran batalla que ya se prepara entre los partidos de cara a la secuencia de elecciones autonómicas, que empezará en Andalucía y Castilla y León y culminará en mayo de 2027 con una cita decisiva para buena parte del poder político en España. Lo único incierto es si tendrá lugar antes de las generales, como ocurrió en 2023, o después, en caso de que estas se adelanten.

Tanto para el Gobierno como para el PP, este es un asunto decisivo. Para el Ejecutivo, porque si los barones populares entran, quedaría desmontado uno de los argumentos fundamentales de la oposición: la idea de que el Ejecutivo entrega todo a Cataluña para sobrevivir a costa de los intereses del resto de España. El Gobierno y el PSOE sufren mucho en esa batalla, e incluso barones socialistas fieles a Sánchez como Adrián Barbón se ponen en guardia cuando se habla de financiación autonómica.

Pero con la quita es completamente diferente porque, con los datos en la mano, nadie pierde y las que más ganan son autonomías en manos del PP. Para los populares también es muy relevante, precisamente por lo contrario, porque no quieren darle esa baza política al Ejecutivo y quieren llevar el debate a la financiación autonómica, donde saben que el Gobierno sufre mucho más para justificar su posición en la izquierda y dentro del propio PSOE. La batalla se jugará hasta el final y las andaluzas serán el momento clave para ver quién ganó el pulso y qué efectos tendrá sobre los ciudadanos.

La quita de la deuda es además fundamental para cumplir el pacto con ERC, un socio imprescindible para los Presupuestos, que Montero garantizó que se presentarán en el Congreso y se someterán a la votación de totalidad, en la que podrían ser tumbados, un golpe político durísimo que, sin embargo, no llevaría a elecciones, según aseguró en TVE el presidente, Pedro Sánchez. El Ejecutivo multiplica movimientos ―también la cita de Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas― para intentar sacar las Cuentas, aunque es una operación muy compleja sobre todo por las resistencias de Junts, ERC y Podemos.

La quita asciende a 83.000 millones de euros para todas las autonomías, incluidas las que no tienen deuda con el Estado, como Madrid, a la que se le condonaría deuda privada que tiene con distintos bancos, aunque esta comunidad insiste en que no la pedirá y se puede financiar sin ayuda del Gobierno. El Ejecutivo insiste en que eso no aumenta la deuda española —ya estaba contabilizado, es solo un reparto interno— ni el déficit y que el Estado puede asumir ese coste de intereses que tenían las autonomías hasta ahora “por la buena marcha de la economía en España”, según Montero. La vicepresidenta asegura que se podrá gastar ese dinero que se ahorra en intereses en cualquier política, siempre que se cumpla la regla de gasto, pero una nota de la Airef señala lo contrario: “Este ahorro [en intereses] no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas”, señala este organismo. A esto se aferra también el PP, en especial la Comunidad Madrid, que publicó una nota para argumentar que en realidad esto no beneficiará a nadie más que a Cataluña y perjudicará a los madrileños. La nota era muy clara sobre la batalla política de fondo: “Es una trampa que pretende dividir a las comunidades gobernadas por el PP, con el señuelo de asumir parte de su deuda”.

El sistema de condonación no estará condicionado a la política fiscal, al contrario de lo que pedía Sumar, que planteaba que se presionara así a comunidades como Madrid que bajan los impuestos mientras piden más dinero. Pero sí tendrá algún beneficio para las autonomías que en estos años han subido, o al menos no han bajado, el tramo autonómico de IRPF, para premiar a las que han sido más responsables fiscalmente. Esto abrirá sin duda una batalla política con Madrid y otras. “Es una incongruencia que haya comunidades que bajen sus impuestos a los ciudadanos y, sin embargo, exigen del Gobierno de España mayor financiación”, criticó Montero. La batalla será larga y se mezclará con la negociación de la financiación autonómica, mucho más delicada para el Ejecutivo, pero de momento mete mucha presión al PP y abre la posibilidad de un juego político a muchas bandas de final incierto.